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Un informe publicado en La Nación (31/7) da cuenta de que se regularizó apenas el 0,3 % del empleo en negro desde la aprobación de la Ley Bases, que preveía una amplia condonación de impuestos y aportes sociales adeudados -del 90 al 70 %- a aquellas patronales que ´blanquearan´ a sus empleados. Se trata de 16.703 trabajadores sobre 5.500.000 empleos ´informales´. Entre tanto, el empleo registrado continúa retrocediendo: pasó de 11.199.000 puestos, en 2024, a 11.145.000 en el primer semestre de 2025. Si la cantidad total de puestos de trabajo aumentó levemente fue por el monotributismo. Al menos el 40 % de los monotributistas serían asalariados en relación de dependencia (Clarín, 22/7), una tendencia que se viene engrosando desde 2011.
La razón de fondo del ´fracaso´ del llamado “Régimen de Promoción del Empleo Registrado”, se encuentra en la misma norma: al mismo tiempo que decía ´promover´ el blanqueo, eliminó las sanciones por no regularizar y las multas que agravaban las indemnizaciones –el trabajador, en cambio, sólo podía reclamar el reconocimiento de hasta cinco años de aportes previsionales. En el gobierno minimizaron este ´fracaso´. Dicen que fue “un paso inicial”. El siguiente -de acuerdo a las expectativas de las patronales- sería la reforma laboral. Su contenido específico no ha sido anunciado, pero contemplaría la eliminación de la indemnización por despido y de la jornada de ocho horas, incluido el pago de las horas extras. Es sabido que el gobierno trabaja intensamente en ello y solamente aguarda los resultados electorales de las legislativas. La burocracia colabora con el proyecto. Su única reserva, ha dicho hasta ahora, es que pase por el tamiz del Congreso. El kirchnerismo, nada menos que por boca de su jefa política, avaló la necesidad de una “modernización laboral”.
El director y economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, entrevistado por LN, señala que las empresas “enfrentan la necesidad de tener mayor competitividad” y eso requiere “bajar drásticamente los costos unitarios de producción”. Según Bour, “una regularización no los libera [a los empresarios] de los altos costos de litigiosidad derivados de contratar en blanco que puede haber si la demanda cae y baja la actividad”. Las ´expectativas económicas´ para 2026, agrega, son “inciertas”. También coincide con ´abrochar´ al Congreso, porque “las pocas [reformas] que hubo fueron revertidas”, dijo, “en referencia a los fallos judiciales contra cambios intentados por la actual gestión”.
Las posibilidades de que un resultado electoral ´arrasador´ -que habrá que ver de qué se trata, teniendo en cuenta el creciente abstencionismo electoral que interpela a todas las fuerzas políticas- dote al gobierno de los recursos políticos para imponer las ´reformas estructurales´ -laboral, previsional, impositiva- son una quimera. La misma expectativa guardaba Macri luego del rotundo triunfo que obtuvo en las legislativas de 2017. A su turno, ´el mercado´ fulminó aquellas esperanzas y, finalmente, a su gobierno. Las posibilidades son menores ahora, en el descalabrado escenario de la guerra mundial. La clase obrera debe decir su palabra
