Comienza el juicio por los “Cuadernos de Centeno”: casi toda la burguesía nacional en el banquillo

El juicio de la megacausa conocida como los “Cuadernos de Centeno” comenzará el próximo 6 de noviembre, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. “Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, asegura la fiscal Fabiana León (Clarín, 31/10).

Serán juzgados 126 acusados, entre ex funcionarios y empresarios, por los delitos de asociación ilícita, cohecho y encubrimiento, entre otros cargos. Entre ellos se encuentra la expresidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión efectiva -que se encuentra cumpliendo en un domicilio del barrio porteño de Monserrat- e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por la causa conocida como “Vialidad”. Fueron convocados a declarar 899 testigos. Las dimensiones de este juicio, efectivamente, no tienen antecedentes. Como no existe sala en los tribunales de Comodoro Py que pueda albergar a tanta gente, el juicio se hará por la plataforma Zoom y será transmitido en directo por YouTube. Las audiencias comenzarán con una frecuencia de una vez por semana, se interrumpirán en enero por la feria judicial y recién en marzo del 2026 se sumará un segundo día de debate. Con estos tiempos, algunos de los abogados intervinientes estimaron que la duración total del juicio podría ser de 25 años. Parece una desmesura –o un salvoconducto a la impunidad. “Es un juicio sin plazo de cierre. Nadie podría prever qué Argentina espera más allá del veredicto. La posible eternidad del proceso -que comienza siete años después de la explosión del caso en agosto de 2018, con la chance de múltiples demoras más de cara a las posibles presentaciones de todas las defensas- podría superar a la grieta misma, la industria de la confrontación del kirchnerismo y sus enemigos”, escribió Federico Fashbender en Infobae (4/11).

La causa tiene un origen inquietante: Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, llevó una puntillosa anotación en cuadernos escolares del recorrido que realizaba para recoger sobornos de empresarios para ingresar a la obra pública. Los empresarios en cuestión constituyen lo más granado de la ´patria contratista´. Entre otros, se encuentran Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Luis Betnaza (director de Techint), Juan Carlos Lascurain (expresidente de la UIA) y Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Los “cuadernos de Centeno” llegaron a manos del fiscal Stornelli -y de este al fallecido juez Bonadío- de manos de un periodista de La Nación, sin pasar por sorteo. A éste, a su vez, se los alcanzó un vecino o amigo de Centeno. Finalmente, aceptados por el juzgado, Centeno se presentó como ´arrepentido´, dando inicio a una larga serie de confesiones y delaciones, apuradas por el propio Bonadio. El Departamento de Estado norteamericano -en la primera presidencia de Trump, pero luego también bajo la gestión de los demócratas- siguió con especial atención la marcha de la causa judicial, interesados en ingresar en el negocio de la obra pública local, que en muchos países del continente constituye un ´coto´ de las burguesías locales. Washington había operado ya en un intento por desbancar a Odebrecht, una poderosa multinacional de origen brasileño con operaciones en toda América Latina -incluso Cuba- que repartió sobornos a diestra y siniestra. En algunos países, la cuestión detonó grandes crisis políticas, como en el caso de Perú. En Argentina, sin embargo, su impacto fue relativamente menor. En cambio, hizo eclosión el asunto de los cuadernos.

A través de Centeno salió a la luz la cartelización de la obra pública, con pelos y señales. Un puñado de empresarios del rubro se distribuían las obras, a cambio de una ´comisión´ para los funcionarios. Un rol central lo jugaba el ahora ´arrepentido´ Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Algunos de los señalados intentaron desvincularse de la causa con diferentes maniobras y argumentos, como Paolo Rocca, quien aseguró que había desembolsado el dinero para ´repatriar´ a personal de la empresa desde Venezuela, tras la expropiación de Sidor durante el gobierno de Hugo Chávez, en realidad pagó para ´aceitar´ gestiones para conseguir el desembolso de una jugosa compensación por dicha expropiación. Hubo empresarios que trataron de desligarse asegurando que los pagos constituían aportes para la campaña electoral del oficialismo, en un intento por atenuar las consecuencias penales. Por último, algunos empresarios y también ex funcionarios ofrecieron una compensación económica al Estado. Ninguno de ellos ´zafó´ definitivamente hasta ahora. Viene al caso recordar el emblemático caso de corrupción de IBM y el Banco Nación, en donde la empresa norteamericana sobornó funcionarios del Banco para obtener un contrato para informatizar datos de 250 millones de dólares. La causa inició en 1994, pero se extendió por años hasta iniciar el juicio, con pedidos de prescripción, que fueron luego revocados, negociaciones con un algunos acusados y pagos de ‘multas’ de IBM en EE.UU. En este caso, ningún funcionario del gobierno de Menem fue condenado, salvo un par de miembros del Banco Nación y nunca se recuperó la totalidad de los pagos efectuados.

La causa de los “Cuadernos de Centeno” es, antes que nada, una causa condicionada a los vaivenes políticos. Los imputados no han roto nunca sus lazos con el presupuesto y la obra pública. Son los mismos que se encuentran interesados en las privatizaciones de AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Sociedad Operadora Ferroviaria, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que ofrece el mileísmo. Por lo pronto, en la concesión del corredor de las rutas 12 y 14 y el puente Rosario-Victoria, cinco de los seis consorcios de empresas que se presentaron están implicados en la causa de los Cuadernos.