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Como parte de su esfuerzo por promover el espionaje interno, el gobierno oficializó la figura del “infiltrado digital” y la formación de un “Consejo Académico Asesor para la formación y capacitación de agentes encubiertos”, dándoles nuevas herramientas a los policías destinados a dicha tarea.
El campo de acción de los “agentes encubiertos” -una figura “regulada por ley” desde 2016, pero utlizada ampliamente antes y después por gobiernos de todo pelaje- es tan amplio como impreciso. Abarca desde la vigilancia contra el grooming -captación de menores por parte de adultos con fines sexuales- hasta el narcotráfico y el terrorismo. Este reforzamiento es inseparable de las ´premisas´ que el Gobierno adoptó en materia de seguridad, entre las que se destaca la persecución a ´desestabilizadores´ tales como los jubilados que marchan los miércoles y los movimientos ambientalistas y, en general, de todo aquel que pueda “erosionar la confianza” en los funcionarios del oficialismo o “generar pérdida de confianza” en el plan económico, de acuerdo al Plan de Inteligencia Nacional que trascendió a los medios. Aunque la Policía Federal y la SIDE son dependencias separadas, comparten una unidad de propósitos. A ello se suma el recientemente creado Departamiento de Investigaciones Federales (DFI), versión criolla del FBI norteamericano, supervisado por los mismos dueños de la franquicia.
A los “patrullajes digitales” que la DFI tiene autorizados sin necesidad de orden judicial, se suma ahora su compadre, el “infiltrado digital”, que contará con biografía y avatar -imagen pública en las redes sociales- apócrifos. El Consejo Académico para la formación de los infiltrados y ´agentes encubiertos´ estará presidido por el camarista Ricardo Ángel Basílico, quien participó de la comisión reformadora del Código Penal.
El gobierno Milei-Bullrich no oculta su propósito de crear un Estado policial. Ha dictado un ´protocolo´ apuntado a erradicar la protesta callejera y es aplicado con ferocidad en cuanta oportunidad se presenta. La intimidación no es sólo policial, sino que se multiplica en las redes sociales y en la violencia verbal de los funcionarios -Milei, el primero de ellos- contra todo vestigio de crítica u oposición. A las funcionarias y militantes K que tiraron bosta y un pasacalle frente al domicilio del matón José Luis Espert les han dispensado el tratamiento de una célula terrorista; todavia hay una persona detenida en la cárcel federal de Ezeiza por un ´delito´ que apenas configura una contravención.
La infiltración -al igual que la cooptación de buchones- es un método de Estado para el combate contra las organizaciones populares y de izquierda. El kirchnerismo nunca prescindió de ello. En su versión ´democrática´, acuñada por Nilda Garré y Horacio Verbitsky, se llamó Proyecto X y tenía por protagonista a la Gendarmería. Los infiltrados -con o sin diploma- de la Federal por entonces actuaban encubiertos, por ejemplo, bajo el ropaje de periodista, como en el caso del policía Américo Balbuena. Los protocolos represivos de la ´seguridad democrática´ -que limitaban la protesta con ´buenos modales´ hasta que estos se agotaban y venían los palos- se complementaban con el recurso de las patotas de la burocracia sindical, como las que actuaron contra los docentes neuquinos, los trabajadores del Hospital Francés y los ferroviarios tercerizados del Roca. En el crimen de Mariano Ferreyra demostramos en el estrado judicial la ´complementariedad´ entre la actuación de la Federal y los matones de Pedraza.
Lo fundamental de todo este andamiaje represivo es el alineamiento del gobierno detrás de la guerra internacional promovida por Donald Trump y el carácter relativamente ´preventivo´ de estos dispositivos, a nivel local, alertas a la posibilidad de una rebelión popular. La llamada “lucha contra el terrorismo” es la pantalla de una política contrarrevolucionaria de la derecha fascistizante a nivel mundial.