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El fin de semana, la empresa agroexportadora Vicentin anunció el cierre de sus dos únicas plantas operativas en Avellaneda y Ricardone, ubicadas en el norte y sur de la provincia de Santa Fe, respectivamente. La empresa alega que esta medida se debe a que no pudieron renovar los contratos de "fasón" —acuerdos para procesar granos de terceros— y que, por lo tanto, ya no tienen cómo continuar con la producción. Asimismo, anunciaron que no podrán hacer frente al pago de los sueldos de marzo de los trabajadores de la firma, de los cuales dependen más de mil familias, cuyas fuentes de trabajo quedan en total incertidumbre.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció ayer que brindará ayuda a los trabajadores afectados, pero aclaró que no saldrá al rescate de la empresa, ya que Santa Fe "no es un Estado comunista, donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa".
Frente judicial
El "cierre seguro" de Vicentin ocurre en un contexto muy especial, caracterizado por varios golpes judiciales al directorio de la empresa en diversas causas. El primero de estos sucedió en febrero del presente año, cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió anular la homologación del acuerdo preventivo. La decisión se fundamentó en que la propuesta vulnera el principio de igualdad entre los acreedores. Ante esto, Vicentin presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que sea este órgano quien tome la decisión final. Hasta que esa resolución llegue, el fallo del máximo tribunal santafesino queda suspendido y la homologación sigue vigente.
En medio de todo el conflicto legal, sorpresivamente, en las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó allanamientos en veinte lugares distintos de Santa Fe y Buenos Aires. Asimismo, dictó prisión preventiva por 120 días para Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex ejecutivos y directivos de primera línea de la agroexportadora. Los mismos están acusados de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita, junto a otras 15 personas. La investigación reveló que los directivos habrían armado una estructura financiera para desviar fondos de manera sistemática mientras la empresa ya se encontraba en crisis. Lo habrían hecho a través de triangulaciones con empresas satélites y la emisión de facturas apócrifas que, según estimaciones oficiales, llegaron a superar los 6.000 millones de pesos (El Cohete a la Luna, 6/4).
En conferencia de prensa, el fiscal Moreno detalló: “Las conductas que verificamos hace unos tres años en aquella imputación se siguieron desarrollando en el tiempo y muestran un modus operandi: la asociación ilícita mutó de tener como objetivo obtener ganancias ilícitas o defraudar y administrar fraudulentamente, a consolidar el provecho del delito y obtener impunidad para los integrantes”.
A modo de pincelada que ilustra los vínculos de Vicentin con el poder, el ex titular de la AFIP, quien está declarando como arrepentido en una causa en la que se lo imputa, admitió que benefició a la empresa cerealera al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (La Nación, 19/3).
Con todo este panorama lleno de desvíos de dinero está más que claro que la solvencia de la empresa no está en riesgo. Con la "manzana rodeada" por la Justicia, la "bajada de palancas" de Vicentin busca presionar a la Justicia para que vote favorablemente la homologación del concurso de acreedores y poner un freno a la investigación. Es la estrategia de una dirigencia adicta a las maniobras fraudulentas, que se ampara en el Estado para sobrevivir.
La única medida que asegura la continuación de los puestos de trabajo es la expropiación si ningún tipo de indemnización por parte de los trabajadores de Vicentin.
