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La Plaza Independencia, como ocurrió en todo el país, fue el lugar de convocatoria para reclamar justicia por Morena, Brenda y Lara. Más de 1000 personas se dieron cita para denunciar el triple femicidio y la responsabilidad del Estado en el accionar impune de los narcos. Con carteles, pancartas, se expresó la conmoción.
Tucumán es también zona arrasada por el narcotráfico. Recientemente el municipio de Alberdi, en el sur de la provincia, fue intervenido por los vínculos de distintos integrantes del gobierno municipal, en manos del PJ, con la venta de drogas. Jaldo dispuso rápidamente la intervención y el llamado a elecciones para establecer un cordón sanitario y evitar que el problema salpicara a todo el régimen político.
En 2020, en plena pandemia, salió a la luz una banda comandada por un concejal y un legislador del PJ, en este caso también secretario general de ATSA, que usaba ambulancias del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) para trasladar marihuana y cocaína a distintas localidades de la provincia y barrios de la capital tucumana. Esta usaba la sede del Departamento de Operativos Móviles del Siprosa para el acopio. Nada eso fue investigado, sólo se desplazaron a los empleados del Siprosa involucrados.
En la provincia tuvimos un transfemicidio de similares características en febrero de 2018, cuando una banda narco asesinó a una joven trans, Cynthia Moreira, descuartizó su cuerpo y lo ocultó en el fondo de una casa deshabitada. Sus asesinos nunca fueron condenados.
En todo este tiempo, tanto el gobierno de Manzur como el de Jaldo han reforzado con personal y equipamiento a la policía provincial, se han instalado bases de la Gendarmería, los operativos en las barriadas son sistemáticos, pero todo esto solo ha servido para militarizar la provincia frente a la tensión social, que se ha acentuado en los últimos años, y en el mejor de los casos para contener deteniendo a los integrantes (los dealers) del negocio.
En la concentración y acto realizado por el triple femicidio, Alejandra del Castillo en nombre de Política Obrera denunció la complicidad del poder político y las instituciones del Estado con las redes de narcotráfico y trata. Planteó, además, que para enfrentar esta barbarie que tiene entre sus víctimas a las mujeres y a la juventud, se debe impulsar una lucha política a fondo y de conjunto, integrando los reclamos al conjunto de reivindicaciones de lucha contra los gobiernos y el régimen político. El combate a la droga no puede estar nunca del lado de los gobiernos socios y blanqueadores de los negocios narcos de bancos y grandes capitalistas. Incluso en nombre de la lucha contra el narcotráfico, Trump prepara una agresión contra Venezuela e incluso Colombia.
Desde Política Obrera, a diferencia de las corrientes K, que sólo se quedaron en la denuncia y en expectativas de un cambio de gobierno, y del FITU, que con la bandera del feminismo llama a la burocracia sindical a organizar la lucha, planteamos la necesidad de abrir una salida desde las y los oprimidos, de la organización independiente del movimiento de mujeres y en unidad con el conjunto de los trabajadores.
