Trump quiere reforzar la ocupación militar de Haití con una nueva Minustah

La utilización de bandas parapoliciales yanquis al parecer no le resultó suficiente a Trump para mantener el control en Haití, y por eso precisa nuevamente de fuerzas militares de diferentes países para que releven al ejército norteamericano de esa función y poder centrarse en hostigar a Venezuela y al resto del Caribe.

Estados Unidos logró esta semana el apoyo de todos los países de la OEA para la creación de una “Fuerza de Supresión de Pandillas” en Haití.

La iniciativa fue presentada por los gobiernos de Trump y de Panamá en la ONU, y necesita para su aprobación que China y Rusia no ejerzan su poder de veto en el Consejo de Seguridad, como ya lo hicieron años anteriores.

El embajador argentino Carlos Cherniak, ayudó a los norteamericanos a contrarrestar la oposición de México, Colombia y Cuba, para que lograra imponerse en la OEA con este planteo para Haití como no lo habían logrado contra Venezuela.

Este planteo se da en momentos en que Estados Unidos maniobra para evitar la asistencia de varios países a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al no brindarles la visa a sus delegaciones, como a Irán, Sudán, Zimbabue, la Autoridad Nacional Palestina y, por ahora, hasta a Brasil, en un hecho inédito.

Catástrofe humanitaria

Haití vive una catástrofe, que es producto en gran parte de la intervención que hasta el 2017 hicieron los cascos azules, sitiando al país con fuerzas militares extranjeras que vandalizaron al país, disfrazando la situación como ayuda humanitaria.

La mitad de la población enfrenta inseguridad alimentaria y niveles sin precedentes de desplazamiento forzado, que se triplicaron el año pasado hasta sobrepasar el millón de personas, según una actualización de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que señaló que los desplazamientos masivos han continuado en 2025.

Desde hace más de un año, las pandillas han tomado el control de grandes áreas dentro y fuera de la capital -Puerto Príncipe- violando, matando, saqueando infraestructura civil, incluyendo escuelas y hospitales, así como secuestrando niños reclutas para luchar (New.un.org, 10/09).

“Actualmente, hasta la mitad de todos los miembros de grupos armados son niños” indicó la OCHA. “El miedo impregna la vida diaria” mientras las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio, comida y seguridad (Ídem).

La ONU planifica bajo la dirección de Estados Unidos la represión, pero de ayuda real no hay nada. De los 908 millones de dólares necesarios para atender necesidades urgentes, solo el 11% está financiado, dejando un déficit de 800 millones de dólares. Ante esta situación caótica, a Trump se le plantea el problema de cómo mantener el control del país más pobre de occidente.

A principios de año, Estados Unidos logró que Haití contratara a Blackwater para encargarse de la seguridad de Puerto Príncipe y aledaños. Blackwater es una compañía mercenaria implicada en operaciones militares cuestionadas por torturas, asesinatos a sangre fría y corrupción, acusada de violaciones a los derechos humanos, como la masacre de Bagdad en 2007 en la que ejecutaron a 17 civiles.

Uno de sus ex vicepresidentes -el agente de la CIA Philip Reilly- hoy dirige SRS, una de las dos compañías que juegan al tiro al blanco con los gazatíes mientras fingen repartir ayuda humanitaria.

De esta manera, ahora con la remanida excusa de combatir al narcotráfico, Estados Unidos ocupa militarmente nuevamente a Haití.

Así una de las consecuencias de la política de Donald Trump es haber aumentado el despliegue de estas fuerzas de mercenarios por diferentes lugares del mundo vandalizando poblaciones enteras y exacerbando la catástrofe.

Sin embargo, como con los mercenarios no le alcanza, ahora, la Casa Blanca recurre a la ONU. Así se garantiza la socialización del pago de la cuenta. La factura de los mercenarios fue pagada por el mismo pueblo haitiano. En ambos casos, Estados Unidos se garantiza la represión sin hacerse cargo de los gastos.

El proyecto plantea una misión de 5.500 efectivos con capacidad de arresto y equipada con fuerza letal.

Los cascos azules se habían retirado de Haití con graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y trata de personas.

