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El 3 de junio, en medio de la movilización #NiUnaMenos, nos enterábamos de que el fiscal Fernando Rivarola de Rawson propuso un acuerdo a favor de “la manada” de Chubut, al reducir la calificación de “abuso con acceso carnal” a “abuso sexual simple” por la violación cometida en la ciudad de Playa Unión, en el año 2012, cuando un grupo drogó y abusó de una chica de 16 años durante una fiesta de la primavera. Este cambio implica que el juicio sería abreviado, con una pena de 3 años sin aplicación efectiva para los únicos tres imputados por el hecho. Otros tres acusados fueron liberados de cargos durante la investigación.
La víctima realizó la denuncia en el año 2019, luego de años de tratamiento psicológico. Tuvo que emigrar de Puerto Madryn -donde residía- por el hostigamiento y las amenazas que recibió por elementos acomodados y ligados al poder en esa ciudad. Esto implicó un daño irreparable que hoy culmina con su revictimización.
La “justicia”: un problema de clase
Este caso muestra con claridad cómo funciona la justicia en este régimen. Con esta propuesta del fiscal, el poder judicial responde favorablemente a la clase a la que representa. Los acusados no son ni más ni menos que los hijos del poder de Madryn y Trelew. Hijos de los dueños de inmobiliarias y de empresas del ámbito pesquero, así como nietos y hermanos de ex y actuales intendentes y gobernadores de la provincia que pertenecen al armado político tanto del peronismo como de la UCR.
Se trata de la misma provincia que adhirió y celebra la ley Micaela, y que dice asegurar la formación en género de todos los funcionarios del gobierno. Incluido el fiscal de esta causa, que no dudó en llamar “desahogo sexual” a una violación en manada, en función de que los responsables no vayan presos. La "perspectiva de género" no movió el amperímetro de la impunidad de la que gozan los poderosos, revelando el carácter de clase del poder judicial, que aplica a los casos de violencia a la mujer.
La repetición de estas situaciones, a lo largo de los años, es el resultado de un Estado que no toma las denuncias por violencia sexual, y de las que se toman, muy pocas son investigadas y llegan a una condena firme. Según el informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del año 2019, la Encuesta Nacional de Victimización llevada a cabo por el INDEC y el Ministerio de Seguridad arroja que el 87,4% de las víctimas de abusos sexuales no ha realizado denuncias, producto principalmente de la desconfianza en el accionar de las autoridades. Este informe arroja otra cifra escalofriante: solo el 15,5% de las denuncias efectivamente realizadas llegan a una sentencia condenatoria por estos delitos contra la integridad sexual.
Es este mecanismo perverso el que nos lleva a las mujeres a no denunciar, a tener que optar por abandonar las causas o aceptar resoluciones que lejos están de impartir justicia. No tenemos que olvidar que gran parte de los femicidios en nuestro país son hacia víctimas que previamente denunciaron a sus agresores.
El mismo Estado que desarrolla la precarización, diferenciación salarial y el trabajo doméstico gratuito, es el que no tiene un plan integral contra este flagelo y actúa garantizando la impunidad de los agresores.
No es un fiscal, es un régimen putrefacto
Este caso cobra importancia por involucrar a círculos con vínculos estrechos con el poder político provincial. Es por esto que las autoridades que responden a Arcioni, así como él mismo, han intentado desviar activamente la mira para dejar impune al régimen político en su conjunto.
En el día de ayer el pueblo de Madryn marcho exigiendo justicia en confluencia con el personal de salud, estatales y docentes. Este es el camino. Los responsables del ajuste son los responsables de la impunidad.
Vamos por la deliberación del conjunto de las mujeres y por la conformación de una comisión independiente que lleve adelante el seguimiento de la investigación. Desarrollemos la pelea en las calles por el cambio de calificación de la causa y la condena correspondiente. Hoy más que nunca el movimiento de mujeres debe responder con la organización contra un sistema político y social que de conjunto no tiene nada más que ofrecer que la barbarie.
Exigimos el juicio y castigo a todos los violadores y encubridores de “la manada” y la investigación de toda la trama de amenazas y de impunidad. Elección popular de jueces y fiscales.
