La fractura en la base social de los liberticidas no cambia el plan de ataque común contra los trabajadores

El litigio entre el monopolio Techint y el consorcio petrolero Southern Energy, en torno de la provisión de caños para exportar gas desde Vaca Muerta, se ha convertido en un choque de carácter político. El conflicto se originó cuando el primero -integrado por YPF, PAE (Bulgheroni) y dos firmas extranjeras- adjudicó la provisión de los caños de gas a la empresa india Welspun. La oferta de Wellspun superó en ventajas a sus competidores, entre ellos Techint, que demandaba por los caños un 40% más que el ganador. Sturzenegger y Milei se encargaron de levantarle voltaje al anuncio, al denunciar al mandamás de Techint, Paolo Rocca, como “prebendario” y al señalar que el propósito de la “modernización laboral” -así le llaman a la contrarreforma antiobrera – es reducir los costos locales. ¿Cuál es el alcance de este choque entre el gran capital y el gobierno liberticida?

Crisis industrial

El topetazo entre Techint y Milei tiene lugar en medio de una gran crisis industrial. En la industria textil, ha alcanzado nada menos que al grupo Platex, con modernas plantas en Tucumán. Antes de la asunción de Milei, su propietario, Teddy Karagosian, ya convertido al libertarianismo, le acercaba al gobierno una propuesta para reemplazar por seguros de despido a la actual indemnización, en nombre de “facilitar la creación de empleo”. Ahora, Karagosian espera la reforma laboral para transformar en despidos a las suspensiones que está aplicando en Tucumán. Pero la crisis también es aguda en la “competitiva” agroindustria de Argentina. Los cierres de frigoríficos se extienden, y la caída del consumo interno de carne no logra ser compensada por las exportaciones. La industria láctea, que ha vivido una “explosión” de capacidad y tecnología en los últimos años, chapotea entre la sobrecapacidad, la caída de las ventas externas y del mercado interno. En los últimos días, la cámara aceitera CIARA advirtió sobre el cierre del mercado europeo de biodiesel de soja. Según CIARA, la UE coloca “excusas para proteger a sus propias plantas de biodiesel”, que trabajan a media máquina. La crisis tiene otro flanco en los grupos del agronegocio que apostaron a una recuperación de la actividad interna y exportadora que no tuvo lugar en los últimos dos años -y que, en función de esa perspectiva, se endeudaron fuertemente. Es lo que ocurrió con Albanese, Grobo o Bioceres.

Las patronales que van al concurso preventivo denuncian el crecimiento explosivo de las importaciones de China. La Asociación de Industriales Metalúrgicos dice que el ingreso de estructuras metálicas -unas 30.000 toneladas en 2025- equivale a toda la capacidad de procesamiento de las plantas locales en ese rubro. En el caso de la minería, el yacimiento salteño de litio de El Salar ha importado el 50% de sus equipamientos, equivalentes a unas 6000 toneladas de acero, desde China. Las importaciones de la gran minería y, ahora, de caños de acero por parte de las petroleras de Vaca Muerta, derrumban la pretensión de que esas actividades actúen como un “derrame” o disparador de otras. Una fracción creciente de la gran patronal argentina sucumbe bajo el peso de la crisis mundial y la guerra comercial. A esta legión, se suma ahora el más mileísta de los capitalistas, Marcos Galperin, quien acaba de denunciar al portal chino Temu por “competencia desleal” contra Mercado Libre.

La gran burguesía ha salido a advertir que Milei usa el rescate del Tesoro yanqui “para financiar las importaciones de China”. El gobierno trumpista lo sabe mejor que nadie: el superávit comercial de la potencia asiática con Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico”: exporta dos e importa uno. Pero este resultado desnuda una sobrecapacidad en China de entre el 30 y 40% en sus principales industrias. La crisis industrial de Argentina es inseparable de este cuadro de la economía mundial. Sobre unos 2500 millones de dólares de capacidad instalada mundial de acero, el excedente es del 40% promedio.

