Escribe Olga Cristóbal
La ley es retroactiva y prohíbe el indulto o la reducción de la pena. Aunque el fiscal no la pida, el tribunal puede decidir la ejecución.
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Israel no le hace asco a ningún método para aniquilar al pueblo palestino. El martes a la noche el parlamento aprobó que la semana próxima pase a votación final el proyecto que legaliza la pena de muerte a los prisioneros en las mazmorras del sionismo.
Desde la invasión a Gaza, Israel intensificó las detenciones masivas y las desapariciones forzadas en todos los territorios ocupados. Se estima que unos 11.000 palestinos están detenidos en 23 prisiones, centros de detención y centros de interrogatorio, más del doble que antes del 7 de octubre de 2023.
A junio de 2025, 360 niños palestinos estaban detenidos bajo custodia israelí, la cifra más alta registrada en casi una década. Una proporción significativa se encuentra en detención administrativa sin cargos ni juicio. En Cisjordania, los niños son arrestados, detenidos y procesados habitualmente en tribunales militares por delitos de “seguridad” definidos de manera amplia, incluidas acusaciones de “actividad terrorista” que entran plenamente en el ámbito del proyecto de ley.
Desde 2023 por lo menos 98 palestinos fueron asesinados por el ejército en las cárceles sionistas. También aumentaron exponencialmente las violaciones contra los detenidos, en particular contra los de Gaza, incluyendo inanición, tortura, violencia sexual y la denegación sistemática de atención médica.
A mediados de marzo, el ejército retiró los cargos contra los soldados que violaron repetidamente a un palestino maniatado, que llegó a un hospital civil en estado crítico, con traumatismo cerrado en el abdomen y el tórax, y costillas fracturadas. Debió atravesar una cirugía por perforación rectal, practicada jocosamente con un cuchillo, según muestra un video. Los soldados estuvieron unos meses detenidos a pesar de los reclamos de parte del gabinete. En aquel momento, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich dijo que los soldados debían ser tratados como “héroes, no como villanos”.
El carácter genocida del sionismo se expresa en todos sus actos. Ningún soldado, policía o colono israelí ha sido acusado de asesinar a un palestino en la Cisjordania ocupada desde principios de esta década, según una investigación de The Guardian basada en datos legales y registros públicos. Al menos 1.100 civiles palestinos han muerto allí desde 2020, más de una cuarta parte de ellos niños, según datos de la ONU.
Sin embargo, el proyecto de ley se dirige solo a los palestinos. La condena a muerte abarca a los acusados de matar a un ciudadano israelí “deliberadamente o por indiferencia” (sic), motivados por racismo u hostilidad y con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y “el renacimiento nacional del pueblo judío en su tierra” (sic).
Sin embargo, el uso sistemático de la tortura contra los prisioneros, especialmente para obtener confesiones falsas, convierte en una farsa cualquier condena y sentencia posterior.
La ley, insólitamente, se aplicaría de forma retroactiva, dejando las manos libres para ejecutar a detenidos de larga data.
La autorización para asesinar a los palestinos fue presentada por el partido Otzma Yehudit, del fascista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien ya había intentado establecer la pena de muerte antes del ingreso de las milicias palestinas a Israel el 7 de octubre de 2023.
Incluye disposiciones que hacen aún más terribles las condiciones de detención. Los condenados serán confinados en centros de detención exclusivos, elimina las visitas y las reuniones con los abogados solo serán por videollamada. Como prohíbe explícitamente los indultos, convierte en definitivas las sentencias de pena de muerte, sin posibilidad de cambios o reducción de la severidad de los veredictos a través de sentencias posteriores o decisiones políticas.
Este disparate jurídico desconoce el concepto básico de “igualdad ante la ley”. No solo porque no castiga el asesinato de palestinos por parte de israelíes sino porque los palestinos capturados en los territorios ocupados serán juzgados por tribunales militares sin derecho a apelar o al indulto. A los juzgados dentro de Israel se les podría conmutar la pena por cadena perpetua. Los tribunales tienen la potestad de condenar a muerte, aunque el fiscal no lo pida, con el voto de la mayoría simple.
Las ejecuciones, que deberán cumplirse antes de los 90 días de votada la sentencia, serán mediante ahorcamiento. Por eso Gvir y sus cómplices suelen lucir en la solapa insignias con forma de soga. Según el derecho internacional, la horca equivale a tortura u otro castigo cruel, inhumano o degradante.
La federación de médicos israelíes rechazó que sus afiliados participen en cualquier instancia de los ahorcamientos, pero Gvir afirmó haber recibido el apoyo de médicos dispuestos a participar en las ejecuciones: “Solo díganos cuándo”.
Hamas calificó al proyecto de ley como una “legalización del asesinato” y un “paso peligroso” hacia la ejecución de prisioneros. Llamó al pueblo palestino y a las naciones árabes e islámicas para que intensifiquen las acciones populares en apoyo de los presos.
El mes pasado, expertos de la ONU instaron a Israel a retirar el proyecto porque «violaría el derecho a la vida y discriminaría a los palestinos de los territorios ocupados».
En Israel también se generó polémica. Funcionarios militares y del gobierno han advertido repetidamente que la ley viola el derecho internacional y expone a los comandantes israelíes a ser arrestados en el extranjero.
«Israel ya está matando palestinos de manera habitual —en centros de detención y sobre el terreno, donde los colonos israelíes y el ejército utilizan ampliamente la fuerza letal con una rendición de cuentas prácticamente nula», afirmó Yuli Novak, director del grupo israelí de derechos humanos B’Tselem (The Guardian 25/3).
A principios de este año, alrededor de 1.200 figuras prominentes israelíes, entre ellas premios Nobel, exoficiales militares y jueces jubilados de la Corte Suprema, denunciaron públicamente la propuesta como una «mancha moral». Más de 2.000 objeciones fueron presentadas contra el borrador, según el medio israelí Yedioth Ahronoth.
Sin embargo, la iniciativa está a días de aprobarse. La maquinaria homicida del sionismo se despliega en todos los terrenos.
