A la sombra del genocidio en Gaza y la guerra contra Irán, el sionismo avanza en la anexión ilegal de Cisjordania

En Cisjordania y Jerusalén, se desarrolla una limpieza étnica de la población palestina, que es ejecutada por el ejército y los colonos fascistas, desalojando aldeas y quemando corrales y sembradíos.

Según Peace Now, una ONG israelí que monitorea la expansión de los asentamientos, solo en 2025 se establecieron 86 puestos de avanzada, que “han contribuido sustancialmente a un repunte de la violencia de colonos respaldada por el Estado y al traslado forzoso de comunidades palestinas” (Amnesty).

Protegidos por el ejército y financiados por el Ministerio de Agricultura de Israel, los puestos de avanzada, los colonos obstaculizan el acceso a las tierras de pastoreo y se apropian de ellas, privando a los palestinos de su principal medio de subsistencia.

En Cisjordania, todas las carreteras palestinas han sido bloqueadas. "No tenemos ninguna libertad de movimiento, todas las ciudades, pueblos y comunidades palestinas han sido desmembradas y desconectadas unas de otras… Todo esto ocurre bajo el completo consentimiento y apoyo de los regímenes de Occidente como Reino Unido, Estados Unidos de América o Alemania", explica el abogado Younes Arrar.

En 2025, Israel legalizó retroactivamente 19 asentamientos en Cisjordania y anunció la construcción de otros 22, lo que eleva a 68 el total aprobado por la actual coalición de gobierno en tan solo tres años, y sitúa el número total de asentamientos oficiales en alrededor de 210. Actualmente, alrededor de 750.000 colonos israelíes viven ilegalmente en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

Solamente el miércoles pasado, los sionistas asaltaron una docena de aldeas de localidades al sur de Jenin, de Jerusalén Este y Hebron convirtiendo algunas viviendas en cuarteles y centro de interrogatorios, demoliendo otras. Se llevaron decenas de presos, algunos recientemente liberados por el canje.

Cisjordania está dividida desde los años 90 en tres zonas. Dos de ellas -que abarcan alrededor del 40 % del territorio- están supuestamente administradas por la Autoridad Palestina. Sin embargo, Israel tiene el control de seguridad en una de esas zonas -cerca del 22 %- y el control total en otra.

El 10 de diciembre de 2025, la Autoridad de Tierras de Israel publicó una licitación para 3.401 viviendas en la zona E1, al este de Jerusalén. Era la ampliación del asentamiento ilegal de Maale Adumim, que crea un corredor con la Jerusalén Oriental ocupada. Esto secciona Cisjordania en dos, fracturando de manera permanente la continuidad urbana palestina entre Ramala, la Jerusalén Oriental ocupada y Belén. Este proyecto dará lugar al traslado forzoso de las comunidades palestinas que viven en la zona.

En febrero hubo una andanada de resoluciones del gobierno y el Parlamento que “legalizan” las expulsiones y la limpieza étnica. El 8 de febrero el gobierno dejó sin efecto una ley de 1953, sancionada cuando Jordania administraba los territorios ocupados. (Después de la guerra de 1967, Israel desplazó a Jordania y tomó el control absoluto de las ciudades palestinas.) La ley derogada impedía que personas no árabes compraran tierras en Cisjordania y por lo tanto obstaculizaba que los colonos registraran “legalmente” las tierras usurpadas.

El 15 de febrero, el gabinete israelí asignó alrededor de 78 millones de dólares estadounidenses al establecimiento de un mecanismo gubernamental para registrar las tierras en la Zona C y transfirió las facultades de registro de tierras al Ministerio de Justicia israelí.

Actualmente, cerca del 58% de las tierras de la Zona C no están registradas, según Peace Now. Pero Israel ya se ha apropiado de más de la mitad de esa zona a través de su incorporación al registro de tierras estatales. Según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, 21 comunidades palestinas fueron desarraigadas completa o parcialmente en 2025 como consecuencia de la violencia de colonos respaldada por el Estado.

Ese mismo día, el gabinete aprobó otro paquete de medidas que aumentan la autoridad civil israelí en las zonas A y B de Cisjordania, que en conjunto constituyen aproximadamente el 40 % del territorio.

Las decisiones también despojan a la Autoridad Palestina de sus atribuciones de planificación y construcción en partes de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania, incluida la mezquita de Ibrahim, conocida por los judíos como la Cueva de los Patriarcas y lugar sagrado para el islam, el judaísmo y el cristianismo.

La ciudad de Hebrón “es el reflejo de lo que sucede en Palestina”. Está desmembrada, partida en dos (el 20% bajo control militar israelí) y un asentamiento de colonos armados hasta los dientes se ha emplazado en el centro de la ciudad. Muchas tiendas del zoco están cerradas y una posta militar controla el acceso a la tumba de Abraham (lugar sagrado para judíos y musulmanes) y al lado judío de la ciudad.

A fines de febrero Israel anunció que caducó la autoridad de la AP en el Ayuntamiento de Hebrón, lo que significa que el poder y la planificación urbana ha quedado en manos del ayuntamiento de los colonos. Esto deja expedito el camino “legal” de la expropiación o demolición de viviendas porque Israel desconoce la legitimidad de los documentos palestinos, otomanos o británicos que establecen quién es el dueño de cada propiedad. Está expedita la confiscación de tierras de todos los que no puedan “demostrar” la propiedad. Israel también establecería el control administrativo sobre otro lugar sagrado, la Tumba de Raquel en Belén.

“Es una intensificación sin precedentes de la magnitud y la velocidad de ampliación de los asentamientos ilegales”, denunció Amnesty. Facilitan la apropiación de más tierras palestinas, autorizan un número récord de nuevos asentamientos, amplían los existentes y formalizan el registro de tierras en Cisjordania como propiedad del Estado israelí.

Si bien sucesivos gobiernos israelíes han aplicado políticas orientadas a expandir los asentamientos y a consolidar la ocupación y el apartheid, “las medidas más recientes ponen de relieve el drástico impulso que el actual gobierno ha dado a estas iniciativas, a la sombra del genocidio en Gaza”, añadió Amnesty.