“Costo argentino”

Aun con el conocimiento de esta crisis internacional, los “expertos” han salido a perorar sobre el “costo argentino”. La sobreproducción, sin embargo, quiere decir que el precio de mercado es inferior al precio de producción; la crisis de ‘costos’ es internacional. El ‘costo’ internacional de Argentina se ve afectada por la revalorización del peso, con la que Milei y Caputo quieren conseguir el pago de los vencimientos de la deuda externa con un mayor endeudamiento, y la “desinflación”. El “país caro” es fuente de mayores beneficios en moneda dura; mayores tarifas, mayores precios de los inmuebles, mayores réditos financieros, todo medido en dólares. La “desinflación” es un eufemismo para designar al “desendeudamiento’ de las empresas o el ‘ajuste’ de sus balances, y el recurso último al pedido de un preventivo de crisis o la declaración de quiebra. La financiación de la deuda pública establece un piso extraordinariamente alto para la tasa de interés, una medida clave de la “desinflación” y a su objetivo de ‘depurar’ las cuentas industriales, y es un poderoso factor de “encarecimiento” de la economía nacional. Las empresas trasladan esos intereses usurarios a los precios, cuando recurren a la venta en cuotas, lo cual traslada la deuda a los consumidores en gran parte. En el caso de la financiación de los gastos de circulación (capital de trabajo), cada vez son más las empresas que bicicletean el pago de salarios, y se financian (a tasa cero) a costa de los trabajadores que no cobran. En consecuencia, existe una elevada capacidad ociosa, del 40% en promedio para toda la industria, un costo que las patronales también trasladan a los precios. El entrelazamiento de la patronal industrial y la “patria financiera” se manifiesta en la deuda pública en dólares y pesos, que en un 65% se encuentra en manos ‘locales’. En función de ello, la burguesía industrial se banca el Industricidio de Milei, a la espera de que se impongan las contrarreformas laborales, previsionales, impositivas y educativas, y a que se manifieste una reacción de la demanda internacional.

Contrarreforma

Milei y Sturzenegger se han servido de esta licitación privada, y del conflicto entre Techint y las “otras” petroleras, como factor de agitación en favor de la contrarreforma en curso. Para bajar el “costo argentino”, los liberticidas ofrecen al gran capital un jubileo impositivo -reducción del impuesto a las ganancias-y la liquidación del derecho laboral. Los gobernadores colaboracionistas aplauden con las dos manos el despojo de las conquistas del trabajo, pero reclaman garantías o “compensaciones” por la reducción de los impuestos que se coparticipan. Pero en este punto, el gobierno no tiene nada para ofrecerles. La “competitividad” que pregona Sturzenegger es la excusa para una masacre laboral y social. Nada de esto va a revertir un impasse económico en cuanto tendencia, visto el agravamiento de la guerra económica internacional. Ricardo Arriazu, uno de los economistas más afines a Milei, imagina que el actual proceso de quiebras empresarias es una “destrucción creativa”, o sea, el preámbulo de un mayor crecimiento, a partir de un copamiento del mercado argentino por firmas internacionales. Pero olvida el marco de la guerra comercial y la sobreproducción extendida.

Una política obrera

El patrón Rocca ha pedido a la UIA “bajar los decibeles” de la confrontación, que los llevaría a un choque con Trump.

Por lo pronto, se informa que SIAT, la fábrica de tubos de Techint en Valentín Alsina, bajará “sustancialmente” su producción a partir de marzo. La misma amenaza planea sobre Siderca, en Campana. Arcelor-Mittal, la principal accionista de Acindar, que cruza a una patronal francesa (Arcelor) con una de la India (Mittal), estaba a la expectativa de una ofensiva económica, de la mano del acuerdo Mercosur-UE, que ha sido puesto a invernar. Rocca y Milei se pasarán “facturas”, pero coincidirán en redoblar la extorsión contra los trabajadores. La patronal está aferrada a imponer un programa político por medio del gobierno y los instrumentos del estado. El método de lucha de la clase obrera debe ser político; la huelga general es una lucha contra el Estado, porque reúne a los trabajadores por encima de sus diferencias profesionales en un objetivo común, o sea de clase. Esa unificación la ha impuesto el capital y su estado con su ataque de conjunto – ajuste, precariedad laboral, abolición del derecho del trabajo, instalación de un estatuto compulsivo en todos los lugares de trabajo en cuanto a condiciones laborales y de vida.