"Burocracia trader”: el gobierno asocia a los burócratas a los enjuagues financieros con los "fondos de asistencia laboral"

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que funcionará como un “seguro” para pagar indemnizaciones, incluido en la contrareforma laboral fascista, impulsada y acompañada por todos los bloques capitalistas, por acción u omisión, entrará en vigencia luego del segundo mes de aprobada la ley, en principio para empleados del sector privado y será incluido el Régimen del Trabajo Agrario, y sólo cubrirá relaciones laborales registradas con al menos doce meses de antigüedad, excluyendo a los trabajadores no registrados.

El FAL fue pergeñado por Luis Caputo. Habilita a sustituir las indemnizaciones por un esquema de fondos de inversión que serán regenteados, en parte, por los gremios. Desde las usinas libertarias lo presentan como un sistema que vitalizará el empleo y como un nuevo instrumento de inversión dentro del mercado de capitales local.

La treta financiera ideada por Caputo también prevé la conformación de “una nueva generación de ‘sindicatos capitalistas’ que adhieran al nuevo régimen de reemplazo voluntario del sistema de indemnizaciones sectorial y se conviertan en ‘inversores’, eligiendo, a la par de los empleadores y los grandes ‘brokers’ criollos, dónde poner el dinero de los empleados potencialmente despedidos en un futuro más o menos cercano” (Perfil, 21/2). En esta línea de acción ya hay gremios enrolados en la iniciativa del gobierno y desde el sistema financiero estiman que el fondo de inversión que se conforme podría manejar montos entre U$D 3.000 millones y U$D 5.000 millones, que se volcarían al sistema de mercado de capitales local. Esta monumental torta de dinero podría destinarse según Caputo, a inversiones de obras de infraestructura o impulsar a empresas con un futuro venturoso, o podría destinarse a la “bicicleta financiera”, promovida por el ministro de Economía desde el primer día de gobierno. Carlos Burgueño, editorialista del diario Perfil, señala que el sistema caputiano comenzará “a especular con instrumentos legales, pero de dudosa moralidad y garantizado bombardeo sobre la estabilidad cambiaria y monetaria argentina” (...) y que dependerá “de la libertad y responsabilidad con la que se reglamente la creación del FAL. El resultado será toda responsabilidad de Caputo y su gente. Para bien o para mal” (ídem).

Para que el plan marche sobre ruedas, Caputo quiere abroquelar a los sindicatos para que se conviertan en accionistas de los futuros fondos de inversión, que se conformarán con los aportes voluntarios a los futuros regímenes vinculados al Fondo de Cese Laboral; o, más popularmente llamados, Fondos de Despido, que operarán dentro del FAL. Así el gobierno quiere transformar en “socios capitalistas” a los sindicatos, y que sea la burocracia sindical quien lo vehiculice, la misma que le allanó el camino al gobierno para hacer pasar la contrareforma laboral luego de pactar el mantenimiento de los apostes gremiales y el de las obras sociales, capítulos que fueron retirados del proyecto de ley en el tratamiento que realizó la Cámara de Senadores.

El modelo a seguir es el implementado desde hace años por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), que manejan un Fondo de Cese Laboral que “reemplaza a la indemnización por antigüedad y es financiado con aportes mensuales del empleador. Este porcentaje es del 12% durante el primer año de la relación laboral y del 8% a partir del segundo año y, en caso de despido o finalización de obra, el trabajador puede retirar el dinero acumulado en el fondo. Para esto debe tener al menos ocho meses de trabajo con aportes en los últimos dos años anteriores al despido o finalización de obra. Con matices, es el esquema que se quiere implementar con el FAL” (ídem). La modificación que quiere introducir el gobierno es que el Fondo de Cese Laboral se administrará a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), con la participación directa en el esquema de decisión de los sindicatos que lo formen. Este esquema le permitirá a la burocracia sindical ser parte necesaria en la toma de decisiones de inversiones, ya sean financieras (plazos fijos, acciones, bonos, obligaciones negociables, letras públicas o al “carry trade”) o reales (obras de infraestructura, empresas y emprendimientos privados), con el dinero que trabajadores y privados que aportarán al fideicomiso, avalado y fiscalizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), de donde saldría la plata de futuras indemnizaciones.

Entre los principales puntos del régimen ideado por Caputo, en el que también metió la cuchara Federico Sturzenneger, se encuentra que las “cuotapartes o los valores fiduciarios podrán ser a nivel individual, empresa o sectorial; las partes podrán establecer libremente el porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte; el Fondo de Cese Laboral será inembargable; los instrumentos creados bajo este régimen solamente podrán recibir suscripciones en el marco de contribuciones y/o aportes de empleadores y/o trabajadores” (ídem).

Los sectores que primero se anotarían son los que han registrado algún repunte en la estancada economía mileista, como los petroleros, el agro, mineros. Pero el gobierno busca que también se sumen Camioneros, Comercio y la industria en general.

El objetivo final del gobierno es que los sindicatos, a través de los burócratas, se conviertan en parte de la administración de fondos de inversión, es decir poner a “trabajar” la plata de los trabajadores en la “bicicleta financiera”, otra instancia del disciplinamiento que los liberticidas quieren imponer a la clase trabajadora.