Nueva Reforma del Código Penal agrava penas y aumenta delitos

Milei no tuvo mejor reacción a la crisis desatada por el vínculo de José Luis Espert con el narcotráfico que anunciar una nueva reforma del Código Penal. La presentó en sus lineamientos generales, junto a Patricia Bullrich -Ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA- en un acto en el penal de Ezeiza. Espert lo vio desde la platea.

En 20 minutos, Milei y Bullrich anunciaron un aumento generalizado de penas, la tipificación de nuevas conductas punibles y la liquidación de garantías constitucionales, como imprescriptibilidad. Volvió a cargar con la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Todo esto fue etiquetado como la política de ´tolerancia cero´, una innovación, según Bullrich, que no es tal, pues plagia a la del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, hoy abogado de Donald Trump, y acusado de varios delitos. Pobló las comisarías y las cárceles con personas en situación de calle, afrodescendientes e inmigrantes. Giuliani es una figura que conquistó también a Sergio Massa, quien en las últimas elecciones prometió “acabar con el garantismo que tanto mal le hizo a la Argentina”.

Populismo punitivista

Esta empresa reaccionaria comienza con el aumento de los mínimos de la escala de cada figura, al punto que el 82 % de los estos delitos será de efectivo cumplimiento ya que superarían el piso de los 3 años. ¿De qué delitos estamos hablando? De hurtos y robos, que son los que más suceden según las estadísticas. El proyecto de reforma llega al absurdo de que el “robo de celular”, es considerado “un agravante”. Para el caso del delito de usurpación, con la escala groseramente aumentada (de 3 a 10 años) cualquier fiscal podría actuar contra familias sin techo que se encuentren precariamente asentadas en un terreno privado o ajeno, y solicitar su prisión preventiva, operando como un desalojo exprés. Todo este reforzamiento es un reconocimiento de la profundidad de la actual crisis social. Así las cosas, se liquida virtualmente cualquier alternativa a la privación de la libertad.

En el articulado, el gobierno deja entrever cuáles son sus objetivos políticos. Por caso, las calumnias e injurias se penarían con cárcel, y en su forma agravada contemplaría condenas de hasta 6 años de prisión. Bien entendida, es un amedrentamiento al trabajo periodístico, la libertad de prensa, la prohibición de la censura previa y a la opinión de cualquiera que critique al gobierno nacional y su camarilla de lúmpenes. Quien ose achacarle a Milei ser el autor de una estafa piramidal, que lo piense dos veces, porque puede ir en cana.

Mención aparte para el delito de “agresión en manifestaciones”, que indica ser la referencia concreta para abrir el paraguas a la represión policial y a la provocación de los servicios de inteligencia infiltrados. Quienes en el curso de una movilización agredieran (lo cual puede ser desde un insulto), serán destinatarios de penas que van de 2 a 5 años y si el destinatario fuese un funcionario público o un agente de seguridad, la misma se eleva de 3 a 9 –en este caso, el acusado será pasible de ser sometido a prisión preventiva-. Es el amparo legal a la cacería política que el gobierno ejecuta cuando motoriza el protocolo antipiquetes. Al mismo tiempo, se volvió a agitar la modificación en la legítima defensa que permita a las fuerzas de seguridad resguardarse ante los “excesos” represivos bajo el rótulo de haber obrado bajo el cumplimiento del deber. Es legitimar la tentativa de homicidio contra Pablo Grillo, quien sigue luchando por su vida.

Farsa política y manotazo de ahogado

Como corolario, Milei y su séquito pretenden limpiarse la cara con un recurso falaz. Además de aumentar la pena por estafa, incorpora un agravante -la estafa piramidal- interpretando que él no tiene nada que ocultar sobre el escándalo cripto. Ni hablar del delito de narcotráfico, trata de personas y pornografía infantil, que lo tiene a Espert como vínculo directo y en el último caso con un diputado misionero preso. La sátira se complementa con el agravamiento del cohecho, luego del desmadre de Spagnuolo y Karina 3 %.

Toda esta reforma no tiene otra intención que hacer un control de los daños que la votación de las elecciones va a generarle a este gobierno desahuciado. Carece de los recursos políticos para llevarla adelante, lo cual no quita que esta agenda sea asumida por la gran avenida del medio que alientan Pullaro y Kicillof.