Privatizar Nucleoeléctrica es un crimen contra la soberanía y el pueblo trabajador

El gobierno avanza con un plan de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares de potencia del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. No es una decisión aislada ni técnica: es un nuevo capítulo en el desguace del sector energético nacional, heredero directo de la reforma menemista de los años 90, que abrió la puerta a la entrega con la Ley 24.065 de Energía Eléctrica.

Aunque NASA funciona bajo la forma jurídica de sociedad anónima, el 100% de su capital accionario pertenece al Estado argentino, a través del Ministerio de Economía y la CNEA. Pero esa figura jurídica no es inocente: NASA nació como un desprendimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, justamente para separar y “mercantilizar” las áreas de la CNEA que generaban ingresos, como la operación de las centrales de potencia, y someterlas a la lógica empresarial.

EL VALOR REAL FRENTE A LA ESTAFA DE LA PRIVATIZACIÓN

Una central nuclear de potencia tiene un costo estimado de 6.000 a 7.000 millones de dólares por cada 1.000 MW instalados. NASA cuenta hoy con unos 1.600 MW de potencia, lo que equivale a más de 10.000 millones de dólares en infraestructura solo en generación. A esto debe sumarse el valor de sus talleres, su ingeniería de diseño y construcción, y su plantel de técnicos y profesionales formados durante décadas. Frente a esto, el gobierno pretende vender la empresa por apenas 1.100 millones de dólares. Menos del 10% del valor real. Una verdadera liquidación a precio vil. Pero hay más: las tres centrales nucleares están en plena capacidad operativa. Atucha II entró en funcionamiento en 2015, lo que garantiza al menos tres décadas de operación futura. Embalse completó en 2018 una extensión de vida útil por 30 años, lo que asegura producción hasta casi 2050. Atucha I atraviesa su propio programa de extensión, con finalización prevista para 2028, lo que le permitirá seguir funcionando otros 20 años. Quien se quede con NASA recibirá décadas de generación garantizada sin necesidad de invertir un solo dólar adicional.

EL ANTECEDENTE MENEMISTA: LA LEY 24.065

El esquema actual es hijo directo de la Ley 24.065 de 1992, una copia del modelo eléctrico inglés impuesto por Thatcher. Aquella ley fragmentó el sistema eléctrico en generación, transporte y distribución; creó a CAMMESA como operador del mercado mayorista, controlado por los privados; y lo más grave: prohibió que las empresas públicas tengan fines de lucro. Ese artificio legal condenó a las empresas estatales a depender de subsidios y limitó su capacidad de inversión.

NASA ES SUPERAVITARIA A PESAR DEL VACIAMIENTO

El resultado es absurdo: mientras al sector privado se le paga el precio pleno por la energía, a las estatales se les paga menos. Por ejemplo, a las hidroeléctricas estatales se les paga 17 dólares el MWh, a NASA se le paga apenas 57 dólares por MWh, a las privadas térmicas y renovables mucho más la energía importada desde países limítrofes alcanza los 106 dólares por MWh. En otras palabras: el Estado paga más caro a los extranjeros y a los privados que a su propia empresa. Si NASA cobrara lo mismo que un privado, su superávit sería muchísimo mayor. A pesar de esto, la facturación estimada por generación eléctrica ronda los USD 690 millones anules. Y la empresa reporta que en el primer trimestre de 2025 registró un resultado financiero positivo de $ 17.234 millones, resultando un anual proyectado de $ 68.936 millones de pesos o 53 millones de dólares. El objetivo de fondo está claro: el Estado pone las inversiones, los capitalistas se llevan las ganancias.

NASA NO ES SOLO UNA OPERADORA

El gobierno presenta la privatización como si NASA fuera simplemente una operadora de centrales. Pero no es así. NASA es mucho más: Opera, mantiene, repara, diseña y construye. Presta servicios a sus propias centrales y a otras. Es un eslabón estratégico del sistema científico-tecnológico nacional. Achicar NASA mediante la privatización significaría destruir capacidades únicas en la región, que tardaron décadas en consolidarse y que serían casi imposibles de recuperar en el futuro.

IMPACTO LABORAL Y SOCIAL

La privatización también es un ataque directo a los trabajadores. Existen pocas operadoras privadas en el mundo, se estima que ellas trabajan con 1,3 empleados por cada MW instalado. Aplicar ese criterio en NASA implicaría despedir entre 700 y 1.300 trabajadores. Pero el golpe no termina ahí: los salarios en NASA ya son de miseria. Se paga apenas un tercio de lo que cobra un profesional en el sector privado, lo que provocó que en lo que va del año renunciaran 322 trabajadores, en su mayoría profesionales formados durante años por el Estado. El vaciamiento no es nuevo. En 2018, durante el macrismo, se despidió a más de 300 compañeros, y hoy muchos sectores de la empresa operan con menos personal que el staff mínimo requerido. El impacto social sería devastador, especialmente en la región de Zárate-Campana, donde la industria nuclear es motor de la economía local. Miles de familias obreras dependen de la continuidad de NASA como empresa estatal.

ENERGÍA LIMPIA, BARATA Y SOBERANA

La energía nuclear es parte esencial de la matriz energética argentina: aporta apenas el 7% de la generación, pero es energía de base, estable, limpia y libre de emisiones de carbono. Privatizar implica asegurar rentabilidad a los capitalistas amigos del gobierno y por lo tanto tarifazos para el pueblo trabajador.

SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL

La energía nuclear no puede quedar en manos privadas porque no se trata solo de electricidad: es un asunto de soberanía y de seguridad nacional. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que domina el ciclo nuclear completo. Privatizar NASA es regalar una capacidad estratégica que compromete no solo el desarrollo económico, sino también la independencia tecnológica y la seguridad ambiental.

UN PLAN DE LUCHA OBRERO Y POPULAR

La entrega de NASA es parte del pacto entreguista con el FMI y Estados Unidos, que busca rematar los activos estratégicos del país, impedir el desarrollo tecnológico, avanzar en la condición semicolonial del país de manera que sea irrevocable. La respuesta no puede ser tibia:

La clave es un plan de lucha que una a los trabajadores del sector con el conjunto de la sociedad para enfrentar no solo esta privatización sino también la avanzada sobre las centrales hidroeléctricas y sobre todos los recursos estratégicos del país. Nuestras consignas deben ser claras:

• Nulidad de la Ley 24.065, que abrió la puerta al desguace. Nacionalización del conjunto del sistema de energía, único, centralizado, estatal y bajo gestión obrera.

• Caída de la Ley Bases, del artículo 8 que habilito la privatización y del decreto privatizador 695/25, que deben ser considerados nulos.

• NASA debe dejar de ser una sociedad anónima y convertirse en una empresa 100% estatal, única y centralizada, bajo control de los trabajadores.

• Paro nacional ya contra el pacto entreguista, fuera el FMI y el imperialismo yankee de la energía argentina.

Somos los trabajadores quienes movemos el mundo. Si bajamos la potencia generada en las centrales nucleares y/o en cualquier otra, se paraliza el país. Está en nuestras manos.