Escribe Pablo Busch
El Congreso de la CGT designó un triunvirato de rompehuelgas.
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La redacción final del proyecto de ley de reforma laboral que impulsará el Gobierno en diciembre va despuntando un acuerdo entre el Gobierno, distintos sectores patronales y la CGT.
Desde la Unión Industrial se presentaron objeciones contra la línea de Federico Sturzenegger, el ministro ´desregulador´, que impulsa la negociación de convenios por empresa, que tengan primacía sobre lo que digan los convenios colectivos. Según La Nación (9/11), “Hay muchas compañías, sobre todo las multinacionales, que prefieren negociar con el sindicato principal de la actividad antes que con la comisión interna. Es porque en algunos casos la comisión suele estar controlada por dirigentes trotskistas, dispuestos a desafiar tanto al empleador como a su jefatura sindical. El caso más emblemático fue una protesta en 2009 en la planta de Kraft (ex Terrabusi) en reclamo de mejoras en las condiciones laborales. La huelga de la comisión interna duró 38 días a pesar del ánimo conciliador del Sindicato de la Alimentación, por entonces a cargo de Rodolfo Daer” (la huelga de Kraft del 2009 se desató contra despidos masivos; la Comisión Interna estaba dirigida por el PCR, los obreros repudiaron su condición ‘dialoguista’, aliada de Daer.) Más lejos en el tiempo, los sindicatos Sitrac-Sitram nacieron como sindicatos de empresa, por la negativa de Fiat a que se afiliaran a la UOM. A partir de 1970 fueron la vanguardia del sindicalismo clasista, luego de una huelga victoriosa contra el sindicato de la patronal.
En los hechos, los convenios colectivos por rama no se cumplen casi en ningún establecimiento, por lo que los convenios parciales por empresa son la norma. Los sindicatos negocian salarios básicos que funcionan como “piso”. Las empresas grandes y las multinacionales pagan salarios que, “conformados”, incorporando cláusulas de flexibilidad laboral a medida de las necesidades de cada empresa (premios de producción, de presentismo, horas extras, etc.), superan a los básicos. Todos esos ítems son discutidos y tutelados por los sindicatos. Por eso la UIA apuesta a que la normativa siga figurando en combinación con los convenios por empresa.
La Unión Industrial también tiene matices con el proyecto de Fondo de Cese Laboral que impulsó el Gobierno, particularmente desde el ministerio de Sturzenegger; nadie se ha plegado a ningún fondo de cese todavía. El Fondo de Cese significa para el capital anticipar en cuotas las indemnizaciones que en los últimos dos años se negó a pagar, o logró pagar a la mitad -a través de cláusulas de excepción establecidas para empresas declaradas en crisis-. El Fondo de Cese representa una inyección de dinero a los bancos y al mercado financiero. El otro proyecto de modificación de las indemnizaciones, poniéndole un tope de 10 salarios, fue descartado hoy por voceros del gobierno.
La filtración de un borrador de proyecto que vuelve a la carga con la eliminación de los aportes de los no afiliados, con los límites al derecho de huelga y el fin de la ultraactividad de los convenios, tiñó de preocupación el Congreso de la CGT. Un triunvirato todavía más ´dialoguista´ que el anterior tendrá la misión de eliminar los puntos de la reforma que afecten las cajas y los intereses de los sindicatos. “Esta CGT convalidará casi sin fisuras la estrategia del líder de la UOCRA de negociar la reforma laboral en el Consejo de Mayo porque en la nueva estructura cegetista quedaron marginados el ala dura de los kirchneristas” (Infobae, 6/11). El ´ala dura´, sin embargo, no quitó los pies del plato. Su jefa política ha dictado la necesidad de “actualizar” las leyes laborales y el bloque peronista se apresta a negociar sus términos con el oficialismo. Dos gobernadores cobijados bajo el sello de Fuerza Patria -el tucumano Jaldo y el catamarqueño Jalil- ya manifestaron su posición favorable a la reforma.
Después de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado, la burocracia de sindicatos como Camioneros, Comercio y Mineros, entre otros, advirtieron a los trabajadores que “no se quejen” cuando ellos firmen la reforma laboral. Jorge Sola lo justificó en el Congreso de la CGT: “El poder político es quien la ciudadanía ha elegido para que estén en mejores condiciones los propios ciudadanos” y aclaró: “Nosotros estamos ahí para ayudar. Estamos para incorporarnos a la discusión que sea necesaria. Con acuerdos, con diálogos, con tensión y con conflicto. No le vamos a escapar al conflicto porque eso en algún momento requiere una solución, pero rechazamos el enfrentamiento. (...) Creemos en la tensión constructiva, en el diálogo que nos da la convención colectiva de trabajo, en las paritarias, en la generación de nuevos y mejores derechos. Y es ahí donde tenemos la fortaleza. Es el capital y el trabajo. Siempre". Germán Martínez, el Jefe del Bloque de Unión por la Patria, trabaja con buen entendimiento con el Gobierno en este punto.
Para ´lubricar´ el apoyo de la CGT a la Reforma Laboral, el gobierno desembolsó la semana pasada $20.000 millones a las obras sociales sindicales, como primera cuota de la deuda por los reintegros por medicamentos y tratamientos que cubre el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Emilio Pérsico, ministro de Desarrollo Social del gobierno de los Fernández, dijo que no había que preocuparse por la Reforma Laboral porque afectaba a “una minoría”. La Reforma no busca mejorar los derechos de los precarizados (mucho menos para los monotributistas y trabajadores de aplicaciones, a quienes no se les reconoce la relación de dependencia), sino terminar de liquidar los derechos de la minoría que está dentro de convenio, avanzando en una precarización laboral universal y dándole un marco legal (´seguridad jurídica´) a todos los atropellos cometidos por las patronales y tolerados por la burocracia de los sindicatos.
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