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Los datos y las cifras conocidas con respecto a la actividad económica, y particularmente industrial, en la provincia de Santa Fe, reflejan una crisis sin comparación. El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) elaboró un informe, publicado el 15 de septiembre, que da cuenta del estado crítico del entramado productivo.
Desde el inicio de la motosierra, todos los gastos vinculados a la obra pública con fondos nacionales se han cortado abruptamente. Tal rubro ha quedado literalmente liquidado, mientras en 2025 repuntó la actividad agraria ya que no se registraron sequías y, en segundo lugar, las intermediaciones financieras. A su vez, se estiman 1.800 empresas cerradas desde diciembre de 2023, contabilizando 14.500 puestos de trabajo destruidos, entre ellos 6.000 de la industria. La política recesiva y deflacionaria sólo tiene como propósito un alza artificial de los títulos de deuda externa. Mientras que, respecto a los ingresos asalariados privados, cada trabajador ha perdido promedio 1.400 millones de pesos de bolsillo. En definitiva, la política económica liberticida está causando estragos, mientras el gobernador radical, Maximiliano Pullaro, se vanagloria de defender el “interior productivo”.
Ni una palabra sobre del desplome industrial, donde son cientos de despidos en la siderurgia, que tiene al grupo Acindar en centro de la cuestión. Los parates productivos, las suspensiones de personal con la percepción del 50%, ni hablar de la desvinculación de los contratados, no han tenido ningún tipo de reacción de quien se está proponiendo para comandar el país como ´alternativa´ a Milei. En el caso de la fábrica Vasalli, de Firmat, cuyos obreros no cobran sus sueldos desde junio e inclusive han movilizado a la comunidad, el Ministerio de Trabajo provincial permitió que en la audiencia de conciliación obligatoria la patronal sea representada por la diputada Florencia Arietto, abucheada cuando criticó a los obreros de la empresa y les dijo que era por las medidas de fuerza que no cobraban.
En igual sentido, ante los despidos ilegales por la Metalúrgica Metrofund en Rosario -donde unilateralmente despidió al 30% de su planta pagando la mitad de las indemnizaciones sin que medie ningún recurso preventivo de crisis- no se procedió a ningún tipo de arbitraje. Ambas son verdaderas provocaciones, pero que retratan que en realidad el gobierno provincial deja pasar el industricidio porque con el mismo se liquidan trabajadores con antigüedad, permite la contratación de nuevos contingentes a un costo menor, e intenta doblegar la voluntad de lucha de las comisiones internas de los cuerpos de delegados.
El ajuste aplicado por Pullaro ahondó en aumentos por decreto del 1% de la administración pública, la cesantía de cientos de contratados. Los recursos destinados al pago de sueldos disminuyeron 10%, perdiendo cada estatal 6,2 millones desde el inicio de su mandato. La única obra pública de la cual se jacta, y que tanto demanda, está destinada a la construcción de cárceles. El método de Pullaro-Scaglia y Milei es el mismo. Sus diferencias no escapan de la misma plataforma política.
