Tucumán: el protocolo represivo de Jaldo, ´sintonía fina´ con Bullrich y los libertarios

Escribe Alejandra del Castillo

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El giro de Jaldo como supuesto ´opositor´ al gobierno de Milei no resiste archivo. Se trata de una maniobra de salvataje del peronismo provincial, frente al derrumbe libertario y la exigencia de los grupos capitalistas de la provincia respecto de una reorientación económica que asegure sus ganancias. No obstante, el trabajo sucio de la motosierra nacional en educación, salud, gastos sociales y derechos laborales se lleva a cabo en Tucumán de la mano de Jaldo.

En materia represiva el gobierno tucumano conserva la ´sintonía fina´ con los libertarios. Tiene su propio protocolo para reprimir “disturbios en la vía pública”. Con la excusa de peleas callejeras protagonizadas por estudiantes de colegios secundarios, en mayo de 2024 impuso este decreto que habilita a la policía a detener a menores de 18 años en comisarías. No le bastaba con la ley de contravenciones de la dictadura, declarada anticonstitucional por la Corte Suprema, que da poder a la policía para las detenciones arbitrarias, ni la ley de narcomenudeo del gobierno de Manzur.

Este marco normativo es el que da piedra libre a la policía para montar operativos, llamados “El Trencito”, en las barriadas y pueblos del interior para detener a cualquiera que se encuentre en la vía pública y secuestrarle bienes, especialmente motos. También para que sin orden judicial ingresen a las casas de los vecinos a buscar “drogas” y robarles los objetos de valor o dinero que encuentren. En algunos operativos llegaron a detener a centenares de personas, y a todos los detenidos los llevan amontonadas en las cajas de las camionetas.

Esta impunidad de la policía para reprimir, hostigar y detener, también se expresa en una serie fallos absolutorios a los asesinos del gatillo fácil. Se han dado vuelta sentencias a perpetua, como el caso de Miguel Reyes Pérez, y en muchos otros o bien les dictan el sobreseimiento o se cajonean las causas que involucran a la policía. Recientemente, en un juicio por el intento de homicidio a Franco Almirón, un joven que fue baleado en el rosto y perdió un ojo durante un operativo policial, fue absuelto en nombre de que el policía acusado actuó en “legítima defensa, propia y de terceros”.

A nivel de la protesta social, el gobierno de Jaldo se ha dado la política de despejar las calles, aplicando represión y detenciones. El ejemplo más reciente de esto es lo que pasó con la protesta de trabajadores municipales de Yerba Buena: cuando reclamaban contra la precarización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, tres trabajadores resultaron detenidos, entre ellos el secretario general de ATE de dicha seccional. Pasó lo mismo con los trabajadores de Pedidos Ya. La paradoja es que Yerba Buena tiene como intendente a un macrista devenido en libertario, lo que demuestra la unidad de intereses en la política de ataque a los trabajadores y cercenamiento de las libertades democráticas.

Desde Política Obrera planteamos la necesidad de enfrentar la política represiva peronista-libertaria impulsando asambleas en las barriadas, para enfrentar los atropellos y poner en pie una coordinadora en defensa de las libertades democráticas, junto a familiares de víctimas del gatillo fácil, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. En la campaña electoral que tenemos por delante vamos a llevar este planteo a las charlas y reuniones que realicemos en los barrios y localidades del interior.

Revista EDM