Un debate que recorre Molinos, Georgalos y todas las luchas.

La lucha contra los despidos y la trampa de la conciliación obligatoria

Escribe Pablo Busch

Tiempo de lectura: 2 minutos

Diez trabajadores de Molinos Rio de la Plata fueron despedidos el martes de la semana pasada. La respuesta fue un paro total, que duró hasta el miércoles 18 a la tarde-noche, cuando el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la Conciliación Obligatoria, que formalmente obliga a las partes a retrotraer por quince días hábiles los despidos y suspender mientras tanto las medidas de fuerza. Los trabajadores levantaron la huelga, pero la empresa de los Pérez Companc no cumplió su contraparte, impidiendo el retorno de los despedidos a sus puestos de trabajo. Los despedidos siguen desde afuera de la planta con acciones de lucha.

El STIA Buenos Aires esperó a que no dejaran ingresar a la planta al último trabajador despedido para realizar con acta certificada por escribano la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. La empresa incumple una conciliación, por lo que el Ministerio de la Provincia podría aplicarle, como mucho, multas por cada día que no permita el ingreso de los trabajadores. La empresa difícilmente pague un solo peso de esas multas, que serán apeladas hasta el infinito. Aun pagándolas, la empresa se asegura su objetivo político: que los despedidos quedan afuera de sus puestos de trabajo y la planta vuelve a trabajar.

En cada conflicto por despidos se van sumando empresas que deciden incumplir las reinstalaciones por la Conciliación. En el Neumático, Bridgestone despidió de un saque a más de 500 trabajadores y desconoció la Conciliación Obligatoria impidiendo que los despedidos reingresen. En el largo conflicto de Praxair, los despedidos tampoco pudieron ingresar durante la Conciliación. En Georgalos, actualmente, los despedidos están afuera con la Conciliación vigente. La patronal de Fademi, en Entre Ríos, yendo más lejos todavía incumplió varias conciliaciones obligatorias y actualmente incumple un fallo confirmado de la Justicia Laboral que la obliga a reinstalar a los trabajadores despedidos, que están acampando hace meses frente a la planta. Y la lista podría seguir.

El no acatamiento de las reinstalaciones por conciliaciones obligatorias por parte de las empresas no es algo nuevo: en 2013, la presidenta Cristina Kichner, el gobernador Scioli y la empresa Gestamp pergeñaron una conciliación obligatoria para obligar a los despedidos, acusados por CFK de querer hacer ´la revolución bolchevique´, a bajarse del puente grúa, para luego no dejarlos ingresar nunca más.

La clase capitalista ha convertido en esta etapa a la conciliación obligatoria es una trampa letal para la lucha contra los despidos: los trabajadores acatan y levantan los paros y los despedidos siguen afuera. El desgaste fuerza a los trabajadores a arreglar, divide a los trabajadores de adentro con los de afuera, etc.

Se trata una política general de la clase capitalista. Refleja un posicionamiento claro frente al derecho laboral, a tono con la ofensiva del gobierno de Milei-Sturzenegger: las decisiones que se toman en las oficinas del capital están por encima de las leyes laborales vigentes, los convenios colectivos y los acuerdos internos firmados por cada empresa.

En los hechos, debería discutirse en asamblea el acatamiento de parte de los trabajadores de cada conciliación obligatoria, algo que por supuesto ningún sindicato promueve. A diferencia de las patronales, todos los sindicatos se ponen “a derecho”. El incumplimiento de una Conciliación Obligatoria podría abrir paso a la pérdida de la personería gremial, del descuento por recibo de sueldo y el manejo de la Obra Social.

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