Frente a la política de destrucción educativa, organicemos la huelga general
Escribe Anahí Rodríguez
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Sin que las universidades hayan abierto por las vacaciones, el 2026 ya se perfila como un nuevo año de destrucción de la educación pública. Con esta finalidad, el Gobierno ha dispuesto ajustar al máximo el presupuesto 2026 para recaudar y cumplir con los compromisos adquiridos con el FMI. La aprobación del mismo no se hubiera podido lograr sin el apoyo de la “coalición del ajuste”, o sea, con todo el abanico opositor de peronistas y radicales, persiguiendo el único objetivo de normalizar las relaciones con el capital financiero.
En este plano, el presupuesto presenta una caída de 47,3 % en educación y cultura, una reducción del 48,8 % en Ciencia y Técnica, un descenso del 33,8 % en las universidades y un recorte real del 76,6 % en becas y programas de ayudas para estudiantes. Con la derogación del artículo 9 de la Ley 26.206, que establece que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y no puede ser inferior al 6 % del PBI”, por más que ningún gobierno la cumplía, consagra la aniquilación educativa.
Las escuelas técnicas serán otras de las grandes perjudicadas con el Presupuesto aprobado en el Congreso. La norma deroga el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y, por lo tanto, elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Tampoco contempla la Ley de Financiamiento Universitario, pese a la cautelar de la Justicia que ordenó al Poder Ejecutivo el aplicarla.
Caída histórica del salario
En términos reales, el salario de los docentes universitarios hoy representa menos de la mitad que en noviembre de 2015 y el más bajo de las últimas dos décadas. Bajo este gobierno, los salarios de los docentes universitarios acumularon una pérdida del 33,4 por ciento de su poder de compra si se toma como referencia la inflación nacional que mide el INDEC, (Página 12). La pérdida acumulada equivale, en la práctica, a siete meses de trabajo sin remuneración.
El Gobierno dio a conocer el nuevo porcentaje de aumento para los trabajadores universitarios (aunque esos fondos todavía no fueron transferidos a las universidades): un miserable 2 % para el mes de diciembre 2025 y un bono de $50.000 para todas las categorías no docentes y de manera proporcional para las dedicaciones docentes, es decir, un docente simple solo recibirá $12.500 en negro. Para el mes de enero el incremento salarial es de 0 %.
Teniendo en cuenta la inflación que viene creciendo en los últimos siete meses y amenaza con no detenerse, sumado al plan de aumento de tarifas que se reflejan de manera distorsionada en los índices de costo de vida, las condiciones de vida se van a agravar en muchos casos a niveles insoportables, lo que está obligando al doble trabajo, a la emigración a otros ámbitos laborales o directamente a la emigración fuera del país. Ni hablar de la deserción estudiantil, donde muchas carreras terminan el año académico con las aulas semivacías.
Si bien el 85 % del presupuesto es para salarios, el porcentaje restante son fondos destinados a asegurar el funcionamiento elemental de las casas de estudio. Ya muchos rectores han señalado que no existen condiciones para que se pueda dar inicio al ciclo académico.
Como si todo esto fuera poco, se suma, afectando al conjunto de la clase obrera y los trabajadores, la contrarreforma laboral fascista que va a ser tratada en febrero en el Congreso y que apunta a arrasar con numerosas conquistas, a privar a los trabajadores de la posibilidad de organización en los lugares de trabajo y desde ya de lucha, en nombre de la esencialidad generalizada para todas las actividades que realizan los trabajadores. Ya en las universidades se implementan muchas medidas hacia donde apunta la contrarreforma laboral de Milei, como lo demuestran los docentes ad honoren, el desconocimiento en los hechos de las conquistas contempladas en los convenios, el desconocimiento de la ciudadanía universitaria a los docentes preuniversitarios y el anuncio de suprimir derechos jubilatorios de la docencia universitaria por considerarlos “privilegios”.
Un ataque como el que estamos viviendo requiere una respuesta de lucha de conjunto, a fondo. No se puede esperar que las soluciones vengan del Congreso que ha funcionado arrastrado, convalidando el conjunto de la política del gobierno liberticida. Tampoco de la Justicia que se ha mostrado impotente y cómplice a la vez, mientras el Gobierno viola la Constitución y las leyes vigentes en cada iniciativa que emprende en cualquier esfera de la acción de gobierno.
Es necesaria una lucha directa, una rebelión educativa de docentes, no docentes y estudiantes que supere el plano estrictamente gremial para dar paso a una pelea política.
Un plan de lucha encarado con esta perspectiva tendría un impacto decisivo sobre los sectores vinculados con las ciencias, la cultura y los demás sectores educativos provinciales, que en muchos casos también están sufriendo los mismos ajustes antieducativos que las universidades.
El CIN y el Frente Sindical
El CIN (Consejo de Rectores), el Frente Sindical de universitarios que agrupa a las distintas federaciones docentes y no docentes universitarias, y la FUA, publicaron una carta a fines del año pasado llamando a los legisladores a no apoyar el artículo que elimina la ley de financiamiento universitario y señalando que corre peligro el funcionamiento de las universidades durante 2026. Luego de aprobado el Presupuesto se tomaron vacaciones. El Frente Sindical está en un completo impasse y por distintas vías atado a los intereses de colaboración con los Rectores y, de esa manera, a la política del gobierno o los partidos patronales que, por todos los medios, van a intentar subordinar cualquier perspectiva de lucha independiente a la agenda parlamentaria. El ala de la CGT Universitaria (FEDUN -FATUN) reclama que el gobierno de la motosierra convoque a discutir.
CONADU y CONADU H han convocado a plenarios de Secretarios Generales, cada una en su federación para la primera semana de febrero a fin de discutir el paro frente al tratamiento de la reforma laboral y el plan de acción por los salarios. Es importante clarificar que ambas CONADU hablan de no inicio, pero no de huelga general, y ya en el pasado el “no inicio” se transformó en una acción inocua. Una fecha votada al azar, ya que en todas las unidades académicas las clases comienzan en diferentes fechas, con un paro de 24 o 48h que solo dieron lugar a los tan fracasados y desgastados planes de lucha de acciones aisladas, de acciones decrecientes, de paros sin movilización y de movilizaciones sin paro, todas acciones que solo han terminado provocando desmoralización en la docencia.
Un no inicio, entendido como el inicio de una huelga general, requiere una preparación, un programa y una dirección, algo que no lo van a hacer las actuales conducciones sindicales.
Preparación de la huelga
En febrero reabren las universidades luego de las vacaciones. Febrero debe ser el mes de debate y preparación de una lucha a fondo. Es tarea del activismo, de las agrupaciones de luchadores y de los sindicatos combativos impulsar asambleas autoconvocadas, votar pronunciamientos e iniciativas de coordinación de plenarios y un congreso de bases nacional con mandatos, para votar el retiro del proyecto de contrarreforma laboral del Congreso, el rechazo a la ley de Glaciares, los reclamos salariales y becas para los trabajadores universitarios y estudiantes y, en función de ello, las acciones que abran paso a la huelga general indefinida educativa.
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