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El atentado contra dos soldados de la Guardia Nacional a escasos metros de la Casa Blanca, en Washington DC, el pasado 26 de noviembre -presuntamente a manos de un refugiado afgano- ha sido tomado por Donald Trump como excusa para relanzar la militarización en la capital estadounidense. El ataque contra los soldados provocó la muerte de Sarah Beckstrom e hirió de gravedad a Andrew Wolfe, ambos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia. El despliegue de la Guardia Nacional, en DC y en diferentes ciudades dominadas por los Demócratas, ha sido cuestionada por distintos fallos judiciales y fue motivo de grandes protestas. En el caso de Washington DC, una jueza ya había ordenado retirar las tropas, aunque había dado un plazo hasta el 11 de diciembre para apelar. Tras la muerte de Beckstrom, Trump reforzó, sin embargo, su retórica “antiterrorista” y desplegó 500 soldados más en la Capital.
El atacante presunto es un afgano refugiado desde 2021, que colaboró con la CIA en la guerra contra los talibanes en una unidad que es conocida por las violaciones a los derechos humanos, considerada un “escuadrón de la muerte”. Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue reclutado por la CIA cuando tenía 15, a pesar de sus antecedentes de estrés postraumático y otros problemas mentales. Lakanwal recorrió más de 4.000 kilómetros en automóvil, durante 40 horas, para llegar a la Capital. Había obtenido el asilo hace unos meses, bajo el gobierno del propio Trump, que sin embargo responsabiliza al gobierno anterior de Biden por su ingreso al país.
El presidente ha redoblado la retórica fascista contra los inmigrantes, afirmando que revisaría la situación de todos los afganos ingresados desde 2021, para luego asegurar que no ingresaría ningún inmigrante más proveniente del “tercer mundo”.
El “Proyecto 2025” de la “Fundación Heritage” (ultra derecha) -que sirve de inspiración al gobierno trumpista- preveía ya el despliegue de la Guardia Nacional, sobre todo en la frontera sur, como parte de la guerra contra los inmigrantes y en apoyo al ICE (policía migratoria). El uso de la Guardia Nacional proveniente de los estados republicanos en las ciudades y estados demócratas había sido ya planteado en 2023 por el actual subjefe del gabinete, el fascista Stephen Miller, para quebrar a las ciudades y estados “santuarios” (que no colaboran con la persecución de los inmigrantes sin papeles). El cierre de la frontera a los inmigrantes no-blancos (mientras se pretende acoger masivamente por ejemplo a los blancos de Sudáfrica) se inscribe en la teoría racista del “gran reemplazo”, que asegura que los blancos están siendo sustituidos por otras razas para diluir su peso y poder. Trump ya había limitado en una orden ejecutiva el ingreso de personas provenientes de 19 países. “Pausaré permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, escribió el 27 de noviembre.
Crisis política en el ejército
El atentado en la Capital se produce cuando estalla una crisis al interior del ejército y los servicios de seguridad. Obedece tanto al uso del ejército para la represión interior como en cuanto a las ejecuciones sumarias realizadas en el mar Caribe, contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico.
El 18 de noviembre, seis congresistas demócratas (dos senadores y cuatro representantes) -todos ellos veteranos del ejército o de los servicios de inteligencia- emitieron un video exhortando a los integrantes del ejército estadounidense a rechazar cualquier orden ilegal del gobierno de Trump. Denuncian que “está enfrentando a nuestros militares uniformados y profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses”; “las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo”, afirman. El video convoca a la “desobediencia debida”, como la ha calificado el general Balza en el diario Perfil: “Nuestras leyes son claras. (…) Debes rechazar órdenes ilegales. Nadie tiene la obligación de cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución”.
El despliegue del ejército en varias de las principales ciudades -que Trump ha prometido continuar hacia prácticamente todas las grandes metrópolis estadounidenses- apunta a reforzar las redadas fascistas del ICE (migración) y también a reprimir cualquier protesta, como ya se demostró frente a las revueltas en Los Ángeles. Los seis legisladores se valieron de sus fueros para actuar de virtuales voceros de fracciones militares reacias a la utilización de las tropas para producir un cambio de régimen.
La senadora Elissa Slotkin (una de las que aparece en el video, fue oficial de la CIA y ocupó cargos en el Pentágono y el Departamento de Estado) defendió el derecho a la desobediencia en una entrevista en la cadena ABC: “Nos remontamos a Núremberg, ¿no?”. Slotkin, añadió: “Me pone increíblemente nerviosa que estemos a punto de ver a las personas de las fuerzas del orden, a las personas en el ejército uniformado ponerse nerviosas, estresarse, disparar a civiles estadounidenses”. La senadora relacionó esta posibilidad con la “gimnasia legal que se está llevando a cabo con estos ataques en el Caribe y todo lo relacionado con Venezuela”.
La secretaria de Prensa del gobierno, Karoline Leavitt, replicó: “Toda orden dada al ejército estadounidense por este comandante en jefe, y a través de esta cadena de mando a través del Secretario de Guerra, es legal”. Es la implantación de un estado de excepción.
