Minería de Cobre en Mendoza: media sanción al proyecto San Jorge con la complicidad de la ´oposición´ y censura en el CONICET

En el día de ayer, 26 de noviembre, se dio media sanción a un paquete de cuatro leyes destinadas a destrabar el proyecto San Jorge: el Fondo de Compensación ambiental, un fondo estatal para paliar el impacto en el ambiente que generen las mineras; un régimen impositivo de regalías al 3% del boca de mina, señalado como más beneficioso que el RIGI; el expediente Distrito Minero Occidental II con 27 proyectos mineros, lo cual recae en el incumplimiento de la ley 7722 que establece que cada proyecto minero requiere un informe de impacto ambiental independiente. Por último y más importante, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge Cobre Mendocino con lo cual, de obtener la aprobación en el Senado, el proyecto San Jorge quedaría listo para empezar a desarrollarse. Dentro del recinto las leyes contaron con el apoyo del conjunto del arco político, peronistas, radicales, macristas y libertarios. Posaron de opositores sectores del kirchnerismo y algunos peronistas que oscilaron en la última votación. En 2011 el proyecto de igual características fue presentado por el gobierno de Jaque perteneciente al PJ y rechazado por la movilización popular.

La jornada en el recinto fue repudiada desde muy temprano por el activismo que se congregó en la calle frente a la Legislatura desde las nueve de la mañana. Asambleas ambientales, organizaciones sociales y vecinales de Uspallata se hicieron presente y a medida que avanzó el día fue creciendo la convocatoria con la salida del trabajo de los mendocinos. Para las18.30 se terminó de votar la última ley y una asamblea improvisada votó movilizar a Casa de Gobierno y quedar en alerta y movilización hasta que se vote en el Senado provincial.

Un día antes, el 25 de noviembre, el CONICET de Mendoza emitió un comunicado institucional en las vísperas de lo que se esperaba sea la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DAI) en la Legislatura. En el comunicado se vuelcan epistemológicamente las razones por las cuales la DAI resultaba inconclusa, con errores y omisiones por los que debía ser rechazada de cuajo ya que “ la empresa no ha respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados, tales como el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC); el informe sectorial del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), el del Departamento General de Irrigación (DGI), o el Informe de la Facultad de Ciencias Médicas (solicitado por el Rectorado de la UNCUYO sobre riesgos de la salud), por citar algunos”.

El comunicado resume las objeciones y sugerencias en cuatro grandes ejes de impacto: recursos hídricos, biodiversidad, socio-económico/patrimonial y suelo. Los cuatro coinciden en la falta de actualización de los datos utilizados, utilizando referencias de m´ss de 20 años de antigüedad y, por otro lado, que los muestros realizados son insuficientes.

Para el recurso hídrico se señala que los datos del cauce del Arroyo el Tigre son anteriores al 2010 y que no tiene en cuenta la época de sequía actual, para lo cual los 120 litros/seg que necesita la empresa no podrían ser satisfechas en las condiciones actuales salvo en época estival. Las modelizaciones de riesgo de contaminación de napas son precarias, con pocos datos y con errores.

En cuanto a la biodiversidad señala un mínimo esfuerzo en la formación de una línea base de la región. Los métodos de muestreo son escasos y confusos (sic). Los mapas realizados de vegetación poco detallados y no hay un plan de manejo y conservación de la flora, como tampoco un relevamiento de artrópodos, los que resultan excelentes indicadores de biodiversidad e impacto.

“Los datos de estructura y dinámica de la población en términos cuantitativos están desactualizados (datan de más de 15 años) y restringidos a la localidad de Uspallata, lo cual es limitado por la ubicación del proyecto próximo al corredor binacional” señala el comunicado. Y añade “La creación de empleo se ve acotada por el perfil de la población de la región “. No hay un informe de cómo impactará socialmente el desarrollo del emprendimiento minero en términos de vivienda, transporte, salud, educación, etc. Tampoco hay un plan de manejo con respecto al patrimonio histórico de la humanidad (UNESCO 2014) en una región que posee más de 8.000 años de actividad humana en la región.

La importante aclaración técnica que desarrollaba el comunicado del CONICET en sus cinco resumidas páginas resultó una poderosa herramienta para quienes se vienen organizando sistemáticamente contra las mineras. Su divulgación por grupos de WhatsApp resultó viral, por ello no pasaron 24 horas para que Salamone (presidente liberticida del CONICET) y Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza) le pusieron los tantos a los directivos del CCT CONICET Mendoza para que bajaran el comunicado y lo reemplazaron por otro en el cual claudican “El CONICET Mendoza no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región”, sacando de circulación el comunicado anterior. Los trabajadores del CONICET Mendoza han resuelto una asamblea el mismo 26 para discutir la movilización y la exigencia de explicaciones a las autoridades.

Es desde la Ley Bases y el RIGI que el arco político patronal actúa de conjunto para atraer inversiones de características extractivistas, por un lado, eliminando barreras impositivas, legislaciones ambientales y ahora liquidando también la legislación laboral. La lucha por el ambiente se va a resolver en una pelea contra el conjunto de un régimen que se pudre y busca liquidar la riqueza natural con el único fin de tributar a una maquinaria de suministros que se perfila para la devastación y la guerra.