Escribe Jacyn
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El juicio por el intento de encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra -la llamada "causa de las coimas"- está llegando a su fin. Ya concluyeron los alegatos de la fiscalía y la querella de la familia de Mariano, representada por el CELS. En el banquillo de los acusados se encuentran el exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, el empleado judicial Luis Ameghino Escobar, el exvicepresidente del Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria Ángel Stafforini y Susana Planas, apoderada de Unión del Mercosur -la cooperativa trucha que inscribió José Pedraza para recibir los beneficios de la tercerización en el ferrocarril- y también exdirectiva del Belgrano Cargas. El CELS pidió penas de 8 a 5 años de prisión para todos ellos y la fiscalía, hasta 4 años, en el caso de Aráoz de Lamadrid, y la absolución de Planas. Dos de los imputados, el exsecretario general de la UF Pedraza y el exótico agente de inteligencia José Riquelme, fallecieron antes de llegar a juicio. Jueces de la Cámara de Casación hacia quienes iban apuntados los sobornos, en cambio, fueron sobreseídos muy tempranamente. El principal de ellos, Eduardo Riggi, presidente de la sala IV de la Cámara de Casación, se jubiló en el cargo en 2023, tras cumplir 75 años.
Los hechos ocurrieron hace exactamente 15 años. Durante las escuchas ordenadas por la Justicia en el marco de la investigación por el crimen de Mariano, se detectaron conversaciones que revelaban un plan de Pedraza y el resto de los involucrados para manipular el sorteo de la sala donde recaerían los recursos de excarcelación de la patota de la Unión Ferroviaria. El interés de Pedraza era alejar la posibilidad de que recayera sobre él una orden de prisión preventiva. El tiro le salió por la culata, pues una vez descubierto el ardid, terminó en prisión por intentar entorpecer la investigación. Llegaría al juicio oral tras las rejas y sería excarcelado sólo varios años después, ya condenado, cuando le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Murió en esa condición.
El nexo con los camaristas era Aráoz de Lamadrid, quien había trabajado durante más de una década junto a Riggi. Tenía a su cargo entregar el dinero, 50.000 dólares, que fueron hallados en su estudio. El espía Riquelme oficiaba de correveydile. Por otra parte, Stafforini y Planas eran los encargados de disponer los fondos. El encargado de digitar el sistema informático era Ameghino Escobar -nombrado como "el señor de las teclas" en las conversaciones-. En los audios se aprecia que Pedraza era informado al detalle a medida que se sucedían los acontecimientos.
La impunidad de Riggi y los demás jueces involucrados revelan una vez más el alto nivel de impudicia de la ´casta´ judicial. Riggi era mencionado como "el amigo Eduardo"; otro de los camaristas, Gustavo Mitchell, agradecía por intermedio de Riquelme "las atenciones" recibidas. El precipitado allanamiento en el estudio de Aráoz de Lamadrid sirvió para cortar la trama antes de que la entrega del soborno se consumara cuando era inminente. Más tarde, en su defensa, Riggi argumentó que Pedraza estaba siendo, en realidad, estafado por sus interlocutores. Catorce jueces se excusarán por tener vínculo con él u otros imputados. Quien dictó su sobreseimiento finalmente fue el inefable Norberto Oyarbide, prácticamente el mismo día que abandonaba Comodoro Py. Riggi fue un ´peso pesado´ del fuero federal. Integró la Cámara de Casación durante 30 años, desde su creación en 1992 por el gobierno de Menem, hasta su jubilación en 2023. Votó por el sobreseimiento de Menem en las causas de los sobresueldos y del tráfico de armas a Croacia y Ecuador, entre otros.
En los próximos días el tribunal dictará sentencia. Otra de las causas paralelas que se formaron al calor de la investigación por el crimen de Mariano estaba referida a las motivaciones económicas de Pedraza y los empresarios que se beneficiaban del régimen discrecional de las tercerizaciones. Cayó en el juzgado de Ariel Lijo. Nunca más se supo de ella.
