Pañuelos Negros: un (nuevo) reagrupamiento en busca de la impunidad de los genocidas

Los grupos y asociaciones de apologistas de la última dictadura militar son uno de los sectores envalentonados de esta etapa, que con la llegada de Milei y Villarruel a la Casa Rosada vieron a un gobierno aliado para vehiculizar sus reclamos de liberación de los represores presos por los crímenes de lesa humanidad y que en las últimas semanas se han visto reforzados por la designación de Carlos Alberto Presti (militar en actividad e hijo de un acusado por 44 crímenes de lesa humanidad) en el Ministerio de Defensa, en reemplazo de Luis Petri, cuestionado por diferentes sectores castrense. El arribo de Presti a Defensa es visto por sectores videlistas como la gran oportunidad de alcanzar la anhelada libertad para los genocidas.

Otro de los puntos de apoyatura de estos grupos es la justicia, que viene fallando en favor de los represores. En lo que va del 2025, diferentes tribunales concedieron libertades y beneficios extraordinarios a condenados por delitos de lesa humanidad. Por su parte la Cámara de Apelaciones dio lugar a un hábeas corpus presentado por grupos que defienden a genocidas, obligando a revisar sus condiciones en la unidad VIP de Campo de Mayo, donde gozan de clases de tenis, piano y actividades recreativas (El Destape, 28/11).

El lobby de la “familia militar”

Ni bien asumido el gobierno liberticida desde la Unión de Promociones (organización que busca fortalecer “los lazos entre los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias”) le hicieron llegar una misiva a través del diputado nacional por Mendoza Facundo Correa Llanos, en la que expresaban su afinidad al discurso enarbolado por Milei y su séquito sobre la negación del numero de 30 mil desaparecidos y la caracterización de que en los años 70 se desarrolló una “guerra”, lo que representa, según estos sectores, una “mirada superadora” que permita satisfacer los reclamos de la “familia militar”: la liberación de los genocidas, situación en la que el gobierno no ha podido avanzar por divergencias internas, pero sobre todo, por el repudio de gran parte de la población para con los genocidas y el terrorismo de Estado.

En esta misma línea de acción, días antes de la navidad del 2023, el grupo comandado por Cecilia Pando, Lucrecia Astiz y Marta Ravasi, publicaron un comunicado en el diario La Nación en el que reclamaban los indultos para los “presos políticos”, para que estos pudieran pasar las fiestas con sus familias. La demanda no progresó y las rispideces con el gobierno comenzaron a aflorar en estos sectores. Fue tal la expectativa despertada por las promesas realizadas durante la campaña electoral a la “familia militar” por la formula Milei-Villarruel, que llevó a los genocidas con prisión domiciliaria a pedir permiso para ir a votar.

En octubre del 2023 y antes del ballotage, el represor Jorge “Tigre” Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA, quien cuenta en su haber dos condenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad y delitos sexuales, hizo pública una carta en la que se podía leer que “se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice que es la verdad que surgió de juicios manejados por la “patria socialista'” (https://prisioneroenargentina.com/en-argentina-bombas-en-jardines-de-infantes/), en un claro y decidido apoyo al, en ese momento, presidenciable Milei, quien en el debate con los demás candidatos se explayó sobre la “teoría de los excesos”, acuñada en 1977 por el dictador Jorge Rafael Videla para intentar explicar los crímenes de la dictadura en el exterior. Como respuesta a la tesis elaborada por Videla y sus pares (que generó tensiones internas en las FF. AA) los organismos de derechos humanos respondieron con la siguiente consigna: “No hubo errores, no hubo excesos: son todos asesinos los milicos del Proceso”.

El lobby de la “familiar militar” tuvo un frenético accionar en los primeros días del gobierno liberticida. La Fundación San Elías, conducida por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida Jorge Olivera, conocido como el “Carnicero de San Juan”, en febrero de 2024, promovió reuniones reservadas con diputados de LLA, que tuvieron como resultado la visita de legisladores a los represores presos. En su momento Milei salió públicamente a despegarse de la visita de diputados libertarios al penal de Ezeiza en febrero de 2024, creando un punto de inflexión en la relación con Villarruel, dando comienzo a la interna que se ha materializado en una crisis, que, por ahora, no tiene un punto de retorno. Villarruel una militante de la “memoria completa” y defensora legal de genocidas, siguió adelante con su agenda política y desde su lugar institucional, organizó en el Senado homenajes a las “víctimas del terrorismo”.

