Sentencia judicial reafirma los “resultados desastrosos” para los jubilados y pensionados de la ley de movilidad de los Fernández-Massa

La Cámara Federal de Mar del Plata declaró “inconstitucional e inaplicable” el artículo 1° de la ley de movilidad jubilatoria 27.609, aprobada a fines de 2020 y aplicada por el gobierno de los Fernández-Massa.

Según dicha sentencia, la fórmula establecida en la citada ley había “arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo “, agregando que “tal reconocimiento sólo ha considerado periodos futuros”, sin que se elabore una fórmula para compensar los “resultados desastrosos” obtenidos.

El fallo declara que, entre 2021 y hasta marzo de 2024, período de vigencia de la ley, la pérdida del poder adquisitivo de los haberes fue del 50,3 %. A partir de estas interpretaciones, los jueces ordenan a la ANSES recalcular el haber mensual de la demandante, tomando en cuenta el nivel de inflación del período que le corresponde.

Esta sentencia se suma a la dictada en 2024 por la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, que declaró inconstitucional la ley promovida por el kirchnerismo. El dictamen consideró que la fórmula fue “un fracaso”, dadas las pérdidas del poder adquisitivo de millones de jubilados.

Esta sentencia no tendrá una efectividad inmediata, considerando que la ANSES de Milei la apelará y luego será elevada a la Corte Suprema y esta no tiene fecha para expedirse. La Corte Suprema tiene cajoneados mies de reclamos jubilatorios sin aplicarse.

Las distintas fórmulas de movilidad jubilatoria de los últimos ocho años llevadas adelante por los gobiernos de Macri, Fernández-Massa y Milei-Caputo, han sido confiscatorias contra los jubilados. Ese despojo ha sido la base del ´ahorro´ y del falso ´equilibrio fiscal´, al servicio de los bancos y de los acreedores de la deuda.

El gobierno liberticida estableció un bono de $70.000 que permanece congelado desde hace más de un año. No ha servido para amortiguar el impacto de la confiscación de los haberes y la pérdida frente a la inflación. El bono lo reciben, además, solamente aquellos que cobran el haber mínimo, afectando de esta forma “al derecho al igual tratamiento ante la ley”, dado que el resto de los beneficiarios no lo recibe.

Actualmente, desde marzo de 2024, con el decreto de necesidad y urgencia 274 de Javier Milei, se dejó sin efecto la ley vigente y fue reemplazada por reajustes mensuales que toman en cuenta la variación de los índices de precios al consumidor (IPC), pero sin considerar el trimestre de mayor impacto inflacionario, luego de la devaluación de diciembre de 2023. Esta medida da por sentado que la confiscación de nuestros haberes jubilatorios -del orden del 25/35 %- será de por vida.

En mayo, el haber mínimo jubilatorio será de $296.500 más el bono “basura” de $70.000, en total $366,500; la PUAM (Pensión Universal al Adulto mayor) $307.000 y quienes cobran Pensiones No Contributivas recibirán $277.000. Hoy la canasta familiar ronda los $ 2.500.000.

Por la restitución de los millones de dólares confiscados, por un haber igual al 82 % móvil de la canasta familiar.

Los miércoles, a las 15 horas, te esperamos en el Anexo del Congreso Nacional para continuar luchando por nuestros derechos.