Los liberticidas y la legitimación de la tortura

El gobierno de Milei representa una ruptura con el régimen democrático burgués, con sus intervalos de gobiernos de facto, en lo que respecta a la política exterior y con la finalidad de legitimar sus tropelías en lo que respecta al cuidado de los derechos humanos, en los últimos días los liberticidas han votado en la Asamblea General de la ONU, como lo viene haciendo, alineados con Estados Unidos e Israel, en contra de una resolución que condena la tortura “en todo momento y lugar”, siendo los únicos tres países que votaron en este sentido. Especialistas en la materia han señalado que representa un giro de 180 grados en lo que respecta a la política exterior y en particular con temas relacionados con los derechos humanos.

La resolución sobre la prohibición absoluta de las torturas, que hasta el momento gozaba de un consenso, se ha roto a partir de la votación de la Argentina y sus socios. Además de las torturas el documento señala que se deben garantizar medidas de prevención, investigación y reparación de las víctimas de vejaciones. El documento en cuestión es renovado automáticamente cada tres años por medio de la votación de los países miembros. A los votos de rechazo se suman las abstenciones de Burundi, Rusia, Papúa Nueva Guinea y Nicaragua.

Un antecedente reciente de esta votación, se dio cuando el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación (SDH), Alberto Baños, manifestó en el Comité Contra la Tortura de la ONU, que en la Argentina se necesita una “memoria completa” y, a su vez, realizó una negación de los crímenes de la última dictadura militar y aprovechó su alocución para realizar una defensa irrestricta del protocolo antipiquetes y de la Doctrina Bullrich. Con esta referencia, la votación negativa contra la tortura se convierte en un guiño para los negacionistas vernáculos y representa un aval político para que las fuerzas de seguridad sigan llevando adelante torturas y vejaciones a diestra y siniestra. Es menester recordar que Baños entró en el Poder Judicial en plena dictadura. En el fuero penal ordinario se ganó el mote de “duro entre los duros” y nunca escondió sus simpatías por las fuerzas de seguridad a lo largo de su carrera.

El aislacionismo en el que está incursionando el gobierno nacional en materia internacional en pos de su alianza estratégica con EE.UU. e Israel, tuvo un mojón en noviembre de 2024 cuando la Argentina, también en la Asamblea General de la ONU, fue el único país que votó en contra de una resolución impulsada por Bolivia, Venezuela, Dominicana, Ecuador, Liberia, México y Paraguay, para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas.

¿Y por casa cómo andamos?

La votación de la delegación argentina en la ONU coincide con el alejamiento de Bullrich del Ministerio de Seguridad, que ha dejado un salto cuantitativo en lo que concierne a torturas y tratos degradantes en cárceles federales, efectivizados por la Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura, que se encuentran bajo las ordenes de la senadora electa. Así lo confirma un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) que registró, en 2024, 271 víctimas de torturas y vejaciones policiales en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal, que en la actualidad alberga a más de 11.000 personas. En el minucioso informe elaborado por la PPN se puede leer que “en el relevamiento de campo en el ámbito federal y nacional se identificaron 271 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales, de las cuales 54 se obtuvieron a partir de entrevistas individuales y 217 a través del registro de observaciones de malas condiciones materiales y falta y/o deficiente alimentación en los sectores de alojamiento” y señala que “se identificaron 64 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales. Como resultado, se cuenta con 335 casos de tortura y/o malos tratos para el análisis”. (https://ppn.gov.ar/index.php/documentos/publicaciones/informes-anuales)

El informe de la PPN concluye que son las cárceles federales las que se encuentran liderando el ranking en lo que respecta a torturas y/o tratos degradantes, siendo el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Villa Devoto) y el Complejo Penitenciario Federal VI, Luján de Cuyo, en Mendoza, los que registraron las cifras más altas, con 271 casos y 109 respectivamente.

Realizando un desglose del informe se puede observar que los principales casos denunciados por los presos están liderados por “Malas condiciones materiales de detención”, 427 casos; “Agresiones físicas”, 363 casos; “Aislamiento”, 146 casos; “Falta o deficiente asistencia de la salud”, 145 casos y “Falta o deficiente alimentación”, 99 casos entre muchos otros. (Ídem)

La PPN también elaboró un informe, el Reporte Nº7, que lleva como título “Revictimización” y en que se contabilizan los casos de torturas que se dieron en el primer semestre de 2025 y en el mismo se concluye que se registraron 201 personas víctimas de la violencia institucional, manteniendo la tendencia de los datos del 2024.