La ultramontana Fundación San Elías es promotora de lo que Olivera Ravasi denomina “contrarrevolución cultural y apologética de la historia”, que, como se puede leer en su sitio oficial “son conceptos que se han vuelto relevantes en el contexto actual de América Latina, donde se observa un crecimiento de nuevas derechas radicales y un aumento de la actividad de los movimientos contrarrevolucionarios. Estos movimientos buscan restaurar estructuras y tradiciones que parecían haber sido desplazados por revoluciones, buscando recuperar un orden previo y revertir las transformaciones sociales y políticas que han surgido. La contrarrevolución cultural se manifiesta en la defensa de la fe y la moralidad, y la apologética histórica se centra en la defensa de la fe desde una perspectiva histórica y cultural. Ambos enfoques son parte de un esfuerzo más amplio por restaurar la estabilidad y la continuidad histórica en un mundo que enfrenta desafíos ideológicos y sociales.” (https://www.fundacionsanelias.org/) Todo un manifiesto oscurantista y retardatario, que en sintonía con Milei y sus “intelectuales”, abrevan de los postulados de “orden y progreso” del siglo XIX que, según estos, hicieron de la Argentina una potencia mundial hace mas de cien años.

La Unión de Promociones que nuclea a militares en actividad, retirados, presos por delitos de lesa humanidad, familiares, abogados y civiles, nació el 29 de mayo de 2005 al conmemorarse el Día del Ejército. Un elemento que acicateó este reagrupamiento fue el fallo de la Cortes Suprema de Justicia que declaraba inconstitucionales las leyes alfonsinistas de Punto Final y Obediencia Debida. En aquellos años la UP realiza actos en la Plaza San Martín en CABA cada 6 de octubre para homenajear a los “caídos por la subversión”. Entre los asiduos concurrentes se encontraban Alejandro Biondini, Cecilia Pando, Jorge Breide Obeid, Victoria Villarruel y Cristian Itaurralde, cercano a la vicepresidente y asesor de Eduardo Bolsonaro, hijo del reo.

La UP, en febrero de este año, al cumplirse 50 años del “Operativo Independencia” en Tucumán (resuelto por Decreto N.º 261/75 del gobierno de María Estela Martínez de Perón), llevó adelante acciones públicas con actos, desfiles, y discursos que se desarrollaron durante dos días en la capital provincial, “que incluyeron un acto final frente a la casa de gobierno al que finalmente no concurrieron ni Javier Milei ni Victoria Villarruel como pretendían los organizadores” (Data Clave, 23/11). En estas jornadas, los convocantes realizaron una cerrada defensa del accionar militar de Acdel Vilas primero y de Antonio Bussi después, como responsables de la represión.

Con el fomento de legisladores de LLA, la UP organizó en la Legislatura Porteña entre los meses de agosto y septiembre de este año, actos en reivindicación de la última dictadura, en los que pidieron la libertad de los “presos políticos”. Una de las diputadas libertarias que es promotora de estas actividades en la Legislatura es Rebeca Fleitas, quien el 21 de agosto ofició de anfitriona de José D`Angelo, participante del alzamiento contra el gobierno de Alfonsín y “que desde hace unos años se dedica a la publicación de libros donde niega la última dictadura cívico militar y reivindica los asesinatos cometidos durante el gobierno de facto.” (Ídem)

También en la Legislatura, el 10 de septiembre, la diputada Lucía Montenegro organizó un agasajo para aquellos militares que participaron en el “Operativo Independencia”. Entre los agasajados se hicieron presentes exmilitares “imputados por torturas y vejámenes” y “civiles defensores de militares y represores.” (Ídem)

La efervescencia con la que la “familia militar” recibió el arribo de los liberticidas al poder se fue desvaneciendo en tanto y en cuanto las promesas de campaña realizadas por Milei – Villarruel no se materializaron en la realidad. La inacción del gobierno para avanzar en la libertad de los represores, fue subsanada por este, en parte, con la designación de Alberto Baños como subsecretario de Derechos Humanos, quien fue recibido con beneplácito por familiares, represores y abogados defensores. No es para menos, Baños implementó “el desguace de archivos, despido de personal, cierre de actividades y toda clase de políticas contrarias a la memoria y la justicia, que incluyeron como cereza de un oscuro postre la presentación ante la ONU para negar que en la Argentina haya habido treinta mil desaparecidos.” (Ídem) La “familia militar” también pone unas fichas por el diputado por Entre Ríos, Beltrán Benedit, abierto defensor del accionar de las Fueras Armadas durante la dictadura y uno de los organizadores de la visita a Astiz y demás represores alojados en Ezeiza.

Pañuelos Negros

Con todo este recorrido, la Unión de Promociones, conjuntamente con la organización Pañuelos Negros llevaron adelante el 29 de noviembre un provocativo acto por partida doble, tomando el símbolo de los pañuelos, emblema de la lucha contra los crímenes de la dictadura y los derechos humanos y la Plaza de Mayo, lugar donde nació el reclamo por los desaparecidos en pleno gobierno de facto y locación de movilizaciones obreras de alcance históricos. Pañuelos Negros nació luego de la “conmemoración” de los 50 años del “Operativo Independencia”.

