Escribe Dayana Yapura
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El pasado jueves 6 de noviembre se llevó adelante un brutal desalojo a unas 60 familias de Santa Rosa - Valle Viejo. Arrancó a las siete de la mañana con un gran operativo de la justicia, con infantería, policía, bomberos y defensa civil. En total, más de 300 agentes para dejar en la calle a familias, con niños muy pequeños, que habían tomado terrenos en desuso y terrenos fiscales hace más de ocho meses, ante la imposibilidad de poder acceder a una vivienda y frente a la falta de empleo para poder alquilar.
La policía desarmó todas las viviendas precarias que habían construido, impidiendo que puedan sacar sus pertenencias, para luego quemar todo, incluso amenazando con quitarles la tenencia de sus niños.
Al inicio de la ocupación eran más de 250 familias las que estuvieron en el inmenso predio ubicado en el barrio tabacalero. Varias de esas familias fueron derivadas a un predio de terrenos para autoconstrucción, el resto de los grupos familiares quedó en el predio formando un comedor, huertas comunitarias y creando casillas como viviendas.
Durante todo el transcurso de la campaña electoral, el comedor y las actividades colectivas fueron epicentro de campaña de la diputada electa por Fuerza Patria, Claudia Paladino, quien llevó al Padre Paco a realizar una visita, como así también a comprometerse a solucionar el conflicto para que se pudieran asentar en el lugar y construir viviendas y urbanizar. Sin embargo, a días de haber finalizado la campaña electoral, el gobierno y la justicia dispusieron el desalojo de las familias.
Este caso es una muestra de la gran crisis habitacional que afecta a miles de familias que son obligadas. por falta de ingresos o por solo contar con ingresos miserables, al hacinamiento, o buscar lugares para vivir en la precariedad de casillas y sin acceso a servicios esenciales.
Ante este cuadro denunciamos la responsabilidad del Estado, que frente a la crisis habitacional que sufren las familias catamarqueñas criminaliza a las compañeras que están imputadas, genera causas por usurpación y además lleva adelante megaoperativos de desalojo dejando a mujeres y niños en la absoluta miseria. Es responsabilidad del gobierno la falta de obras públicas, la falta de empleo y la precarización de las familias obreras, que, como resultado de ello, ha derrumbado más a fondo las condiciones de vida de las familias obreras, imposibilitando el acceso a un techo propio.
Luego del desalojo la mayoría de las familias, sobre todo las mujeres, llevaron adelante un acampe frente a Casa de Gobierno a la espera de una respuesta sobre su situación, ya que les habían planteado que al día siguiente tendrían la posibilidad de reunirse con funcionarios de la vivienda.
Dicha reunión terminó con el compromiso de que las familias serán reubicadas en terrenos de autoconstrucción y que el Estado va a ir progresivamente generando ayudas para la construcción de viviendas. Ante esta respuesta, las familias decidieron mantenerse organizadas y en alerta para continuar la lucha para acceder a un techo propio.
Desde Política Obrera apoyamos la lucha de las familias trabajadoras por el derecho a la tierra y la vivienda. Reclamamos por un censo de viviendas y terrenos ociosos, por un plan de construcción de viviendas para las familias que lo necesitan, cuyas cuotas no superen el 10 % de los ingresos de los trabajadores.
