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El gobierno acaba de declarar en “crisis” a cuatro obras sociales por “irregularidades e incumplimientos detectados, por parte de los prestadores de la salud”. A través de una serie de publicaciones en el Boletín Oficial, las intimó a que regularicen su situación y presenten un plan de contingencia en los próximos 15 días bajo amenaza de cerrarlas.
Las afectadas con las obras sociales de Fedecámaras, Técnicos de Fútbol (OSTECF), Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social de Volkswagen Argentina S.A. Se puede apreciar que todas ellas, incluso sumadas, nuclean una cantidad pequeña de afiliados.
El gobierno le ha dado una publicidad a esta decisión, sin embargo, para mostrar la “corrupción” que habita en la administración de las mismas, ocultando deliberadamente el enorme problema que recorre a todas las obras sociales.
El Estado es el verdadero saqueador
Las obras sociales de los sindicatos cubren en la actualidad a 15 millones de beneficiarios en materia de atención a su salud, incluyendo al trabajador registrado y su familia, sin distinción entre enfermedades preexistentes, personas con discapacidad, etc. Todos, absolutamente todos, están cubiertos con el aporte del titular. Esto no tiene punto de comparación con ninguna de las coberturas sociales de los trabajadores en Latinoamérica. La ausencia de una garantía de salud pública que debería cubrir el Estado es suplida por la organización de los trabajadores. Las obras sociales sindicales se han convertido en el principal resguardo de la vida misma del trabajador y su familia.
Las obras sociales tienen su “punto débil” en su dirección, pues están dirigidas por la burocracia sindical. Es decir que desde siempre han escapado al control democrático de las mismas. Al manejar en los grandes gremios importantes fondos de dinero, han sido ellos y el propio Estado los que han metido la mano en las obras sociales.
En los años 90, bajo el menemismo, el gobierno impulsó la llamada “desregulación”, por la cual casi 5 millones de beneficiarios derivaron sus aportes de la obra social de su sindicato a la medicina prepaga, debilitando a la primera. A partir de 2002, se incrementaron los aportes al fondo solidario de redistribución de las obras sociales sindicales, pero en lugar de distribuirse y favorecer a las mismas, el Estado les "incautó", entre 2003 y 2015, el equivalente a 5 mil millones de dólares. A partir del año 2000, las obras sociales sufrieron otro golpe con la creación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que incorporó a más de 2 millones de monotributistas, con aportes muy por debajo del promedio de los trabajadores formales, lo que siguió agravando el estado de las finanzas de las obras sociales.
La llamada flexibilización laboral también ha producido estragos en las obras sociales. Los ´trabajadores rotos´ se incrementaron violentamente y la asistencia a personas con discapacidad, cuya obligación de cobertura recae en las obras sociales nacionales, tuvo un enorme crecimiento. Actualmente esto consume casi el 70% de los recursos del fondo solidario de redistribución.
Los recursos con los que se financian las obras sociales provienen de los aportes y contribuciones de los trabajadores. El Estado jamás derivó fondos del Tesoro a las obras sociales. Aun durante la pandemia, los subsidios que recibieron las obras sociales por caída de los aportes provenían de un fondo especial creado por el DNU 908/2016.
La política de la burocracia sindical
La política de la burocracia sindical ha sido la fusión y alianza empresarial con las grandes patronales del sector privado de la salud, algo que explica por qué Héctor Daer, de ATSA, sea titular de la CGT.
Esta alianza con la medicina privada ha avanzado en el vaciamiento y desfalco de las obras sociales y ha promovido el cobro compulsivo de aranceles y copagos a los trabajadores. Ha disparado un proceso de liquidación de las obras sociales como sistema obrero solidario para la transferencia de recursos de los trabajadores a las arcas personales de clanes y familias de la burocracia sindical, devenidos en empresarios de la salud.
La actual caída del empleo afecta de lleno las finanzas de las obras sociales. El Estado les adeuda fondos y el cuadro de enfermedades complejas aceleran la desfinanciación de las mismas.
Ningún sindicato pequeño puede sostener solo una obra social que dé respuesta integral a las enfermedades oncológicas ni a los estudios y remedios de las mismas. Se ven obligadas a asociarse a grandes empresas de la salud con aparatología moderna que no pueden obtener por sí mismas.
Las obras sociales chicas todas están en crisis y apelan a prepagas de baja puntuación en cuanto a aparatología porque la cantidad pequeña de afiliados que reúne no le permite abordar costos mayores, con el agravante de que los despidos masivos y una fuerte tendencia a la desafiliación están disminuyendo seriamente el aporte a las prestadoras, lo que compromete el cumplimiento de la atención.
El gobierno tiene que sacar las manos de las obras sociales, restituirles lo que les afanó. Está planteada, más que nunca, la recuperación de las obras sociales por los trabajadores, para terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia sindical y el Estado.
Por la apertura de los libros de cada obra social y la elección de directorios electos por los afiliados; la cobertura plena de un programa médico universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales; pase a planta de todos los precarizados con el mejor convenio de la actividad y el blanqueo de todas las sumas en negro, para recomponer los ingresos de las obras sociales, la urgente triplicación del presupuesto de salud y reforzamiento del sistema sanitario bajo control de los trabajadores, para garantizar la mejor calidad de vida posible para la clase obrera.
La defensa de las obras sociales es parte de la lucha contra la política derechista de Milei y la oposición patronal y por la expulsión de la burocracia de los sindicatos.