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que se había instalado en el 2004, se fue tras 13 años de desastre generando más problemas al país, incluida una epidemia de cólera importada por los soldados nepalíes.

Luego de su retirada en el 2017, Estados Unidos intentó su reinstalación, pero fue impedida por el veto de Rusia y China.

Los planes de Trump

Con respecto a Haití, el objetivo básico de la administración Trump es lograr que China y Rusia se abstengan cuando se ponga a consideración el proyecto presentado en la ONU, manipulando con la amenaza de aranceles y sanciones. Una de las tantas razones por las que sigue posponiendo el plazo impuesto a China y su reunión con Xi.

Con una nueva Minustah haciendo su trabajo sucio en Haití, Trump puede relevar fuerzas para concentrarse en el resto de América latina. Cuando el portal Político, controlado por la empresa de noticias alemana Axel Springer SE, filtró en mayo el borrador del proyecto de la nueva “Estrategia de Defensa Nacional (EDN)” de Estados Unidos que suele publicar el Pentágono, la EDN fue calificada de “aislacionista” y de promover el neomonroísmo por su redireccionamiento hacia América latina.

En esto se encuadra su intención de retirar tropas yanquis asentadas en Europa y Asia y el despliegue del comando Sur por el Mar Caribe. Se prevé que en octubre el Pentágono retirará la totalidad de sus tropas de los países Bálticos.

América latina

Este lunes Trump volvió a anunciar la destrucción de un nuevo supuesto barco narco y el asesinato de tres supuestos narcos venezolanos en aguas internacionales. En este caso, como en un anuncio anterior, la única prueba del hecho fue un video que muestra el bombardeo sin que se pueda identificar lugar, tiempo, ni procedencia, mucho menos la existencia de estupefacientes. Sin embargo, lo relevante, es que el gobierno norteamericano anuncia las primeras acciones bélicas en la región en más de 30 años, buscando posiblemente dar inicio a una contienda y lograr imponer condiciones.

El viernes pasado, uno de los buques militares yanquis detuvo un barco pesquero y mantuvo incomunicada a toda su tripulación durante horas, en aguas territoriales venezolanas, en lo que fue otra fragante provocación y violación del derecho internacional.

Con estas provocaciones, Trump mete a América latina en el escenario de la guerra mundial, haciendo foco en uno de los flancos más débiles para su defensa frente a la opinión pública mundial como es la Venezuela de Nicolas Maduro, acusado de fraude y cuestionado en los hechos por el éxodo de un tercio de la población de su país.

Por otro lado, ha logrado imponer condiciones. El Pentágono también ha logrado establecer una zona militarizada a lo largo de la frontera sur con México que permite al ejército detener a civiles y tener a fuerzas mexicanas bajo sus órdenes.

En cuanto a la Argentina, el 12 de agosto pasado, en el marco de un ejercicio militar en el que participaron el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la Brigada de Infantería de Marina Austral de la Armada Argentina, marines yanquis arribaron a Tierra del Fuego. La penetración de una fuerza militar extranjera, que pasó desapercibida para los medios nacionales, fue completamente ilegal porque no contó con autorización del Congreso. En este caso estamos frente a un intervencionismo militar “con invitación”, violando las leyes argentinas, un peligro para la soberanía del país sabiendo que una de las intenciones del norte es instalar una base militar en Ushuaia.

Este mismo método se está aplicando en Ecuador, Guyana, Trinidad, El Salvador y Panamá.

En este último país, el nuevo arribo de marines, junto con otros reclamos, ha generado una huelga general y movilizaciones masivas que fueron fuertemente reprimidas.

Uno de los sindicatos que encabezó las protestas, el Suntracs, fue el más perseguido con once órdenes de detención y más de cien causas penales a través del lawfare para intentar detener la huelga. El gobierno está intentando disolver el sindicato.

Genaro López, dirigente del Suntracs está preso desde mayo y otros dirigentes se exiliaron del país.

Los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) también fueron arrestados por promover los piquetes.

La movilización de los trabajadores en toda América latina urge para expulsar a los marines y detener la guerra.