El acto en cuestión congregó a un grupúsculo que al llegar la marcha en apoyo a Palestina y contra el genocidio en Gaza, buscaron refugio en la Catedral. Si bien se especulaba que la marcha contara con la presencia de miembros del gobierno, estos no se hicieron presente. Tampoco asistieron referentes de los negacionistas, como Cecilia Pando, entre otros, evidenciando discrepancias hacia dentro de este heterogéneo conglomerado reaccionario. Si se hicieron presentes Alfredo Manzur, veterano de Malvinas y señalado por realizar torturas y vejaciones a conscriptos, actualmente procurador del poder Judicial de Tucumán y Guillermo Sottovia, hijo de un miembro de la fuerza Aérea e “influencer” de la dictadura (Perfil, 29/11).

Una de las convocantes y organizadora es Asunción Benedit de Lacal Montenegro, referente de UP en Bariloche y viuda del capitán Francisco Lacal Montenegro, quien participó del “Operativo Independencia” y hermana del diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit. Asunción estuvo presente en las acciones que llevó adelante la UP en Tucumán a los 50 a los del “Operativo Independencia” en donde manifestó que “los pañuelos negros son porque la patria está de duelo y vienen a unir todas las causas”. Uno de sus hijos, Pelayo Lacal Montenegro, fue candidato a diputado provincial en Entre Ríos en las elecciones de 2023 y actualmente es asesor de su tío diputado nacional y participó de la comitiva que realizó la visita “humanitaria” a los genocidas en Ezeiza. Asunción Benedit, quien reside desde el año 1984 en Bariloche, cuando su marido fue destinado a la Escuela Militar de Montaña, ha sido impulsora de actos homenajes a Julio A. Roca, participó de manifestaciones contra los pueblos originarios, elogió el accionar de la Gendarmería en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, a quien llamó “maputrucho” y representante del espacio político referenciado con el excarapintada José Gómez Centurión.

En diferentes entrevistas brindadas por Benedit ha planteado los tres objetivos fundamentales de la organización: asistencia a veteranos de la “guerra contra la subversión”, el reconocimiento a víctimas civiles del terrorismo (de las que no da ni nombres, ni cifras) y el apoyo a represores condenados, considerados por la agrupación como “presos políticos”

El acto en Plaza de Mayo también contó con el apoyo de la agrupación Justicia y Concordia, integrada por abogados de represores, como Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto bonaerense, y María Laura Olea, abogada que actuó en varias defensas, incluido su padre, el general Braulio Olea, general de brigada condenado a 25 años por los crímenes que cometió en el centro clandestino de detención La Escuelita.

El puntapié inicial de esta iniciativa estuvo a cargo de Orlando “Hormiga” González, exintegrante del grupo de tareas de la ESMA, con prisión domiciliaria y condenado a prisión perpetua en 2017. González en la ESMA anotaba el ingreso de personas secuestradas, registraba pertenencias y fotografiaba víctimas, una tarea que utilizó luego para cuestionar su condena en un libro propio. Si bien el represor fue uno de los impulsores, a último momento se alejó de la convocatoria cuando desde el Ministerio de Seguridad, al mando de Bullrich aún, les recomendó a los organizadores mudar la convocatoria a Plaza San Martín para no cruzarse con la marcha por Palestina, y en un texto de su autoría aseguró: “mi obligación moral me impone no ser partícipe de esta equivocada decisión y en consecuencia retirarme en forma indeclinable”, dando cuenta de las rencillas dentro de la fachosfera.

Benedit y sus Pañuelos Negros no pueden ufanarse de ser la” vanguardia” del negacionismo. En 2006 fue creado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), presidido actualmente por Victoria Viillarruel. Otra de las pioneras fue Cecilia Pando, con su Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), se le anticiparon con muchos años de distancia. (Tiempo Argentino 30/11)

El negacionismo es un fenómeno que se desarrolla desde la dictadura misma, pero es con el gobierno liberticida que por vez primera la agenda de “memoria completa” ocupa un lugar estratégico dentro de la estructura del Estado, empezando por el gobierno nacional.

Para neutralizar de una vez y para siempre a esta corriente que reivindica los crímenes cometidos por la última dictadura militar es necesario la desclasificación de todos los archivos del Ejercito, la SIDE y fuerzas de seguridad que intervinieron en el genocidio y puestos bajo control de las organizaciones independientes de derechos humanos para investigar todas las responsabilidades políticas e intelectuales del terrorismo de Estado, incluyendo a las grande patronales y capitalistas que brindaron su colaboración directa con los genocidas y que actualmente operan impunemente en el país.