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Desde el mismo momento en que el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad fue rechazado en las dos cámaras del Congreso en septiembre de este año, y a pesar del alcance limitado de la ley, el gobierno de Milei comenzó a complotar contra su aplicación efectiva. La ley había sido aprobada por el Senado en junio, pero vetada por el presidente en agosto. Al mes siguiente, la Cámara de Diputados y el Senado dejaron sin efecto el veto y el Ejecutivo debió promulgar la norma, pero decidió dejar en suspenso su aplicación, por decreto, con el argumento de que entrará en vigor sólo cuando el Congreso indicara cuáles serían las partidas presupuestarias destinadas a la misma. Se trató de un liso y llano incumplimiento de la ley, como ya lo había hecho con las relacionadas a la asistencia social o sanitaria. Contra este incumplimiento de la ley es que acaba de fallar este viernes la Justicia, reestableciendo la ley de discapacidad y obligando al gobierno a pagar las compensaciones correspondientes.
El decreto inconstitucional de Milei fue respondido en su momento con un amparo colectivo impulsado por padres y madres de niños con discapacidad y por numerosas asociaciones civiles. El juez del reciente fallo sostuvo que, mientras que el Ejecutivo tenía la obligación de aplicar la norma, procedió a una violación al principio republicano de división de poderes y aplicó un “veto encubierto”, extralimitándose en sus facultades presidenciales constitucionales. Para el magistrado, la suspensión vía decreto de una ley ratificada por el Congreso no tiene validez y sostuvo que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia, por lo que y el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla no tiene asidero.
Pero, por, sobre todo, el fallo sostiene que mientras que el gobierno alega no tener fondos para discapacidad, “ha realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias” discrecionales para otras áreas (como Seguridad y Defensa), operando con un presupuesto prorrogado. Y agrega que “esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector”. El fallo no hace mención a las corruptelas de los Milei con los fondos de la ANDIS, pero, dado el magro porcentaje del PBI que representa la ley de emergencia en discapacidad (un 0,2 %), los argumentos del fallo son inapelables. El señalamiento, sin embargo, tiene otra implicancia aún mayor que ya hemos denunciado: Milei está utilizando parte del presupuesto en la compra de armas y aviones a mansalva en su alineamiento con la ofensiva de Trump en América Latina, a costa de un ajuste social brutal. Aunque el fallo tampoco lo menciona, el pago de la deuda es el otro gran canal por el que se drenan los fondos presupuestarios.
Así como la caída del veto a la emergencia en discapacidad en el Congreso en septiembre pasado fue celebrada por las familias afectadas, lo mismo probablemente ocurra ahora con el fallo que invalida el veto encubierto. El fallo llega, sin embargo, cuando el gobierno, gracias a la cooptación de los elementos peronistas y de otro tipo en el Congreso, se propone la aplicación de un presupuesto de ajuste aún más brutal sobre la población, esta vez sin dar lugar a amparos judiciales. Incluso se propone un cambio de régimen económico y político, suspendiendo los derechos políticos de la clase obrera en los lugares de trabajo y la derogación de todo el derecho laboral mediante la 'reforma laboral'.
El gobierno, además, todavía puede apelar esta sentencia, lo que probablemente haga, y llevaría la causa a la Corte Suprema, la misma que acaba de fallar a favor de la confiscación de las jubilaciones con una maniobra del macrismo aplicada en 2017, que representa un aval para todas las tropelías del gobierno contra los trabajadores.
A cuatro meses de que el gobierno vetara la ley de discapacidad, la burocracia sindical no movió un solo dedo para derrotar el veto ni para obligar al gobierno al cumplimiento de la ley. Ha sido un obstáculo para cualquier conquista social. El Congreso, por su parte, que impulsó una ley de emergencia de alcance más que limitado, se dispone a acompañar todos los atropellos que prepara el gobierno contra la población. La perspectiva está en la lucha que están impulsando los trabajadores de las diferentes ramas (colectiveros, neumático, azucareros, etc.) para la derrota definitiva de la política criminal del gobierno.
