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Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 publicado en el Boletín Oficial la noche del miércoles 29 de julio, el gobierno estableció la prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de los extranjeros que “propaguen mensajes de odio” contra la Argentina. La resolución se apoya en la supuesta “campaña antiargentina” desencadenada tras el mundial de fútbol. En un comunicado oficial el Gobierno Nacional "reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quién ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", aunque se trate de una opinión. El DNU es un paso más en el ataque a la población migrante que elige vivir en Argentina.
Una medida fascista
Por medio del DNU el gobierno incorpora nuevas causales para rechazar el ingreso de extranjeros al territorio argentino, entre las cuales figura haber "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino", cuando la conducta esté motivada por la nacionalidad, un concepto tan difuso que habilita todo tipo de arbitrariedades. También afecta a quienes hayan "realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales" o hubiesen incitado a terceros a cometer cualquiera de esas conductas. Para implementar estos cambios, modifica la Ley de Migraciones 25.871, añadiendo estos supuestos entre las causales de inadmisión al país y también entre aquellas que habilitan la cancelación de residencias migratorias ya otorgadas. Además, establece que la cancelación de la residencia por estas causas podrá derivar en una intimación para abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del país. La implementación quedará a cargo de la Dirección de Migraciones. Es un verdadero apriete policial contra los migrantes, especialmente contra aquellos trabajadores que ya residen en el país. Una versión moderna de la Ley de Residencia de principios de siglo XX.
El año pasado el gobierno liberticida dió curso al DNU 366/2025 con la intención de modificar el acceso a la salud, la educación y libertades civiles básicas para los extranjeros y migrantes, expulsar a toda persona extranjera con condena, así como impedir toda entrada por paso ilegal, endurecer los requisitos para el ingreso al país y modificar a 90 días la vigencia de la residencia precaria, pudiendo ser revocada unilateralmente por Migraciones. En junio de este año la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional el decreto y anuló sus efectos. Actualmente se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema. En sintonía con el gobierno de Donald Trump, el gobierno despliega redadas en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. En dichos operativos solicitan el DNI a los ciudadanos extranjeros, para verificar si están documentados legalmente. Estos controles buscan detectar extranjeros indocumentados o en situación irregular para posteriormente ser deportados en caso de incumplimiento migratorio y antecedentes delictivos. Como el ICE norteamericano, lo fundamental es su método: un amplio despliegue de fuerzas represivas para intrusar los barrios.
Aunque el DNU aclare que “en ningún caso podrán encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”, el gobierno busca reprimir el delito de opinión. La amenaza de la deportación será utilizada por los liberticidas para evitar cualquier tipo de manifestación popular por parte de la población migrante. La mano de obra migrante, sin embargo, es ampliamente explotada en muchos rubros y actividades, bajo condiciones extremas de precarización laboral.
Paradójicamente, los llamados “discursos de odio” son utilizados a diestra y siniestra por parte del gobierno para atacar a los sectores no alineados. Milei afirmó que Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos eran los responsables de la financiación de la “campaña antiargentina”. Mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, describió una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario, sin aportar una sola prueba en ningún caso.
El pseudonacionalismo reaccionario con el cual se embandera el gobierno liberticida es una farsa: Argentina se ha convertido en un protectorado del imperialismo estadounidense y depende de sus rescates y préstamos usurarios. La política “nacional” está digitada desde el Departamento de Estado.
En un contexto de decadencia capitalista, la invocación al nacionalismo no es más que un argumento fascista para dividir a la clase obrera y justificar todo tipo de ataque. La lucha contra las medidas antimigratorias debe incluirse dentro de las reivindicaciones que levanta la clase obrera.
