La recta final del juicio a Bolsonaro

El juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) por intento de golpe de Estado está llegando a su tramo final. Bolsonaro se encuentra acusado en total de cinco cargos y ya tiene prohibido presentarse a elecciones hasta 2030 por su cuestionamiento sin pruebas del último resultado electoral. Enfrenta una pena de prisión de entre 12 y 40 años junto a otros siete militares acusados (un almirante, tres generales y un teniente coronel), todos los cuales se declararon inocentes salvo Mauro Cid, que declaró como arrepentido y aportó pruebas contundentes contra Bolsonaro. El Tribunal Supremo de Brasil, que preside Alexandre de Moraes, se reunirá hasta el 12 de septiembre para decidir la condena o absolución del expresidente y sus colaboradores, para lo cual necesita tres de los cinco votos. Los hechos que se juzgan sucedieron el 8 de enero de 2023, luego de la asunción de Lula tras derrotar a Bolsonaro en octubre de 2022, cuando se produjo el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia por parte de hordas bolsonaristas, de las cuales más de 600 ya se encuentran condenadas por la justicia por intento de golpe de estado. El juicio se desarrolla bajo la presión del presidente norteamericano Donald Trump, que impuso sanciones y un 50 % de aranceles a los productos brasileños en reclamo por la absolución de Bolsonaro.

El día de mañana, 7 de septiembre, se conmemora el día de la independencia de Brasil, para lo cual se espera una convocatoria de la derecha en apoyo al expresidente. Es que la condena contra el líder derechista ya se da por descontada. La fiscalía ha contado con más de 50 testigos y documentos manuscritos, archivos digitales y mensajes de texto que confirman la intentona golpista, incluyendo la confección de un decreto de emergencia destinado a suspender el resultado electoral. El argumento de la defensa de Bolsonaro fue que aquel decreto de emergencia golpista nunca fue emitido y que Bolsonaro permitió que la transición a Lula siguiera adelante. El fracaso del intento de golpe, sin embargo, se produjo sólo cuando los jefes de la Fuerza Aérea y del Ejército se negaron a apoyar la iniciativa, según todos los testimonios. La fiscalía expuso además que el plan de Bolsonaro para mantenerse en el poder empezó mucho antes del asalto del 8 de enero, más precisamente en 2021, un año antes de su derrota electoral, y cuando las fuerzas de la derecha comenzaron una campaña para sembrar dudas sobre la veracidad de los futuros resultados electorales. El complot, finalmente, también incluía planes para matar a Lula y a De Moraes, llamado el plan del “puñal verde y amarillo” por los asociados de Bolsonaro.

Debido a que el decreto de emergencia nunca llegó a emitirse, la defensa asegura que una condena a Bolsonaro equivaldría a “castigar el intento de un intento” y comparó el juicio con el “caso Dreyfus” por lo que pidió la absolución “imperiosa”. La fiscalía explicó que “no se necesita un esfuerzo intelectual extraordinario para reconocer que cuando el presidente de la república y luego el ministro de Defensa convocan a la cúpula militar para presentar un documento formalizando un golpe de Estado, el proceso criminal ya está en marcha”. Y agregó que el “panorama impactante y sombrío” descrito en la acusación no puede entenderse como una “narrativa de hechos aislados”.

Estados Unidos

En su interrogatorio, Bolsonaro solamente reconoció haber intentado buscar “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula. El expresidente asegura que el juicio se trata de una “persecución política”. Lo mismo sostiene Donald Trump, que lo calificó como una “caza de brujas”. El diputado e hijo de Bolsonaro, Eduardo, se mudó a Estados Unidos a principios de año e inició una campaña de lobby por el apoyo a su padre, incluyendo una visita a la Casa Blanca en julio pasado. El gobierno norteamericano, luego, impuso sanciones contra de Moraes bajo la Ley Global Magnitsky (una ley de la era Obama destinada a castigar a funcionarios extranjeros corruptos y a graves violaciones de derechos humanos) e impuso un arancel del 50 % a los productos brasileños. Una editorialista habitual del Wall Street Journal (10/8) titula su artículo de opinión “Un golpe de Estado en la Corte Suprema de Brasil”, donde rechaza que el 8 de enero se hubiera realizado un intento de golpe de Estado, ya que “la mayoría de los involucrados parecían ser patanes con zapatillas de tenis que deambulaban por el recinto sin armas”. La editorialista omite que los manifestantes reclamaban la intervención del ejército, como lo hacían desde hacía meses en los campamentos en las puertas de los cuarteles.

