Escribe Elena Florín
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La familia de Otoño Uriarte y la Asamblea Autoconvocada presentarán un recurso extraordinario para anular el último juicio, tras la revocación de la condena a prisión perpetua de los cuatro imputados, Néstor Cau, Germán Antilaf, José Hiram Jafri y Maximiliano Lagos, en agosto de este año.
El secuestro, violación y asesinato de la joven rionegrina en 2006 en Fernández Oro sigue impune. Desaparecida en octubre de 2006, su cuerpo apareció en un canal de riego de la localidad rionegrina en abril de 2007. Desde entonces, dieciocho años atrás, corrieron ríos de tinta sobre el caso.
El padre de Otoño, Roberto Uriarte, sostuvo desde el comienzo que estaba involucrada una red de prostitución y trata de menores y que no era sólo un secuestro. Con el tiempo fue denunciando encubrimientos y negligencias en la investigación.
El proceso judicial atravesó sobreseimientos, condenas, impugnaciones, revocatorias y finalmente la anulación de la condena a perpetuidad a los cuatro imputados. Incluso la puesta en marcha de un nuevo Código Procesal Penal en 2017. En ese año el Tribunal Superior de Justicia, por voto unánime, revocó el sobreseimiento dictado en primera y segunda instancia a los acusados del crimen de Otoño Uriarte. Al resolver que no hay mérito para el sobreseimiento y tampoco para el procesamiento, el máximo tribunal habilitó a la Fiscalía a continuar con la investigación del caso para producir nueva prueba. Es decir, once años después dijeron que faltaban pruebas. Pero las pruebas estuvieron de entrada. Las ignoraron.
Por ejemplo, según refiere Roberto, las demoras en la realización de pericias claves, como los análisis de ADN en vellos púbicos hallados en el cuerpo de Otoño. Pasaron 16 años hasta que se intentó retomar esa prueba con nuevas tecnologías, pero el Poder Judicial argumentó falta de recursos. «No hubo voluntad para llegar a la verdad», sentenció. Tampoco se investigó a fondo la hipótesis de trata ni la posible participación de agentes policiales en la desaparición de Otoño a pesar de los audios y testimonios presentados.
La complicidad del Estado está a la vista y en el profundo sentimiento de repudio a estos dieciocho años de impunidad. Por eso la familia plantea la nulidad de todo el juicio llevado adelante con tantos avances y retrocesos. Queremos la verdad.
