Masacre del Pabellón Séptimo: el 11 de diciembre se conocerá la sentencia

Luego de 47 años de total impunidad, y un juicio de poco más de un año, el 11 de diciembre próximo se conocerá la sentencia por la Masacre del Pabellón Séptimo en el que murieron 65 detenidos en la cárcel de Devoto y 88 resultaron heridos de gravedad. Los fiscales pidieron la pena de 25 años de prisión para el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz y para el exjefe de la División de Seguridad Interna, Horacio Martín Galindez y 22 años de prisión para el excelador de la División de Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda, los tres señalados como coautores. La causa está enmarcada en un crimen de lesa humanidad en lo que se entiende formó parte del plan sistemático de exterminio desarrollado por la última dictadura cívico militar.

A raíz del desarrollo de la causa, el juez federal Daniel Rafecas decidió procesar al juez federal Rivarola por “encubrir una masacre” y a tres exagentes del Servicio Penitenciario Federal: Antonio Bienvenido Olmedo, exjefe de turno de la División de Seguridad Interna; Camilo Neri Miño y José Rubén Mambrín. Estos últimos tenían el grado de ayudantes y formaron parte de la División de Seguridad Externa que disparó a través de las ventanas a los detenidos que se asomaban a respirar.

La lucha contra la impunidad tuvo un salto en el 2013 cuando se le dió el carácter de crimen de lesa humanidad siendo así imprescriptible. Esto gracias a la solicitada del sobreviviente Hugo Cardozo ya que la justicia se negaba a entregar los expedientes del juicio de 1978-79 a la magíster Claudia Cesaroni y el equipo del CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) quienes reunieron los testimonios, archivos y evidencias que permitieron desarchivar el caso.

Masacre

La Masacre del Pabellón Séptimo ocurrió el 14 de marzo de 1978, producto de una brutal represión generada por el SPF que gaseando y golpeando a los detenidos primero y, una vez iniciado el incendio, impidió el ingreso de bomberos y cortó el agua. Los agentes del SPF disparaban incluso a los detenidos que se asomaban a las ventanas para respirar. El pabellón estaba superpoblado, duplicando su capacidad máxima, con 150 detenidos hacinados, con sus pertenencias amontonadas a los costados de los propios colchones que se encontraban en el suelo. Los colchones en el piso, las cuchetas y los tendederos copaban el espacio del pabellón al momento de comenzar la feroz represión.

En ese año la Argentina se preparaba para ser anfitriona del mundial de futbol. La cárcel de Devoto reorganizó la distribución de los presos comunes para dejar pabellones libres donde albergó más de 1.000 presas políticas. Colapsó así los pabellones de presos comunes. La cárcel de Devoto tenía que servir de vidriera para los organismos de derechos humanos internacionales que querían certificar el estado de los presos políticos.

La escaramuza contra los detenidos del Pabellón Séptimo comenzó luego de que en la noche del 13 de marzo de 1978 un grupo de presos de avanzada edad se negara a apagar el televisor antes de las 12 de la noche, horario que hasta entonces tenían permitido mirar las películas que trasmitía el canal 13. Antes de las 3 de la madrugada, una patota ingresó al pabellón a tratar de llevarse al detenido Tolosa, cabecilla de los presos que no quisieron apagar el televisor. Al no poder sacarlo y en inferioridad numérica, la patota se retiró de momento, para volver a las horas con más de 60 efectivos.

Cerca de las 8 del 14 de marzo de 1978, el ingreso de esta nueva patota, con la excusa de requisa, alertó al conjunto de los presos. La extrema violencia que desarrolló desde un principio dejó de relieve que no se trataba de una requisa de rutina, las cuales también son violentas. El avance represivo trató de frenarse con barricadas de camas cuchetas. Al no poder avanzar con las golpizas los efectivos empezaron a disparar gases lacrimógenos, lo que en un pabellón sobrepoblado y pésimamente ventilado generó el caos. Los presos intentaron frenar el ingreso de los gases colocando los colchones contra las rejas o utilizando esos colchones para aplastar las granadas y evitar que larguen el asfixiante gas.

Aún no se sabe si el fuego se generó por el contacto de los colchones con las granadas lacrimógenas o por calentadores que había en el pabellón. Pero el fuego se propagó con velocidad cocinando a decenas de detenidos. Los que no murieron en el acto por el fuego, la asfixia o las balas de ametralladoras que impactaban a los que trataban de asomarse por las ventanas, fueron muriendo por golpizas o infecciones momentos y días después del incendio.

Los sobrevivientes fueron encerrados en calabozos y luego trasladados al Hospital Salaberry y permanecieron allí dos meses, Hugo cuenta que le arrancaron piel quemada, carne cocinada, que lo “rasquetearon como a una pared hasta que volvió a brotar la sangre”. El mundial ya había terminado y los sobrevivientes continuaban internados, ahora en la misma cárcel de Devoto. Al recibir el alta médico Hugo fue trasladado al penal de Olmos donde a la señal de “este es uno de los amotinados del Pabellón Séptimo”, recibió una golpiza de despedida por parte de los guardias de Devoto y otra de los guardias de Olmos que lo recibió. En esas golpizas perdió un testículo y fue otra vez a parar a un calabozo. Tiempo después de trasladado volvió a compartir con otros detenidos en un pabellón.

