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El gobierno ha adoptado la ´tradición´ conmemorar el aniversario del golpe de 1976 con alguna realización audiovisual infame que celebra a los genocidas como salvadores de la Patria y califica a sus víctimas como "enfermos" y "siniestros".
En esta oportunidad, en ocasión del 50 aniversario del Golpe, en lo que ha dado a llamar el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia COMPLETA" (sic), se han despachado con un video de más de una hora titulado "Las víctimas que quisieron esconder". Si la "teoría de los dos demonios" del alfonsinismo colocaba en un plano de igualdad a víctimas y victimarios, para el gobierno de la "memoria completa", las organizaciones de familiares de los desaparecidos fueron los verdugos de los ´argentinos de bien´. Le imputa al gobierno kirchnerista, a partir de 2003, un "experimento narrativo", "revanchista", que "costó miles de millones de dólares". La dictadura no es nombrada como tal, sino como "régimen cívico-militar", que es exactamente el tipo de régimen que acaba de inaugurar la pandilla libertaria con la incorporación del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, al gabinete de ministros junto a otros militares en actividad. Milei ha llevado más lejos que ninguno un anhelo de todos los gobiernos constitucionales que se sucedieron desde 1983 en la Casa Rosada, esto es, trabar el apoyo de las Fuerzas Armadas a su proyecto político, dependiente en muchos aspectos directamente del Pentágono.
Para protagonizar este ´relato institucional´, el gobierno contó con la participación de una hija de desaparecidos, la nieta 127, hija de Carlos Poblete y Carmen Moyano, militantes montoneros secuestrados en Mendoza. Fue parida en la ESMA, donde funcionaba una maternidad clandestina atendida por el médico militar Jorge Magnacco. Allí se mantenía a las secuestradas embarazadas hasta que dieran a luz, como parte de una política sistemática de apropiación. Su padre, Carlos, desapareció en La Perla, el campo de concentración que regenteaba el III Cuerpo del Ejército en Córdoba. Su mamá, Carmen, fue vista por última vez en la escuela de la Armada. La niña fue entregada a Armando Fernández, agente de inteligencia del D2, y a su esposa, residentes en Mendoza. La beba fue inscripta bajo el nombre apócrifo de Miriam Lourdes Fernández. A una pseudoentrevista sigue un relato guionado que presenta a los apropiadores como protagonistas de un acto de caridad, totalmente ingenuos, cuando el destino deposita en sus brazos a una niña recién nacida de origen desconocido.
La falsificación es burda. El apropiador Fernández cumplió funciones entre 1971 y 1979 en la D2. Sus miembros eran activos responsables del enlace entre inteligencia del Ejército, el jefe de la Policía y el comando que ejecutaba los operativos represivos. El ´caritativo´ Fernández fue condenado, hasta ahora, tres veces a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, a 20 años de prisión por los crímenes del D2 (secuestros, desapariciones, torturas, abusos sexuales y otros delitos) y a 15 años de prisión por la apropiación de la hija de Moyano y Poblete. Su esposa, recientemente fallecida, también fue condenada a ocho años de cárcel por la apropiación. Fernández todavía tiene otras causas judiciales pendientes. El ´buen sanmaritano´ que describe su ´hija de crianza´ era un represor con todas las letras. La víctima de Fernández, como tomada por el Síndrome de Estocolmo, llama a dar vuelta la página y mirar hacia adelante.
Dicho esto, el caso de Fernández es representativo de la política seguida ´en democracia´ frente a los crímenes de la dictadura. Llegó a juicio por primera vez recién en 2017, es decir cuarenta años después de los hechos. A pesar de las condenas recibidas y los procesos pendientes, se encuentra en la comodidad de su hogar, bajo un régimen de prisión domiciliaria que viola cada vez que puede con total impunidad. Los juicios que el gobierno atribuye al ´revanchismo kirchnerista´ -aunque los K poco y nada tuvieron que ver con la lucha contra la impunidad de la dictadura durante su carrera política- fueron el resultado de una movilización que comenzó bajo la misma dictadura, agobió a todos los gobiernos ´democráticos´ que la sucedieron y que beneficiaron a los represores con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, y estuvo presente en la rebelión popular de diciembre de 2001. El 20, recordemos, luego de una noche de movilizaciones contra el Estado de Sitio declarado por De la Rúa, la bronca detonó cuando la televisión mostraba a la Policía Montada arremeter contra las Madres de Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Del otro lado, los pedidos de extradición para juzgar a los militares en Europa precipitaron la anulación de las leyes de impunidad. Durante los últimos 20 años, desde entonces, los juicios se suceden a cuenta gotas. Fueron condenados menos de un represor por cada campo de concentración que funcionó bajo la dictadura. La mayoría de ellos, unos 400 sobre 500 que todavía viven, se acogieron a los beneficios de la prisión domiciliaria.
El video se completa con el testimonio del hijo de Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP en 1974 -bajo el gobierno de Isabel Perón. Se suicidó todavía en cautiverio, más de un año después. Su hijo apoya la versión de que fue ejecutado, algo que el ERP -que solía reivindicar todo su accionar- nunca admitió. El año pasado, el gobierno se había valido de un ´quebrado´ de las organizaciones guerrilleras para minimizar el número de desaparecidos y sostener la versión de la ´guerra civil´.
En estas horas, centenares de miles se movilizan en todo el país contra el gobierno videliano de Milei, Villarruel, Patricia Bullrich, Adorni y toda la banda de $Libra. Circulan versiones de un próximo anuncio para beneficiar con un nuevo indulto o reguero de excarcelaciones a los genocidas condenados. El video infame difundido por el gobierno esta mañana tendría, entonces, la pretensión de preparar el terreno para ello. No obstante, también puede ser la última palada de su tumba política.
