Huelgas en Brasil: apresuran la calificación de “servicio esencial” al Correo y la industria petrolera

En diciembre se desataron dos grandes huelgas en Brasil.

En el sector petrolero, la huelga fue impulsada por los sindicatos nucleados en la Federación Única de los Petroleros (FUP) y tuvo como eje central el conflicto en torno a las pensiones. Miles de jubilados de Petrobras vienen sufriendo descuentos que en algunos casos superan el 20 % de sus ingresos para cubrir el déficit del fondo de pensiones -algo parecido a lo que sucede con los jubilados de la caja provincial de Córdoba, en Argentina-. Cubren el déficit de la caja con un arrebato compulsivo a las jubilaciones más altas.

A ese reclamo se sumó la discusión salarial: la empresa había presentado inicialmente una propuesta de aumento que apenas superaba la inflación, lo que no alcanzaba a recomponer el poder adquisitivo perdido tras años de congelamientos y recortes que vienen desde el gobierno de Bolsonaro.

Cuando la huelga llegó a la segunda semana, desde Petrobras se seguían jactando de que la producción no estaba en riesgo gracias a los equipos de contingencia. Sin embargo, desde el sindicato denuncian dos accidentes producidos por operar sin el personal calificado.

El Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese) afirma que, en los seis primeros días de la huelga, iniciada el 15 de diciembre, la producción registró una caída acumulada estimada en cerca de 300.000 barriles de petróleo. Según la entidad, los impactos en exploración y producción y refinación representan un perjuicio parcial del orden de 200 millones de reales (US$45 millones) diarios para Petrobras, sin considerar los efectos sobre Transpetro, TBG y PBio (Bnamericas, 22/12).

Por eso, la empresa presentó una contraoferta salarial que no se dio a conocer, pero que el sindicato aceptó. Falta refrendarla en asamblea. No hubo ninguna propuesta sobre el problema del recorte a las pensiones que afecta a 50.000 jubilados. En este aspecto, el sindicato se conforma con una carta de intención firmada por algún directivo

En paralelo, los trabajadores de Correios llevaron adelante una huelga en medio de la negociación del Acuerdo Colectivo de Trabajo y en un contexto de crisis financiera de la empresa postal. Los reclamos incluyeron la equiparación total de los salarios con la inflación, la defensa de los derechos adquiridos, el pago de un bono de fin de año, el pago al 200 % para el trabajo los fines de semana y la contratación de más personal para aliviar la sobrecarga laboral. La medida de fuerza tuvo impacto en nueve estados y coincidió con un período sensible para el servicio postal. La Justicia Laboral presentó una propuesta de acuerdo por dos años que vulnera parte de los beneficios plasmados en el viejo convenio. Además, el Tribunal consideró “esencial” al servicio postal, por lo que le prohibió el derecho de huelga al 80 % de los trabajadores en muchas asambleas.

En Correios, además, hay un proceso de retiros voluntarios y está planteado el cierre de 100 oficinas, lo que contrasta con el reclamo de los trabajadores por la sobrecarga laboral y el intento de la empresa de llevar la jornada de trabajo a 12 horas.

Esta semana el gobierno le otorgó a Correios —que detenta un 60 % del déficit de las empresas públicas— un préstamo garantizado por el Tesoro por 12 mil millones de reales. Lula declaró que descarta una privatización, pero no una empresa de capitales mixtos, lo que siempre garantiza que los accionistas puedan llevarse ganancias mientras el Estado paga los gastos.

En su tercer año de mandato, Lula no solo no recompuso los salarios a la capacidad de compra que tenían antes del gobierno de Bolsonaro, sino que no tocó la legislación antiobrera de ese gobierno ni la reforma laboral de 2017 que impulsó Michel Temer. La burocracia sindical, ligada al PT y al gobierno, se apresura a liquidar la lucha que las asambleas le están votando.