Trump y Maduro pactan continuar con las deportaciones

El 18 de julio se concretó el acuerdo entre los gobiernos de Trump y Maduro, que canjea 252 prisioneros venezolanos encerrados en la cárcel CECOT de Bukele, en El Salvador, a cambio de la liberación de 10 presos con ciudadanía estadounidense detenidos en Venezuela. Como parte del paquete, serían liberados unos 80 presos por parte de Maduro.

Desde el retorno de Trump a la presidencia se establecieron negociaciones con el gobierno venezolano a través de Richard Grenell, hombre de confianza de Trump. Como consecuencia de estas negociaciones, Maduro se jacta de haber repatriado a 8.743 ciudadanos venezolanos “desde las cárceles del ICE” (servicio de inmigración de EE. UU.) en lo que va del año.

El actual canje se concreta luego de negociaciones que parecían empantanadas. Según The New York Times, había dos líneas de negociación paralelas y contradictorias, una encabezada por Grenell y la otra por el secretario de Estado Marco Rubio. Mientras Grenell manejaba la posibilidad de restablecer las operaciones de Chevron en Venezuela y no consideraba la liberación de los 252 detenidos en CECOT, el secretario de Estado bloqueaba esa orientación y finalmente impuso su planteo. Rubio está ligado a la oposición de derecha venezolana y a los republicanos de origen cubano, que plantean endurecer las sanciones contra Venezuela y rechazan permitir a la petrolera Chevron extraer el petróleo y así financiar al gobierno de Maduro. En la oposición venezolana existe a su vez una división que replica la existente en Washington, entre el ala que intervino en las elecciones municipales del 27 de julio y el sector liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia -vinculados a la CIA y promotores de un “cambio de régimen”-. Según NYT, Grenell descartaba el canje de los venezolanos detenidos en la cárcel CECOT porque eran acusados de pertenecer a la pandilla “Tren de Aragua” -a la que Trump declaró como grupo terrorista- y no creía que el presidente aceptara su liberación. “Tanto Rubio como republicanos en el Congreso no parecen dispuestos a suavizar las sanciones petroleras u otras al régimen venezolano, mientras que Grenell y quizás incluso el presidente Trump parecen más abiertos a permitir que Chevron saque petróleo de Venezuela”, afirmó una analista internacional a BBC (20/7).

El canje echa por tierra la narrativa tanto de Trump como de Bukele en relación a los venezolanos presos en El Salvador. Bukele ofreció en abril la liberación de los 252 presos a cambio de que Maduro liberara otros tantos prisioneros, lo cual fue rechazado en ese momento por Caracas. La oferta contradecía el relato del presidente salvadoreño de que no tenía la potestad de liberarlos, y que eso dependía del gobierno estadounidense. A su vez, la administración Trump venía declarando en los tribunales que no tenía capacidad para decidir sobre la liberación de esos detenidos, sino que eso dependía del gobierno salvadoreño. En otras palabras, los presos eran enviados de Herodes a Pilatos. La operación de canje también echa por tierra las acusaciones sin pruebas de que todos los prisioneros pertenecen al Tren de Aragua. Según algunas versiones, de los 252 detenidos apenas unos 30 tendrían antecedentes por algún delito; el gobierno venezolano manejó incluso una cifra menor, apenas 7. Para intentar salir de este laberinto, la subdirectora interina del ICE, Mellisa B. Harper, tuvo que mentir en una declaración jurada ante una Corte del Distrito de Maryland, asegurando que “si bien Estados Unidos realizó esfuerzos diplomáticos para ayudar a hacer posible este acuerdo, la decisión de liberar a los nacionales venezolanos del CECOT y repatriarlos fue tomada únicamente por el Gobierno de El Salvador en ejercicio de su autoridad soberana”. Harper tuvo que presentar esa declaración en un caso de deportación de un joven venezolano que fue expulsado, pese a que su solicitud de asilo estaba aún en trámite.

El gobierno de Maduro tiene su propio relato, que presenta toda su política de acuerdos con el gobierno estadounidense como un proceso liberador, cuando está avalando en la práctica la persecución y deportación masiva de venezolanos por parte de Trump. Maduro aspira a que Chevron vuelva a tener autorización por parte de EE. UU. para operar en Venezuela, lo que implicaría ingresos por alrededor de 500 millones de dólares. La petrolera por su parte teme que la revocación de la licencia favorezca la mayor presencia de compañías competidoras, especialmente chinas y rusas.

La oposición de derecha, asociada a Trump y a Bukele, ha quedado descolocada por estas negociaciones. Edmundo González Urrutia, a quien Trump reconoce como “presidente electo”, no tuvo ninguna participación en esta ni en las anteriores tratativas entre EE. UU. y Venezuela. María Corina Machado y Edmundo González no defienden el derecho de asilo de los venezolanos en Estados Unidos. Muchos de ellos tenían distintos estatus legales hasta hace poco (como el TPS), los que les fueron revocados para facilitar las deportaciones masivas, en el marco de la política racista del trumpismo.

Entre los reclamados por EE. UU. figura un triple asesino, Dahud Hanid Ortiz -nacido en Venezuela y con ciudadanía estadounidense y alemana, responsable del homicidio de tres personas en Madrid en 2016-. Diosdado Cabello pareció jactarse de haberlo liberado cuando dijo a los 252 venezolanos repatriados: “Entregamos asesinos por ustedes”. La liberación de Ortiz está generando protestas en España, al punto de que el mediador Rodríguez Zapatero debió aclarar que “Ese listado, como es evidente, es de Estados Unidos. Mis gestiones se centraron en los presos venezolanos”.

Las negociaciones y el acuerdo de Trump con Maduro reflejan los intereses contradictorios que anidan en el propio gobierno estadounidense, entre el ala de Rubio que quiere profundizar la guerra económica y potencialmente militar a fin de imponer un cambio de régimen en Venezuela, y por otra parte las presiones de las petroleras para que el gobierno restablezca sus licencias en tanto no visualiza por ahora condiciones para la salida de Maduro. Mientras Venezuela atraviesa una brutal crisis económica y social, Maduro busca sobrevivir sobre la base de concesiones y pactos con el imperialismo. El fraccionamiento de la derecha venezolana y la alta abstención en las pasadas elecciones de mayo (que probablemente se mantendrá en las próximas elecciones municipales) muestran el profundo impasse tanto del gobierno como de la oposición.