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En las horas previas a la marcha de hoy, la sucesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad anunció que aplicarían el protocolo antipiquetes.
La abrumadora presencia de efectivos de la Federal y de la Policía de la Ciudad demostró desde temprano esa disposición. Pero lo que tenían preparado los esbirros del gobierno era algo peor: un despliegue de provocaciones y actos sorpresivos de violencia policial. Nuestra columna soportó esta arbitrariedad al comienzo y al final de la jornada.
Cuando estábamos concentrando, en Bernardo de Irigoyen y Rivadavia, lugar donde Política Obrera y otras organizaciones había permanecido durante un buen rato, súbitamente la policía se arrojó sobre nuestra columna al grito de “A la vereda”. Con palos y gases, comenzaron a arremeter contra nuestros compañeros. La “orden”, en cambio, no regía en la cuadra siguiente, donde nos desplegamos en toda la longitud de la calle. A la salida de la marcha, cuando pretendíamos hacer un acto, fuimos objeto de un hostigamiento permanente por parte de la Policía de la Ciudad. “Recibimos la orden de que no se produzcan nuevas concentraciones”, nos dijeron, incluso cuando nos encontrábamos al interior de la Plaza de la República. Típica manifestación de un Estado policial. Finalmente, concretamos nuestra intervención política en medio de un enorme operativo policial, frente a la comisaría de Diagonal Norte y Cerrito.
El gobierno va por una cárcel en los lugares de trabajo y por un régimen carcelario en la calle y en los barrios.
