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El 25 de noviembre pasado se cerró el tercer conflicto en lo que va del año entre el Círculo Medico de Salta y el IPS (Instituto Provincial de Salud Salta). La entidad médica reclamaba el pago de una deuda de tres mil quinientos millones de pesos, por lo que suspendió la atención a los doscientos ochenta mil afiliados de la obra social estatal y amenazó con la no renovación del convenio vigente desde 2004, que vence el próximo 19 de diciembre.
Las autoridades del Círculo denunciaron aprietes a médicos para que establezcan acuerdos individuales por fuera de la entidad gremial y un intento de privatización de la atención de la obra social ya que la atención médica quedaba en manos de clínicas privadas. A la par advirtieron de un desfasaje inflacionario en sus honorarios ya que estos se ajustan por inflación con los mismos porcentajes que el gobierno reconoce en las paritarias de los trabajadores estatales.
Antes estas denuncias, el gobernador Sáenz y sus funcionarios se allanaron al pago inmediato de la deuda reclamada y establecieron una mesa técnica para negociar un nuevo convenio marco. Por su parte, el Círculo Médico, que agrupa a 1900 profesionales y acapara el 20 % de los recursos del IPS, restableció las prestaciones y aceptó la mesa del gobierno.
Mar de Fondo
La crisis con el Círculo Médico de Salta se da en el marco de una crisis de conjunto de la obra social provincial, que se encuentra intervenida desde febrero de este año, por un déficit de veinticinco mil millones de pesos generado hasta el 2025. Según Sáenz y su interventor, el contador Emilio Savoy, el déficit se debe a un aumento del 600 % de los medicamentos, insumos y prestaciones médicas, los que fueron producidos por las políticas del presidente Milei. El gobierno informó que este déficit ya fue saldado por la intervención sin detallar de donde salieron los fondos.
Ataque a los estatales
Desde su inicio, la orientación de Sáenz y su interventor fue descargar la crisis sobre los afiliados. En mayo pasado, después de consumadas las elecciones provinciales, envió un proyecto de ley con su firma a la legislatura salteña que ordenaba excluir a los futuros jubilados estatales del padrón de la obra social provincial. El revuelo que causó semejante ataque obligó a la burocracia sindical a advertir al gobernador sobre su inviabilidad, por lo que Sáenz terminó retirándolo en tiempo récord.
Su siguiente medida fue subir en un 1 % el porcentaje de aportes a sus afiliados, lo que causó una crisis en los ingresos de los intendentes y trabajadores municipales. Es que el aporte total por afiliado es cubierto en un 45 % por el trabajador y en un 55 % por la patronal. El intendente del Carril y vicepresidente del Foro de Intendentes de la provincia, advirtió que "antes se aportaba en base a lo que estaba en blanco. Pero ahora hay trabajadores que pasaron de aportar $19.000 a tener que destinar $50.000 o $60.000 para el IPS, cuando sus sueldos apenas llegan a $600.000 o $700.000. Es un impacto fuerte, tanto para el empleado como para el municipio" (El Tribuno. 21/06/2025).
Para encubrir esta avanzada sobre los afiliados, el gobierno profundizó sus acusaciones sobre facturaciones a Clínicas y farmacéuticas, pero siempre apuntando a una reducción de las prestaciones. El ministro de Salud Mangione aseguro haber encontrado “farmacias que facturaban medicamentos que no entregaban, clínicas que cobraban intervenciones nunca realizadas y médicos que cobraban guardias sin estar presentes. Todo esto configura un entramado de corrupción estructural que ya no puede seguir funcionando” (Informate Salta, 5/6/25); y agregó que era necesario “romper algunos 'kioscos' dentro del IPS, como ciertos gastos asociados a pacientes con patologías crónicas, hemofilia, oncología y coseguros. Se trata de coberturas de alto costo que este sistema, tal como está, no puede sostener”. (Ídem)
Lo cierto es que, hasta el momento, ni el interventor del IPS, prorrogado hasta diciembre, ni la justicia provincial han dado prueba alguna sobre dichas denuncias de sobrefacturación. Por el contrario, el gobierno ha recibido cartas documento de diferentes prestadoras del IPS ante sus acusaciones, lo que podría derivar en diversos juicios al Estado.
El déficit y la crisis del IPS se profundizan
Con todas las medidas del gobierno, el déficit se acrecentó a seis mil millones de pesos por mes (El Tribuno 5/6/2025), lo que solo este año triplicaría el déficit generado hasta 2025. Tampoco se ha dado a conocer el incremento recaudatorio que ha significado la suba del porcentaje de las cuotas para los afiliados y para el Estado provincial y los municipios.
El fracaso de la intervención y de la política saencista ante la crisis del IPS es completo y compromete no sólo al Ejecutivo Provincial sino también a las cámaras legislativas, ya que son parte de una comisión armada para seguir la intervención y eventual saneamiento de la obra social. También se extiende a libertarios, romeristas y kirchneristas, que han guardado silencio de radio sobre el caso. La burocracia sindical de UPCN, ATE y los demás sellos estatales han acompañado “con preocupación” la intervención de Sáenz al IPS, sin siquiera pedir ser parte de la auditoría.
El crecimiento de este déficit no sólo será un factor de nuevas crisis con los prestadores, sino que también será abordado con mayores ataques por parte de Sáenz. En su agenda permanecen la reducción de prestaciones, nuevas subas de las cuotas, exclusión de los jubilados o su completa disolución y privatización.
Un planteo obrero ante la crisis del IPS
Para el conjunto de los trabajadores estatales de todas las reparticiones de la provincia y los municipios, la crisis del IPS se ha convertido en un tema de debate recurrente junto con la confiscación salarial consumada por Sáenz, el derrumbe de la infraestructura, particularmente en salud y educación; y el cuadro de arbitrariedades y represión por parte de los cuerpos directivos. Es otro aspecto de una crisis de conjunto del régimen social y político existente y su incompatibilidad con los intereses inmediatos de los trabajadores.
Es necesario convertir esa deliberación en una iniciativa colectiva por la apertura de los libros contables del IPS ante una comisión auditora electa y revocable de los trabajadores afiliados y que a la vez se haga cargo del manejo de la obra social. La lucha y la conquista de un aumento del 100 % del salario de bolsillo y el blanqueo de todos sus ítems, para todos los estatales, garantizaría un shock de recursos para las arcas del IPS. Lo mismo la imposición de la triplicación del presupuesto de salud, para ampliar el personal y la infraestructura de salud provincial, hoy colapsada por la crisis de prestaciones de las obras sociales privadas y el propio IPS.
El impulso de asambleas autoconvocadas y coordinadoras y un congreso de trabajadores estatales se ponen a la orden del día para superar la atomización e indefensión en que la burocracia sindical, los partidos patronales y el Estado han dejado a los trabajadores.
