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Luego de una semana de derrotas legislativas y en medio de las denuncias por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el gobierno liberticida echó a más de 300 trabajadores del INTA e INTI. La resolución fue rubricada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en boletín oficial el 21 de agosto, en el cual se puede leer “un largo listado de empleados públicos, especialmente de la plantilla del INTA, pero también 8 integrantes del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 51 del Instituto de Vitivinicultura (INV)” (Bichos de Campo 22/08). Caputo, pasando por encima de las votaciones en Diputados y Senadores, en la resolución estableció que “el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, que se detalla en los Anexos I queda en situación de disponibilidad a partir del dictado de la presente, por el plazo que en cada caso se indica, como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)” (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/330227/20250822).
El desguace del INTA, INTI, INASE e INV sumó un nuevo peldaño, amén de que el Congreso derogara el DNU 462/2025, que les arrebataba la autarquía a estos entes. El reordenamiento de los bloques parlamentarios hacia adentro del Congreso de la Nación, manifestación de la crisis por la que transita el Gobierno y de su carencia de perspectiva, dejó sin vigencia el decreto y, en consecuencia, quedó formalmente sin efecto. En el Senado la derrota fue por paliza de 70 a 9. En una maniobra para retomar la iniciativa, el Poder Ejecutivo arremetió con las reestructuraciones internas trazadas por Sturzenegger y con despidos de trabajadores de estos entes. El INTA es el organismo más perjudicado por las medidas tomadas por el Gobierno, a través de cesantías de personal técnico y administrativo, cierre de agencias de extensión y venta de tierras. Los que sí siguen vigentes son los decretos 571/2025, que elimina la Dirección Nacional y delega las funciones en Bronzovich, presidente del INTA, y el 585/2025, que se refiere a la reestructuración de los organismos descentralizados.
Desde las altas esferas del gobierno de las coimas aseguran que el achicamiento del Estado seguirá su curso, más allá de las derrotas legislativas y si es necesario recurrirán a la justicia para refrendar las acciones del Ejecutivo. Pero desde la Justicia también llegan reveses para los liberticidas, ya que la justicia federal de San Martin hizo lugar a un recurso de amparo presentado por los gremios del INTA y dictaminó no alterar nada en el ente y los demás organismos por el lapso de seis meses.
Los diputados y senadores, que episódicamente votaron a contramano de los objetivos estratégicos del gobierno liberticida, a partir del reordenamiento de los bloques dentro de ambas cámaras y de la presión que ejerció la movilización de los diferentes sectores agraviados por el régimen de Milei y su pandilla, tienen la posibilidad de derogar la madre de todos los decretos, el 70/30. Pero esto chocaría de bruces con los intereses de la gran burguesía argentina y el capital financiero, que tienen en la mira al gobierno nacional, pero que quieren que las reformas introducidas se mantengan, con Milei en el poder o fuera de él. Solo una intervención de la clase obrera que tenga como eje rector la independencia de los bloques patronales en danza, en especial del peronismo que ha profundizado el operativo contención, en medio de la crisis por las coimas, puede poner fin a la barbarie del gobierno liberticida y abrir una deliberación sobre la perspectiva de un gobierno de los trabajadores.