Trump acusó a los legisladores demócratas de “conducta sediciosa al más alto nivel” que los hacía merecedores de la pena de muerte (sic). En su red social llegó a compartir una publicación que llamaba a “colgarlos”. El Pentágono anunció que está revisando "serias acusaciones de mala conducta" contra el senador Mark Kelly, otro de los que aparecen en el video. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con una corte marcial contra Kelly.
Venezuela
La crisis en las Fuerzas Armadas ha tenido otra expresión con la renuncia del almirante Alvin Holsey -jefe del Comando Sur de los EE.UU.- debido a diferencias con la política de Trump hacia Venezuela. “Según reportó Reuters, existían tensiones entre el almirante y el secretario Hegseth respecto a las operaciones en el Caribe” (hundimiento de lanchas sin ninguna base legal, asesinando a más de 80 personas). “Una fuente militar bajo anonimato declaró que ‘Holsey no compartía plenamente el enfoque agresivo de la administración respecto a Venezuela y había manifestado inquietud sobre la legalidad y la justificación estratégica de algunos operativos recientes’” (France24, 18/10). Otra expresión de estas divisiones fue la “insólita” decisión “de transferir el liderazgo de las operaciones antinarcóticos en el Caribe desde el Comando Sur hacia la Segunda Fuerza Expedicionaria de Marines, una unidad con base en Carolina del Norte especializada en intervenciones rápidas”. “Este cambio es una señal de desconfianza o insatisfacción con la gestión del actual liderazgo”, comentó un ex oficial del Departamento de Defensa a The New York Times (ídem).
La crisis se ha profundizado como consecuencia de la orden impartida por Hegseth de asesinar a dos sobrevivientes de una de las lanchas atacadas el 2 de septiembre pasado. Ambas cámaras del Congreso, a partir de la iniciativa de legisladores de ambos partidos, están iniciando investigaciones al respecto y citarían a jerarcas militares y a Hegseth para dar explicaciones. El reclamo de la renuncia o la destitución de Hegseth aparece cada vez con mayor frecuencia. El secretario de Defensa fue designado con el voto decisivo del vicepresidente JD Vance, tras un empate 50-50 en el senado (incuso tres Republicanos votaron en contra). Hegseth ha defendido la orden aunque al mismo tiempo niega haber estado presente en el momento de su ejecución, y el propio Trump pareció tomar distancia al respecto. El oficial que dio la orden expresa -el vicealmirante Frank Bradley, precisamente desde el comando en Carolina del Norte- se habría basado en una orden verbal de Hegseth, y según la portavoz de la Casa Blanca “actuó dentro de su autoridad y de la ley”.
Guardia Nacional
La disciplina del ejército está amenazada, especialmente desde que los legisladores demócratas llamaron abiertamente a la desobediencia.
El gobierno ha depurado los mandos militares y realizado una agitación en el seno de la oficialidad y de la tropa para preparar su utilización en las ciudades Demócratas. El momento culminante de esta preparación fue el acto en setiembre donde ante más de 800 generales y almirantes -convocados desde todo el mundo- Hegseth agitó contra la “agenda woke” y los oficiales “gordos”, y pidió la renuncia a los que no apoyen su agenda. Trump fue más lejos, refiriéndose a la guerra interior y advertir contra esas “ciudades peligrosas” como “campos de entrenamiento” para la guerra exterior. Según algunos medios de prensa, en la oficialidad y la tropa de la Guardia Nacional existe una deliberación respecto a su despliegue para tareas “ajenas” a los fines de esa fuerza (tareas policiales o incluso de limpieza).
La discusión se realiza muchas veces a través de chats en la aplicación Signal, supuestamente más segura y cifrada, en la cual los soldados cuestionan su utilización para llevar adelante la ofensiva trumpista, y también resienten el rechazo que perciben en la población. “¿Por qué nos envían a hacer de policía en ciudades que no quieren vernos?”, dijo un soldado. “El ejército debe ser apolítico, pero estas órdenes lo convierten en un peón... No firmé para esto”, es otra frase que se encuentra en los chats. Según organizaciones de veteranos que dan asistencia a quienes consultan por esta cuestión, se ha producido un incremento en los contactos de miembros activos dudando de su lealtad, reportando más de 100 contactos semanales de parte de soldados.
“'Realmente me sentí fatal cuando enviaron las tropas a [Los Ángeles], y luego a [Washington, D.C.], y ahora a Chicago. Esto no es para lo que ninguno de nosotros se había apuntado, y está totalmente fuera del alcance de las operaciones normales', dice J, miembro de la Guardia Nacional de Ohio, quien habló con NPR bajo condición de anonimato” (NPR, 10/11).
Otras expresiones de descontento mencionados por el portal NPR: “Y luego quieren que recoja basura y disuada a las personas sin hogar en Washington D. C. a punta de pistola. ¡Ni hablar! Es tan desalentador cada vez que veo otra ciudad, y me pregunto: ‘¿Quién va a plantar cara a esto?’. Hice juramento a la Constitución, no a una persona”.
De hecho, la propia Sarah Beckstrom -la soldado fallecida en Washington DC- había manifestado sus dudas respecto a su presencia “inútil” o “sin sentido” en la capital, a su ex novio, según se ha difundido en periódicos y redes sociales.
En este ambiente de desmoralización y malestar se desarrolla el intento de militarización del pretendido dictador de la Casa Blanca.
