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El diario Clarín ha difundido por primera vez los videos que muestran que la Policía Federal dejó salir de su domicilio a Brenda Uliarte, acusada de haber sido la autora ideológica del atentado que sufrió Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022.
El video describe un hecho conocido: el 4 de septiembre de 2022, efectivos de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal dejaron escapar a Brenda Uliarte de la casa donde se ocultaba, en Barracas, dos días después de que su pareja, Fernando Sabag Montiel, intentara asesinar a la expresidenta. En esa casa tenían su ´base´ “los copitos”, es decir, el grupo de jóvenes al que pertencecían Uliarte y Sabag Montiel, dedicada aparentemente a la venta de copos de azúcar. Uliarte fue detenida el mismo día, pero poco después, en la estación Palermo, cuando se encontraba a bordo del ferrocarril San Martín. Los dos consignas fueron sancionados con cuatro días de arresto.
¿Esto fue parte una conspiración que involucra a la Federal en el atentado o simplemente un acto de negligencia?
La participación de la PFA en la causa judicial que investiga el atentado encadena varios episodios llamativos, como el hecho de que un perito de la Federal bloqueó el celular de Sabag Montiel sin poder extraerle los mensajes que almacenaba. Después de esto, supuestos especialistas de las Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) resetearon el dispositivo en “estado de fábrica”, borrando todo su contenido. También se indica que, al día siguiente del frustrado magnicidio, un vecino del edificio de Barracas donde se reunían “Los Copitos” llamó al 911 tras haberlos reconocido en la televisión y policías de civil se presentaron en su domicilio para que se quedara “tranquilo” y no se metiera “en estas cosas”.
El artículo publicado en Clarín (19/4) señala: “En los tribunales de Comodoro Py también llama la atención las hipótesis de conspiraciones políticas sin fundamento que, hasta ahora, lanzó la defensa de la ex presidenta: el diputado del PRO Gerardo Milman, la conexión Panamá o el grupo de ultraderecha ´Revolución Federal´, sin pedir -hasta ahora- investigar estas irregularidades de la Federal y la PSA, que estaban en ese momento bajo las órdenes de Aníbal Fernández”. Bordea la hipótesis del autoatentado, expresada por Gerardo Milman, exmano derecha de Patricia Bullrich, una de las pocas dirigentes de peso que no se expresó en su momento sobre el intento de magnicidio. Milman había quedado asociado a la causa luego de que un testigo declarara que lo escuchó decir, poco antes del ataque, “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. La causa que se había formado a raíz de sus dichos se acumuló con la que investiga el papel de la policía. Por decisión de la jueza Capuchetti, el nombre de Milman ya no figura en la carátula. En una entrevista brindada el pasado 5 de abril al medio www.mdzol.com, luego de un largo silencio, Milman auguró que “pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”.
Del otro lado, en Página/12 (23/4), se afirma que lo que califica como “volantazo” de Capuchetti se debería a que “en el juicio oral quedaron al desnudo situaciones anómalas comprometedoras para la jueza, en especial algunas vinculadas a la pérdida de información del celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel”. Según el mismo artículo, “la fiscalía ya investigó y analizó las llamadas de toda la custodia de la expresidenta, a cuyos integrantes también les intervino las comunicaciones y descartó connivencia o relación con el intento de asesinato”. En este caso, el diario de Víctor Santa María abreva en la tesis de la negligencia policial, con la pretensión de sobreseer a Aníbal Fernández y a toda la conducción política de la fuerza. Sería un caso de torpeza extrema: el atacante sorteó a la custodia de CFK y le gatilló a la cabeza; no fue detenido por ninguna fuerza de seguridad, sino por militantes de La Cámpora; el teléfono del principal acusado, señalamos antes, fue inutilizado por los mismos responsables de su cadena de custodia. Por otra parte, la Policía, como todo el aparato represivo estatal, tiene sus propios intereses creados y por lo tanto está capacitado para participar de conspiraciones a varias bandas. Uno y otro bando de la ´grieta´ política pretende instrumentar el atentado en función de su propio provecho político. Para los K, el papel de la jueza Capuchetti forma parte del ´lawfare´ que amenaza con llevar a CFK a la cárcel por corrupción en la obra pública. Para sus contendientes, se fraguó un autoatentado con el propósito de revitalizar su relevancia política y generar una ola de solidaridad, justamente, frente al asedio judicial.
En el medio, está involucrada toda la inmundicia del aparato judicial, policial y de los servicios de inteligencia, todos duchos en materia de encubrimiento.
