Pergamino: revés judicial para el intendente Martínez y los agronegocios

En el marco de la campaña electoral el intendente Javier Martínez quiso hacerles una ofrenda a las patronales agrarias, al presentar un pedido ante la justicia para que deroguen la cautelar que prohíbe las fumigaciones terrestres y áreas, pero el tiro le salió por la culata.

En agosto de 2019 el juez Federal Villafuerte Ruzo, que viene siguiendo el delito ambiental en Pergamino como consecuencia de las fumigaciones con agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas, dictaminó una medida cautelar de prohibición de aplicaciones terrestre de agroquímicos a 1.095 metros del ejido urbano y 3.000 metros de forma aérea y ordenar al municipio la provisión urgente de agua potable segura. En su momento desde las entidades y corporaciones agrarias salieron a pedir, por medio de un documento, “reglas y procedimientos claros”. Son las mismas entidades que se han visto beneficiadas y amparadas por el poder político y las justica. El intendente Javier Martínez es un reconocido lobbysta de estos sectores, pero el entramado recorre a todo el arco político pergaminense.

Desde el gobierno municipal, en julio de 2025, se solicitó al Tribunal Oral Federal Nº2 Rosario, dejar sin efecto la cautelar, aduciendo que el tiempo que ha transcurrido desde que se dictó la misma, da razones para reevaluar la disposición de Villafuerte Ruzo, ya que, según las autoridades municipales “se ha demostrado que la situación actual difiere sustancialmente de aquella existente al momento de dictarse la sentencia original” (Semanario El Tiempo 29/08/2025), y esto cierto, en tanto y en cuanto, en las zonas en las que la prohibición de fumigar a 1095 metros del ejido urbano se respetó, las condiciones de vidas de las personas que viven cercanas a producciones rurales, ha mejorado sustancialmente. El gobierno municipal también hizo un pedido para suspender la provisión de agua, aduciendo, altos costos. Es el mismo Fiscal Federal General del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos –Oficina de Litigio Oral Estratégico-, Dr. Federico Reynares, quien ratifica que “tal situación se da con la medida en vigencia, por lo que estamos autorizados a concluir que el éxito señalado en modo alguno puede desvincularse de la existencia de la medida que se pretende cuestionar”, señaló.

Otro de los puntos en los que se apoya el gobierno de Martínez para pedir la caída de la cautelar es la certificación del “protocolo Municipio verde” (Ídem), que es una iniciativa de una de las entidades que tiene intereses creados en el sector, AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), y los parámetros son manejados por esta última.

A pesar del lobby llevado adelante por Martínez y entidades agrarias, como la SRA de Pergamino, la ya mencionada Aapresid, Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, la Sociedad de Cerealistas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos,” el Fiscal Dr. Federico Reynares Solarí, en un dictamen conciso y contundente sostuvo ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario (…) que esas medidas cautelares deben mantenerse ante la insistencia de las autoridades municipales de Pergamino en sociedad con el agronegocio en que las mismas se levanten para que los agrotóxicos puedan esparcirse a metros de las viviendas de la gente.” (Ídem) En cuanto a la afectación económica blandida por el intendente y las entidades, el Fiscal señalo en su escrito que, “ello es una mera consecuencia de la afectación al medio ambiente (y a la salud de las personas) por la probable contaminación del mismo, lo cual se convierte en una obligación precautoria difícil de evadir en esta instancia procesal”.

En el dictamen para que se mantenga la cautelar, Reynares Solari lo fundamenta a partir de parámetros colectivos y generacionales, por encima de los intereses de los capitales agrarios: “El ambiente sano es un bien jurídico que trasciende lo individual: su afectación perjudica a toda la colectividad presente y futura”.

Por su parte la Dirección de Ambiente Rural municipal, encargada del control de que se cumpla con los metros estipulados por la resolución de Villafuerte Ruzo, se encuentra totalmente desfinanciada por el gobierno de Martínez. Las penalizaciones de fumigaciones en áreas restringidas son la excepción y no la regla. Las denuncias efectuadas por vecinos son desatendidas, en su gran mayoría.

Es imprescindible defender el cumplimiento de las restricciones a las fumigaciones en zonas urbanas y la inmediata realización de los análisis de sangre y orina a los vecinos afectados por los agroquímicos y que, la cautelar vigente se transforme en ordenanza, como medida transicional a nuevas formas de producción, que tenga en el centro de la escena, la salud de las personas. Esto debe ser acompañado por una activa movilización y deliberación, teniendo en cuenta los limites insalvables de la judicialización de las luchas. En la agenda inmediata de los trabajadores debe estar presente poner en pie asambleas en todos los barrios afectados, que desentrañe las responsabilidades materiales y políticas, llevando una clarificación al conjunto de la población. Estas asambleas deben actuar como agentes de control, ante la pasividad y la connivencia del gobierno municipal.

La aplicación de agrotóxicos en zonas periurbanas responde a los intereses capitalistas que hoy dominan la producción agropecuaria, que mantienen estrechos lazos con el capital financiero e imperialista. Son estos sectores que han desplazado a la “oligarquía con olor a bosta”, los que buscan reducir los costos de producción a expensas de la salud. Los importantes avances tecnológicos desarrollados en materia agrícola, en manos del capital, implican una regresión para la salud de aquellos que viven en zonas aledañas a las cultivables y de los trabajadores. Se impone como salida, la expropiación sin pago, de toda tecnología aplicada, la nacionalización de la producción agrícola y la centralización de la misma bajo control de los trabajadores.