Todos los medios indican que, políticamente, las medidas de Trump han tenido un efecto adverso para Bolsonaro en Brasil, incluyendo la posibilidad de Lula de presentarse como defensor de la “soberanía” nacional y las reservas de la derecha para apoyar las sanciones contra su propio país. Por otro lado, la policía federal recomendó presentar cargos adicionales por interferencia judicial contra Bolsonaro y su hijo Eduardo, citando las reiteradas reuniones del congresista federal con funcionarios de la Casa Blanca. La defensa se queja de que el Tribunal está acelerando los procedimientos, aunque, según el New York Times (5/9), “las autoridades brasileñas ahora se están preparando para lo que creen que es una posibilidad realista: nuevas sanciones por parte de Trump dirigidas a miembros del tribunal más alto de Brasil o a las instituciones financieras del país”. Lo mismo aseguraron “cuatro jueces y dos diplomáticos, quienes hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato para poder hablar de debates internos, especularon que la Ley Magnitsky podría invocarse contra los demás jueces del panel” (Washington Post, (2/9).

Por otra parte, cuando comenzó el juicio a Bolsonaro, “el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió cartas a cinco importantes bancos con operaciones en Brasil, preguntándoles cómo estaban cumpliendo con las sanciones contra el juez Moraes” (NYT, 5/9). Una consultora aseguró al diario neoyorkino que las sanciones “plantean un problema difícil para las instituciones financieras en Brasil: no cumplir con las sanciones estadounidenses podría resultar en fuertes multas, mientras que cumplirlas podría violar la ley brasileña. 'Crea una especie de trampa para las empresas'”. Eduardo Bolsonaro afirmó en estos días haber pasado gran parte de la semana en Washington participando en reuniones con funcionarios del Departamento de Estado. “También afirmó haber visitado la Casa Blanca, pero se negó a revelar con quién se reunió” (ídem).

La derecha

Por el momento, las convocatorias de la derecha han sido modestas. El domingo se concentró un grupo de manifestantes en las puertas del domicilio de Bolsonaro, donde cumple arresto domiciliario desde principios de agosto, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que había violado una orden judicial que le prohibía el acceso a las redes sociales. El lunes siguiente, los hijos de Bolsonaro que permanecen en Brasil (Carlos y Jair Renan) rezaron junto con otros partidarios durante una vigilia en el mismo lugar. Sin embargo, las medidas preventivas de la justicia contra Bolsonaro se han incrementado en los últimos días, temiendo, entre otras cosas, por un riesgo de fuga. A principios de este mes, la policía afirmó haber encontrado un documento en un teléfono confiscado al expresidente que indicaba que planeaba fugarse a Argentina y solicitar asilo a su amigo Javier Milei. También temen por una huida a la embajada de Estados Unidos, cercana al domicilio de Bolsonaro. De Moraes ordenó el registro del interior y el baúl de todos los vehículos que salen de la residencia y el despliegue de policías en las áreas exteriores de la vivienda

El riesgo mayor, sin embargo, es la realización de cualquier acción derechista cerca de los tribunales donde se desarrolla el juicio y frente a otras dependencias estatales. “Medios de prensa locales informan que partidarios del líder derechista ahora en juicio podrían reunirse frente a los cuarteles o edificios gubernamentales, como lo hicieron en las horas previas al atentado del 8 de enero de 2023” (La Nación, 2/9). La plaza de los tres poderes se encuentra blindada y patrullada, donde se mantiene una prohibición de manifestaciones y el Ejército aseguró que tendrá “tolerancia cero” ante la realización de actos cerca del lugar. “Contingentes de la policía militar del Distrito Federal y la Guardia Nacional han sido reforzados con agentes de otros estados, mientras que un grupo de policías judiciales custodiaba el palacio de justicia desde el interior, listos para intervenir en caso de emergencia” (ídem). A esto se han sumado drones de visión nocturna que sobrevuelan la zona.

