Jujuy: la Corte Suprema frena la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua
Escribe Martin Iñaki Aldasoro
Un fallo histórico, de difícil cumplimiento y de rescate al capital.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia para el cese inmediato de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua, ubicado en la provincia de Jujuy. El pronunciamiento de la Corte se produce sobre un amparo colectivo presentado en 2014.
El fallo responsabiliza al Estado Nacional y a la provincia de Jujuy por el incumplimiento de sus deberes de control y preservación del medio ambiente, y establece un plan de remediación ambiental que deberá concluir antes del 31 de diciembre de 2030. Originalmente el plazo del proyecto de remediación se extendía hasta 2049, pero por la gravedad de la contaminación de la zona decidieron adelantar las fechas.
Décadas de contaminación y rapiña
Desde 1962, YPF realizó exploraciones y la explotación sucesiva de pozos petroleros en la zona, perforando más de 30 pozos en la zona, incluyendo el pozo Caimancito E3, que colapsó en 1997 y provocó la contaminación del arroyo Yuto. En 1979 se crea el Parque Nacional Calilegua y la explotación petrolera queda dentro de la jurisdicción del Parque, que ante la incompatibilidad de funciones -crear un parque nacional que cuide la biodiversidad de las Yungas, pero permitiendo la explotación petrolera-, esta actividad contaminante siguió su curso en una ilegalidad más o menos velada desde hace más de 46 años con la complicidad de todos los gobiernos nacionales y provinciales.
No se trata solo de derrames petroleros. También hay reportes de cursos de agua contaminados, con temperaturas que superan los 70C, salinizados, con metales y azufre, como el que contaminó el arroyo Yuto. También barro empetrolado, contaminación de las napas de agua potable, explosiones por la presión de la cañerías y derrames en diversos puntos.
Las consecuencias son múltiples: desplazamiento, muerte y contaminación de fauna silvestre protegida, pérdidas forestales, enfermedades y hasta muertes humanas vinculadas al uso de explosivos en la actividad.
Luego de la privatización de YPF en los 90, han participado diversas empresas privadas de la explotación petrolera en la zona bajo todos los gobiernos (Pluspetrol, UTE Petróleos Sudamericanos, la sociedad JHP International Petroleum Engineering Ltd. y la petrolera china Petro AP SA). La última fue la china JHP International Petroleum Engineering Ltd en 2017, que se retiró armando una sociedad de transición con una empresa del estado jujeño, Jujuy Hidrocarburos SAU.
**Giros inesperados y dificultades en la remediación **
Si bien el fallo era esperable, sorprendió que todos los involucrados formalmente lo hayan apoyado, inclusive los funcionarios provinciales.
La actual ministra de Medio Ambiente, María Inés Zigarán, que ocupa dicho cargo desde que la UCR gobierna Jujuy, es decir hace 10 años, declaró su acuerdo con el fallo.
El gobierno informó que ha cerrado algunos pozos, pero que siguen 12 pozos en actividad, de los cuales adquiere los recursos con la venta del crudo para el cierre y las tareas de remediación, aunque no hay rendiciones de cuentas claras ni plazos. Ha anunciado asimismo que necesitará financiamiento extraordinario de la Nación para poder avanzar.
El fallo cae en el momento más inoportuno para el radicalismo, ya que la propia ministra Zigarán encabeza la lista de diputados nacionales de Jujuy Crece (UCR + aliados).
Un fallo ambiguo
El fallo tiene muchas limitaciones y sienta un precedente preocupante.
Establece que las responsabilidades son del gobierno de la provincia de Jujuy, de la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), de Jujuy Hidrocarburos Sociedad Anónima Unipersonal y del Gobierno Nacional.
Las condenas son por la continuidad de la actividad petrolera en zona prohibida y por la omisión de fiscalización pese a las denuncias.
Todas las empresas privadas que han explotado los pozos y contaminado quedaron eximidas de cualquier responsabilidad en la remediación ambiental.
Este fallo será festejado por las mineras en caso de que siente jurisprudencia, recayendo la responsabilidad de las tareas de remediación en los Estados y no en las empresas privadas, que serán costeadas con mayor ajuste sobre los trabajadores y la población en general.
El fallo empalma con el Acuerdo de Paris y la agenda 2030 de la ONU, en las antípodas de los planteos del gobierno de Milei y la política de Trump y la derecha internacional. ¿Milei va a aportar recursos extraordinarios millonarios para sanear el medio ambiente?
Este fallo de la Corte abre un nuevo capítulo de lucha de las poblaciones de Caimancito, Calilegua y sus alrededores por el cumplimiento efectivo de este fallo y por el saneamiento ambiental de la región.