El informe anual de la PPN de Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos, da cuenta que en la provincia de Buenos Aires gobernada por los “nac & pop”, se registraron “1198 víctimas de torturas y malos tratos, quienes describieron 4745 hechos de torturas y/o malos tratos”, siendo los penales de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica, en donde se registraron la mayor cantidad de casos. En la provincia de Buenos Aires las categorías del tipo de torturas y/o malos tratos está liderada por la “Falta o deficiente asistencia de la salud” y “Aislamiento”. En el caso de la tortura y malos tratos por parte de la Policía Bonaerense los casos ascienden a 137. (Ídem)

A modo de conclusión y caracterización de la situación, el decimocuarto cuarto Informe Anual de la PPM concluye “que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente”. Esta situación se vio reforzada durante los casi dos años de gobierno liberticida en tanto y en cuanto el Servicio Penitenciario Federal, que históricamente ha estado bajo la tutela del Ministerio de Justicia, que respondía por los casos denunciados ante la PPN, pasó a depender en diciembre de 2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir de Patricia Bullrich, establecido en el decreto 373/2024, que también amplió sus facultades de control sobre el personal de todas las fuerzas, incluido los penitenciarios.

Israel

Desde la incursión de Hamas el 7 de octubre del 2023, el Estado de Israel, según un informe presentado por organismo de derechos humanos israelíes ante el Comité contra la Tortura de la ONU, ha incrementado significativamente el uso de la tortura contra palestinos. Según el informe, el gobierno de Netanyahu “desmanteló las salvaguardias existentes y ahora emplea la tortura a lo largo de todo el proceso de detención, desde el arresto hasta el encarcelamiento, contra palestinos bajo ocupación y ciudadanos palestinos. Altos funcionarios aprueban estos abusos mientras los mecanismos judiciales y administrativos no intervienen.” (El Destape 27/11) Violando todas las normas internacionales, a los ojos del mundo entero, Israel se escuda en calificar a los detenidos como “combatientes ilegales.” Las arbitrariedades del régimen sionista le permiten detener a población palestina por largos períodos en los que se anulan los derechos para prisioneros de guerra. Luego de octubre de 2023 Israel ha detenido bajo estas condiciones a más de 4.000 personas habitantes de Gaza y también “hizo uso extensivo de la detención administrativa”, pasando de 1.100 a 3.500. (Ídem)

En el informe, que fue elaborado por el Centro Legal Adalah, el Comité Público Contra la Tortura en Israel, Padres Contra la Detención Infantil, HaMoked: Centro para la Defensa del Individuo y Médicos por los Derechos Humanos-Israel, también se puede apreciar las condiciones de detención: “Durante largos períodos, los detenidos estuvieron confinados en corrales al aire libre, expuestos a la intemperie, encadenados y con los ojos vendados las 24 horas del día, obligados a arrodillarse la mayor parte del día y a dormir en el suelo”, y sigue detallando que los detenidos por el régimen sionista “sufrieron condiciones sanitarias inadecuadas, falta de atención médica y abusos constantes.

En lo que respecta a la alimentación “la ración equivale a la inanición, con una dieta oficial de aproximadamente 1.000 calorías diarias y apenas 40 gramos de calorías.” (Ídem)

En el informe se reportan los métodos utilizados como “el uso de porras, vertido de agua hirviendo, causando quemaduras graves, ataques de perros a los detenidos, uso de una ‘sala de discoteca’ empleando una intensa manipulación sensorial con música dolorosamente alta y violación con objetos.” Este accionar ha dejado al menos 94 muertes en los centros de detenciones montados por el régimen.

El medio israelí Haaretz publicó que el Shin Bet (servicio de inteligencia y seguridad interno) reconoció manejar “métodos especiales de interrogatorio” a través de la privación del sueño, encadenamientos, sacudidas, exposición al frío, intimidaciones contra familiares, entre otras vejaciones.

Trump-Bukele: una sociedad para deportar y torturar

En junio pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, realizó un llamado a los países de América “a promover la creación de registros nacionales que documenten los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como una herramienta clave para prevenirlos y erradicarlos.” (https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/127.asp)

En este marco de situación un informe conjunto de Human Rights Watch y Cristosal (organización de derechos humanos de El Salvador) da cuenta de las torturas y abusos, detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual a los que fueron sometidos 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador de Bukele.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch afirmó que “la administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas.” (El Observador 16/11)

Como preparativo de los movimientos militares en el Caribe en su avanzada contra Venezuela, desde la gestión trumpista legitimaron las detenciones, deportaciones y torturas, al señalar que los detenidos, en su mayoría pertenecen al cartel Tren de Aragua, calificado como grupo terrorista por los EE.UU., a pesar de que el informe señala que sólo el 3 % de los deportados habían sido condenados por delitos violentos y la mitad no tenía antecedentes penales. (Ídem)

La pesquisa realizada por los organismos de derechos humanos está sustentada en entrevistas realizadas durante el 2025 a 40 exdetenidos y a 150 personas relacionada con los deportados y fue rubricada por analistas forenses independientes y por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.

Argentina, Israel y Estados Unidos han conformado una triple alianza en materia de política internacional votando en sintonía en los foros internacionales sobre diferentes temas como por ejemplo la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, bloqueo a Cuba, contra la institucionalización del "Día Internacional de Coexistencia Pacífica" y ahora sobre torturas y vejaciones. Esta tríada ultrarreaccionaria sustenta la legitimidad del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino a manos del sionismo, la reconfiguración política de Medio Oriente y el avance de Estados Unidos sobre Venezuela y, en consecuencia, la inserción de América en la guerra internacional.