Dando por descontada una condena por parte del tribunal superior, los partidarios de Bolsonaro apuestan por la aprobación en el Congreso de una amnistía, que ya ha sido presentada en forma de proyecto legislativo, por ahora sin resultados. El reclamo es por una amnistía “amplia, general e irrestricta” que alcance no sólo a Bolsonaro y los otros siete acusados, sino también a todos los condenados por el asalto del 8 de enero. El presidente de la Cámara de Diputados es quien debe decidir si la amnistía se vota o no. “Aún no existe definición”, aseguró. Si Bolsonaro es condenado, "la presión por la amnistía continuará aumentando", aseguró un bolsonarista bajo anonimato a un medio. En caso de no lograrse aprobar el perdón irrestricto, la derecha baraja otro proyecto más acotado, que sería aceptado por sectores más amplios de la centroderecha, que no incluiría a Bolsonaro, pero sí al conjunto de los ya condenados por el asalto.

Los medios coinciden, sin embargo, en que cualquier condena aceleraría la lucha entre la derecha por la sucesión política de Bolsonaro. Ya uno de los hijos del expresidente advirtió contra las "ratas" que "solo quieren heredar" el capital político de su padre. Además de sus hijos, el gobernador conservador de San Pablo, Tarcísio de Freitas (PP), se perfila cada vez como un eventual rival contra Lula en 2026. Tarcísio de Freitas, sin embargo, “comenzó a negociar con Estados Unidos una alternativa al aumento de aranceles impuesto por Donald Trump” (O Globo, 9/6), lo que le valió una serie de ataques de Eduardo Bolsonaro en la red X. El Washington Post asegura que “la mayoría de los brasileños, según una encuesta realizada la semana pasada por Quaest Research, ahora cree que Bolsonaro es culpable y apoya la medida de ponerlo bajo arresto domiciliario”. Una académica entrevistada por el diario aseguró que “percibía que el movimiento que él creó estaba empezando a alejarse de él”, y aseguró: “los bolsonaristas han empezado a darse cuenta de que Bolsonaro está acabado políticamente”. Tarcísio de Freitas buscará heredar políticamente a Bolsonaro, en desmedro de sus hijos.

Lula, por su parte, pidió una movilización popular ante el “riesgo” de una amnistía aprobada por el Congreso, donde las fuerzas de derecha son mayoría. El actual mandatario, sin embargo, no realizó ninguna convocatoria concreta. Por otra parte, sus propios aliados en el gobierno forman parte de las fuerzas que reclaman por la amnistía. Los partidos União Brasil y el PP, que forman parte de la coalición gobernante, anunciaron que retirarán a sus ministros (Deportes y Turismo) del gabinete actual como parte de la campaña por la amnistía para Bolsonaro. La decisión, sin embargo, no incluye a otros funcionarios de esas fuerzas que permanecen en el poder. Según Folha de Sao Paulo, Lula enfrentaría serias dificultades en una eventual ruptura con sus aliados (llegó al gobierno en una coalición de 10 fuerzas, la mayoría de ellas de la derecha) en momentos en que busca la aprobación de leyes en el Congreso para mejorar su imagen de gestión.

Según The Guardian (2/9), “el domingo, día de la independencia de Brasil, se espera que los partidarios de Bolsonaro hagan una demostración de fuerza, concentrándose en las principales ciudades para exigir su absolución” Un estudioso consultado por el diario aseguró que “se avecinan días agitados”.