Un nuevo fallo se suma a los reclamos jubilatorios, pero la Corte Suprema los cajonea

Desde estas páginas hemos aseverado hasta el cansancio que las distintas fórmulas de movilidad jubilatoria aplicadas por los distintos gobiernos de turno han sido confiscatorias de los miserables haberes jubilatorios de 8 millones de beneficiarios.

Cuando el haber jubilatorio mínimo debería ser el 82% móvil de la canasta familiar, hoy en $ 2.500.000, en el mes de junio este será de $ 305.000 más un bono “basura” congelado de $70.000.

Hasta la fecha distintos dictámenes de las Cámaras Federales de Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca entre otras han de declarado la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicó entre 2012 y 2024 en el gobierno de los Fernández-Massa.

Dichas sentencias ordenan el reconocimiento de la diferencia, si la hubiere, entre lo percibido según la ley N° 27.609 en relación al cálculo del IPC (Índice Precios Consumidor) hasta la vigencia del Decreto 27472024.

El dictamen de la Cámara Tucumana dice textual que la “Ley N° 27.609 presenta ciertas objeciones de constitucionalidad y de convencionalidad. En efecto, la fórmula que establece -basada en un 50% del índice de variación de la recaudación tributaria de la ANSES y un 50% de la evolución de los salarios (RIPTE o índice del INDEC, el que resulte mayor)- excluye de modo absoluto la variación del IPC. Dicha omisión resulta irrazonable en un contexto económico como el argentino, caracterizado por procesos inflacionarios estructurales que afectan directamente el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados” (Clarín, 23/06/2025).

Según este fallo de la provincia de Tucumán, en el curso de tres años, la pérdida del poder adquisitivo de los millones de jubilados fue del 50,3%.

Según datos del juzgado Rosarino, entre el mes de marzo del 2021 y junio del 2024 mientras la inflación fue del 1188,2% los haberes solo subieron el 606,28%

En relación a otros dictámenes de segunda instancia emitidos en el interior del país, el que se conoce ahora hace hincapié en que el Estado reconoció la insuficiencia de la fórmula de la ley 27.609 para enfrentar la inflación.

Si bien algunos de los fallos mencionan el tema de los bonos compensatorios, otorgados con el objetivo de paliar el alza constante de la inflación -nunca alcanzaron para que los haberes superen a la misma- siendo además inconstitucionales porque solo fueron otorgados a los haberes mínimos.

En el tema de los bonos, cuyo valor está congelado hace meses, y solo lo cobran los de los haberes mínimos, la Cámara III de Capital Federal de la Seguridad Social ha dado entrada a una serie de reclamos de los jubilados de haberes mayores que fueron afectados.

Si bien ahora el gobierno de Javier Milei decretó el aumento del haber en relación a la inflación, los jubilados seguimos perdiendo dado que los datos que toma el INDEC son sobre bases erróneas, no actualizadas. Y además sobre la confiscación de los haberes de los últimos siete años, el silencio es total. Debemos considerarlo como una pérdida vitalicia.

El tema de los reclamos judiciales jubilatorios es de larga data. Desde 2007 con el fallo Badaro y el 2009 con el caso Lattiff, miles son los juicios que mes a mes son presentados, por reclamos de haberes, malas liquidaciones, contra las fórmulas confiscatorias y por la discrecionalidad de los bonos.

Actualmente 280.000 son los juicios en danza con casi 100.000 con sentencia firme, apelados por ANSES, duermen el “sueño de los justos”, ante una Corte Suprema que los cajonea.

Dos medidas agravaron más esta problemática, una la suspensión por 90 días del plazo para dictar sentencias de ejecución en los juicios previsionales, medida tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de marzo del año en curso. La otra fue la poda del presupuesto destinado al pago de las sentencias.

Los jubilados subidos a la calesita de abogados y tribunales nunca sacamos la sortija. Los juicios se apilan, se llenan de telarañas, sus hojas se vuelven amarillas con el tiempo, tiempo en el que a uno se le va la vida.

El Poder Ejecutivo de este gobierno liberticida nos hambrea y nos reprime ante cualquier reclamo, el Poder Legislativo con sus diputados y senadores que se venden por una dieta no debate una ley en defensa de los jubilados y le hace la comparsa al gobierno, y el Poder Judicial, para completar la sinfonía, cajonea nuestros reclamos.

Por el inmediato pago de todos los juicios presentados, por un haber mínimo igual al 82% de la canasta familiar hoy en $ 2.500.000. Abajo la reforma previsional planeada por el gobierno y el FMI. Abajo la represión.

Los miércoles a las 15 hs. te esperamos en el Congreso para continuar luchando.