De Washington a Oslo, entre el Nobel a la golpista Machado, la piratería del Comando Sur y la crisis del Pentágono por los asesinatos extrajudiciales en el Caribe

Este miércoles María Corina Machado debía recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, el cual fue recibido por su hija debido a que no llegó a tiempo para la ceremonia. Machado debió salir, según ella, a escondidas de Venezuela con ayuda de Estados Unidos, y por eso el contratiempo. Donald Trump había reclamado el galardón para sí, pero se lo entregaron a Machado. La dirigente venezolana, a su vez, se lo dedicó al magnate, su padrino político.

En Oslo existe la tradición de realizar una procesión con el ganador, pero este año el evento casi fue cancelado después de que el Consejo Noruego de Paz, una coalición de 17 organizaciones de la sociedad civil, anunciara el 24 de octubre que no organizaría el evento en protesta por la decisión de otorgarle el premio a María Corina Machado. El Consejo argumentó que el perfil de la líder opositora venezolana no estaba “en línea” con los valores que representan. Por eso la Alianza Noruega de Justicia Venezolana, una ignota organización de venezolanos residentes en el país, le salvó las papas y le hizo de séquito.

Es que la mera nominación de Machado es un escándalo, debido a que desde hace años utiliza su fama para reclamar una invasión yanqui a su propio país. Además de haber participado en el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, se le achaca la organización de las guarimbas durante 2014 y 2017, que ocasionaron cientos de muertos: algunos en manos de las fuerzas represivas del gobierno, pero muchos en manos de las bandas derechistas que responden a ella.

Machado fundamenta su apoyo a una invasión a su país con la excusa de que Venezuela está ya “ocupada” por fuerzas de regímenes totalitarios -entre las que mencionó a Rusia, Irán, Cuba, Hezbollah, cárteles de droga y la guerrilla colombiana-.

Machado también declaró que no hubiera podido salir del país sin la ayuda de Trump, mientras miles de refugiados venezolanos que, huyendo del régimen de Maduro, migraron a Estados Unidos y ahora son deportados, separadas las familias y hasta encarcelados en las cárceles de Bukele en El Salvador.

Entre los asistentes latinoamericanos a la entrega del premio estuvieron los presidentes Javier Milei, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador y José Raúl Mulino de Panamá, así como Edmundo González.

Milei viajó en vano, pues se volvió sin ver a Machado ni a Trump, quien directamente no concurrió. En la agenda tenía previsto ver al rey de Noruega y al primer ministro, citas que también suspendió, probablemente cuando se enteró de que el gobierno noruego tiene vedado el ingreso a Israel por su postura ante el genocidio en Gaza o quizás porque esos encuentros ni siquiera figuraban en la agenda de las autoridades noruegas.

También viajó el expresidente colombiano Iván Duque, quien no desaprovechó la oportunidad para pedir un asedio yanqui sobre su país. Un hijo de Bolsonaro había hecho lo propio hace unas semanas.

En la misma sintonía, desde Washington, Trump amenazó a Gustavo Petro declarando que “será el siguiente”.

La respuesta de Petro llegó a través de una carta en la que invita al fascista a ver cómo llevan adelante la lucha contra la droga en Colombia. En otras declaraciones, Petro se despegó de Maduro, diciendo que a la injerencia norteamericana había que combatirla con “más democracia” y no solo con más alistamiento, al mismo tiempo que propuso una “amnistía y un gobierno de transición con la inclusión de todos”. Por suerte ni Fidel Castro ni Ho Chi Minh pensaban igual y los trabajadores tuvieron armas para repeler a los yanquis en Bahía de Cochinos y en Vietnam.

“Piratas del Caribe”

Al mismo tiempo que Machado viajaba hacia Oslo, el Comando Sur confiscaba un barco petrolero iraní -llamado Skipper- cargado con petróleo venezolano.

Este barco forma parte de la flota de 1.300 buques fantasmas que Irán, Venezuela y Rusia utilizan para vender combustible esquivando las sanciones impuestas por Estados Unidos. En general, estos barcos usan una identidad fraguada, obtenida de una embarcación enviada a desguace, y portan una bandera falsa, en este caso, la de Guyana. Estos buques permanecen en aguas internacionales y, sin arribar a las costas, traspasan su carga a barcos con papeles en regla.

Bajo este método, Venezuela logró reactivar su economía al retomar la producción y venta de un millón de barriles diarios -vendidos en su mayoría a China-, lo cual le permitió mejorar la situación social y económica del país durante los últimos dos años.

Con esta confiscación -propia de bucaneros comunes- Trump ajusta la soga al cuello de Maduro, ya que pone en peligro la economía del país al disuadir al transporte marítimo por el que se vende el petróleo.

El buque se encuentra bajo un proceso de decomiso e investigación, con agentes interrogando a la tripulación a bordo. El petrolero ya había sido sancionado previamente en 2022 por transportar petróleo iraní al mercado negro, bajo el nombre de Adisa. Trump declaró que piensa quedarse con el petróleo.

La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo es usado para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.

En otro acto de provocación, dos cazas norteamericanos violaron el espacio aéreo venezolano durante 40 minutos, días después de que Trump declarara cerrado unilateralmente el cielo de Venezuela.

Crisis en el Pentágono

Durante meses, republicanos y demócratas de los comités de seguridad nacional del Congreso han intentado sin éxito obligar al Departamento de Defensa a compartir información crítica sobre los ataques del Comando Sur a las barcazas que transitan por el Pacífico y por el Caribe -y que Trump acusa de narcotraficantes-.

Este problema recrudeció con el ataque del 2 de diciembre, en el que fueron rematados dos náufragos, lo que encendió las alarmas de la moral bélica yanqui.

Para obligar al Pentágono a compartir los videos crudos en cuestión, el Congreso propone adicionar a la Ley de Presupuesto de Defensa una disposición para retener el 25% del presupuesto para viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si no entregara a los comités de seguridad nacional del Congreso una copia de las órdenes de ejecución de los ataques, o si no explicara cómo piensa facilitar futuras reuniones informativas sobre la operación con los legisladores, de acuerdo con la legislación federal (Infobae 8/12).

El proyecto de ley también exigiría que el Departamento de Defensa entregue al Congreso “video sin editar de los ataques realizados contra organizaciones terroristas designadas” en el Caribe y el Pacífico oriental (Ídem). El tema de fondo es que está en juego la cabeza de Hegseth, y con él, se cuestiona la legalidad de todos los operativos.

El acicate sobre Venezuela para provocar un cambio de régimen tiene tentáculos que llegan a Oslo. Eso ya estaba claro desde que el Banco de Inglaterra confiscó el oro venezolano y todos los países europeos acataron la veda al petróleo bolivariano.

Este ataque a Venezuela se vale del mayor despliegue militar que se vio desde la guerra del Golfo, de la complicidad de la Unión Europea y de la Fundación Nobel, y de la claudicación de todos los nacionales y populares que quedan en pie en el continente -tanto en los gobiernos como en la oposición-.

Sin embargo, Trump -que se replegó a América Latina para pelear una batalla que pudiera ganar- no está logrando doblegar a un régimen de gobierno que provocó una diáspora de un tercio de su población, ni logra la cohesión de sus propias filas para hacerlo.

El ataque del Comando Sur no es contra Maduro, sino contra toda América Latina: hay que movilizarse contra la guerra.