El caso en un principio fue investigado por el propio Servicio Penitenciario Federal, y durante un año sólo se informaron novedades a la Justicia Federal. Es así que el juez federal Rivarola permitió que desde muy temprano en la causa trascienda el supuesto de un motín promovido por los detenidos, los que se habrían negado a ser requisados. Luego de un año, el juez resolvió que el caso debía ser tratado por la justicia ordinaria, y luego pasó a archivarse. Con el regreso a la democracia, un preso de Mendoza testigo de la masacre del pabellón séptimo contó lo que vió, lo que género que en 1984 el caso volviera a ser tratado por la justicia federal, pero la causa fue archivada, en ese momento alegando a una suerte de teoría de los dos demonios, los presos tenían su versión y el SPF otra, no se realizó ninguna investigación rigurosa.

El caso pasó a conocerse como el Motín de los Colchones, y calló la responsabilidad de los muertos en los propios detenidos. La cuestión de que los muertos sean denominados “presos comunes” ayudó a acallar cualquier pedido de justicia. El criminólogo Elías Neuman en 1985 escribe el libro “Crónicas de muertes silenciadas” a partir del relato de Horacio, sobreviviente de la masacre. Daniel Barberis, preso en Devoto durante aquel 14 de marzo, aunque en otro pabellón, hizo lo propio en “Los derechos humanos en el otro país”, de 1987. Claudia Cesaroni, abogada, magíster en Criminología que trabajó en la Procuración Penitenciaria para luego llegar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y a la Oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura, publicó en 2013 el libro “Masacre en el Pabellón Séptimo”

El Indio Solari, el mayor ícono del rock nacional contemporáneo, le dedicó dos canciones a la Masacre – “Toxi-Taxi” (1993), en memoria de su amigo Luis María Canosa, víctima de la masacre; y “Pabellón Séptimo (relato de Horacio)” (2004) en la que logra condensar en cuatro minutos y cuarenta y seis segundos los hechos de ese 14 de marzo del ‘78. El famoso artista Rocambole también aportó sus diseños para graficar lo ocurrido aquel día.

Un gran aporte para el desarrollo de la causa vino desde el cine, gracias a la película “El túnel de los huesos” (2011), del director Nacho Garassino, que relata la fuga real de 7 presos de la cárcel de Devoto en 1991. Los prófugos hicieron un túnel de 12 metros para escapar y en el camino se encontraron con una fosa común. Hugo Cardozo vio la película y se contactó con el director para constatar si la historia de los huesos era real. Hugo siempre sospechó que los muertos en el incendio habían sido más. Nacho, a su vez, puso en contacto a Hugo con Cecilia Cesaroni. Hasta ese momento, Hugo, querellante principal de la causa, no había hablado sobre lo ocurrido en aquel pabellón más que en una nota para el diario Hoy de La Plata, en 2007, hasta ese año no lo había hablado ni con su familia.

La Masacre del Pabellón Séptimo significó el caso con mayor cantidad de muertes en el sistema carcelario argentino, se dio en el marco de una dictadura cívico militar. La cárcel respondía al Primer Cuerpo del Ejército y no podía quedar sin aleccionar una subordinación hacia la estructura represiva por parte de “presos comunes” en la institución que pretendía ser vidriera al mundo.

El juicio actual es, sin duda, un avance luego de casi medio siglo de impunidad, particularmente resulta un caso histórico porque enmarca el asesinato de los llamados presos comunes como un crimen de lesa humanidad. Es evidente que los juzgados hasta ahora son apenas una pizca del conjunto de responsables que articularon como coautores o encubridores.

La condena a un grupo de torturadores asesinos casi 50 años después cobra valor en la búsqueda de justicia y más aún en el marco de que Argentina acaba de votar en contra de erradicar la tortura en la ONU, Milei viene de incorporar a su gabinete a un general del ejército, lo que no sucedía desde 1981. Las condiciones habitacionales en las cárceles son peores, en Devoto con más de 2.000 internos en una cárcel habilitada para 1.250 (datos 2019) y con más de 2.400 detenidos en dependencias policiales de la ciudad. La vulneración de derechos de los “presos comunes” ha sido un punto en la campaña liberticida de la fascista Bullrich y está en la agenda de Trump y la burguesía en general la bukelización de las cárceles.

El miércoles 15 de marzo de 1978, un día después de la masacre, la tapa del diario Clarín ponía en su título central “53 muertos por motín en Devoto”, como título superior “Israel invadió el Sur Libanés” y más abajo en la tapa “Aumentos en combustibles y servicios” … Podría ser la tapa de mañana.