San Martín bajo el agua: la movilización vecinal del 29 de diciembre

Escriben Carlos Suárez y Gustavo Merle

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Este lunes 29 de diciembre, bajo la consigna “¡San Martín bajo el agua!”, alrededor de 400 vecinos damnificados por las inundaciones provocadas por los últimos temporales se autoconvocaron como Vecinos Unidos para reclamar soluciones de fondo y asistencia urgente frente a las enormes pérdidas sufridas. La movilización expresó el hartazgo acumulado frente a años de abandono, desidia y promesas incumplidas por parte de los gobiernos municipal, provincial y nacional.

La concentración comenzó en la esquina de Bartolomé Mitre y Ramón Carrillo, donde los vecinos realizaron cortes alternados durante cerca de media hora. Luego, ante la necesidad de exigir una respuesta directa de las autoridades, la movilización se dirigió hacia la entrada del municipio por la calle Carrillo. La respuesta del intendente Fernando Moreira fue cerrar las puertas del edificio municipal y desplegar un operativo policial completamente desproporcionado. Trabajadores municipales y efectivos policiales forcejearon con los manifestantes para impedir el ingreso y cerraron la reja perimetral, mientras un grupo de choque con cascos y escudos generó un fuerte repudio. La escena dejó al desnudo la cobardía política de un intendente incapaz de dar la cara frente a su propio pueblo.

Lejos de descomprimir el conflicto, la respuesta represiva profundizó la bronca. Los vecinos rodearon el municipio y presionaron en distintos accesos hasta que las autoridades habilitaron el ingreso en tandas de diez personas para que “expusieran su caso” de manera individual. Este mecanismo, típico del asistencialismo y de la fragmentación deliberada de los reclamos, buscó diluir una demanda colectiva en una suma de dramas personales. Tras casi dos horas de espera, bajo un calor agobiante y un enorme desgaste físico y emocional, muchos vecinos se retiraron sin haber sido atendidos.

Quienes lograron ingresar fueron recibidos por funcionarios, entre ellos el titular de Obras Públicas, sin que se ofreciera ninguna respuesta concreta a los problemas estructurales planteados. No hubo plazos, ni anuncios de obras, ni explicaciones sobre el estado del sistema de desagües, el arroyo Medrano o el cuenco de Tecnópolis.

Durante toda la jornada, los carteles y banderas expresaron con claridad el contenido político del reclamo: “Basta de inundaciones”, “El municipio abandona a su pueblo”, denuncias por la falta de limpieza, el abandono de los barrios, el colapso de los arroyos y la indiferencia tanto del gobierno municipal como del provincial. A estas denuncias se sumó una pregunta que recorrió toda la movilización: ¿a dónde va la plata de los impuestos que pagan los vecinos? Mientras San Martín se inunda una y otra vez, el municipio recauda millones en tasas e impuestos sin que eso se traduzca en obras, mantenimiento ni prevención. La ausencia de respuestas alimenta la sospecha de corrupción y uso discrecional de los fondos públicos, una constante de las gestiones que se suceden en el distrito.

En este marco, un grupo de vecinos impulsó la firma de una denuncia penal contra el intendente Moreira, expresión de la bronca acumulada frente a años de inacción y encubrimiento político.

Política Obrera se hizo presente para respaldar la autoorganización vecinal y denunciar la responsabilidad de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Este hecho fue utilizado de manera provocadora por una periodista del medio Yo soy de San Martín, que primero intentó minimizar la movilización calificándola como “un puñado de manifestantes” y luego, ante la magnitud real de la convocatoria, acusó a los vecinos de estar “manipulados por partidos políticos”, como si las inundaciones que afectan a todo el distrito fueran una operación política y no una realidad palpable.

Si bien al cierre de la jornada persistía la confusión respecto a los pasos a seguir y continuaban reuniones parciales con funcionarios, la movilización del 29 de diciembre dejó planteada una perspectiva fundamental: la necesidad de avanzar en una coordinación interbarrial, capaz de unificar los reclamos y enfrentar una política oficial que intenta reducir el desastre a subsidios miserables e insuficientes, como los anunciados a través del Banco Provincia, que no cubren ni una mínima parte de las pérdidas.

La jornada demostró que solo la movilización y la organización independiente de los vecinos pueden imponer una salida real frente a las inundaciones recurrentes. La defensa de condiciones de vida dignas en San Martín exige obras hídricas integrales, un plan de limpieza y mantenimiento permanente, asistencia inmediata a los damnificados y una investigación a fondo sobre el destino de los fondos públicos. Las inundaciones no son un hecho natural ni inevitable. Son la consecuencia directa de una política sistemática de desinversión en obras hídricas, del abandono del mantenimiento de arroyos y desagües, y de una falta de limpieza estructural en todo el distrito. Zanjones colapsados, bocas de tormenta tapadas por residuos y arroyos convertidos en basurales a cielo abierto forman parte del paisaje cotidiano de San Martín. Esta situación, largamente denunciada por los vecinos, potencia cada lluvia y convierte barrios enteros en zonas inundables permanentes. Terminar con la política de abandono y corrupción es una tarea urgente que no puede quedar en manos de los mismos responsables del desastre.

Revista EDM