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El fallo que anuló la sentencia de primera instancia contra YPF es un nuevo episodio de rescate del imperialismo al gobierno de Javier Milei. Así lo reivindicó el propio presidente liberticida, luego de los dos salvatajes del Tesoro norteamericano, en septiembre y enero pasado, mediante sendos ‘swaps’, que frenaron una fuga de capitales y un default. Santiago Caputo, con llegada a la CIA, y el núcleo de la derecha trumpista se atribuyeron lo que han llamado una gestión exitosa.
Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenaba al Estado argentino pagar USD 16.100 millones más intereses al fondo Burford por la expropiación de YPF en 2012. Por dos a uno, los jueces del tribunal de alzada concluyeron que la jueza había interpretado de manera errónea la legislación argentina, al darle prioridad al estatuto YPF sobre la ley nacional de expropiación. Preska deberá reformular el fallo de acuerdo al criterio de la apelación. Burford lo apelará, sucesivamente, ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que no tiene plazos establecidos para pronunciarse. Lo que se ha ganado por ahora es solamente tiempo –mucho tiempo-.
Milei cargó contra Kicillof y el gobernador bonaerense se descargó sobre Milei. "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria", arremetió el liberticida. Atribuye la reversión de la sentencia de primera instancia a las gestiones del gobierno de Trump, una afirmación que no debería cuestionarse hasta que se conozca el final del proceso o surjan documentos al respecto. Es cierto, sin embargo, que la prevalencia que el fallo de la cámara de apelaciones da a la ley argentina sobre los estatutos de YPF y el reconocimiento de la soberanía del estado nacional en materia de expropiaciones de utilidad pública, constituye un viraje excepcional del tratamiento de la expropiación, por parte del Poder Judicial de Estados Unidos. Coincide con lo que los abogados de Argentina han sostenido durante el proceso desde Kicillof, entonces ministro de Economía y Cristina Kirchner, la presidenta, y los gobiernos posteriores.
Pero YPF es una compañía que cotiza en el mercado de valores de Nueva York, el cual se encuentra sometido a la ley norteamericana. El desconocimiento de su estatuto, que establece que una expropiación parcial obliga a ofrecer el mismo trato económico a los accionistas minoritarios, y la prioridad de la legislación del país locatario, derriba la “seguridad jurídica”, nada menos que de Wall Street. Curiosamente, la Corte argentina nunca se atrevió a tanto, por ‘temor’, precisamente, a una huida de accionistas extranjeros. A todo esto, se suma una importantísima situación, porque los accionistas minoritarios que propiciaron el juicio contra Argentina fueron los nacionales (la familia Eskenazi, introducida por los Kirchner en YPF, sin que siquiera pusieran un dólar por las acciones que les fueron asignadas), no los extranjeros, que constituyen una mayoría del capital minoritario de YPF. Este sector nunca ha reclamado que se les expropiaran sus acciones al mismo valor que obtuvo la expropiada Repsol (8 mil millones de dólares en capital e intereses).
La “inmensa minoría” entendió más conveniente seguir en YPF y en sus prometidas inversiones en Vaca Muerta, luego que el kirchnerismo firmara un acuerdo secreto con Chevron, incluido el giro de dividendos a paraísos fiscales. El juicio contra Argentina perjudicó a esta minoría, que ha esperado en vano un aumento del valor de las acciones de la compañía. El nuevo fallo debería beneficiar enormemente al 49 % de los accionistas, de modo que todo lo que ha ocurrido, al menos provisionalmente, es una transferencia de súperganancias de un sector al otro. La mitad de los dividendos de YPF sale del país y ocurre lo mismo con otra buena parte, porque YPF se financia por medio de préstamos internacionales y no por la apertura y ampliación de su capital. A todos los fines prácticos, YPF es una empresa seminacional en manos del capital extranjero.
La expropiación de YPF, en 2012, fue, en sí misma, una operación de rescate. La industria petrolera se encontraba, en aquel momento, en huelga de inversiones. Regía entonces un valor de corte de USD 42 el barril para la exportación de petróleo, cuando el precio internacional era casi del doble. El país había pasado del autoabastecimiento a la importación de combustibles, que alcanzó límites gravosos para el presupuesto nacional. La decisión de ´tomar´ la empresa por parte del gobierno K fue parte de un giro hacia la asociación con los grandes pulpos petroleros, con especial protagonismo de Chevron, en vista de la explotación de Vaca Muerta, algo que no hubiera podido lograr con Repsol, la excontroladora de YPF y un jugador de poco peso internacional. Para eso, el Congreso votó una expropiación onerosa -con el voto de la UCR y otros cuantos ´republicanos´, más el apoyo ´por izquierda´ del MST, entre otros- que le dejó a Repsol USD 5.000 millones, más otros 3.000 millones por intereses.
El Grupo Petersen, de la familia Eskenazy -dueños del banco de Santa Cruz- había ingresado como accionista minoritario de YPF tomando un crédito con bancos españoles que pagaría con dividendos, un típico enjuague patrocinado por Néstor Kirchner, el mayor promotor de la privatización de YPF bajo el menemismo (incluidos más de 1.000 millones que han quedado en una ignota cuenta bancaria en el exterior). Cuando, a partir de la expropiación, YPF dejó de distribuir dividendos, el Grupo Petersen Energía se declaró en quiebra y le vendió al fondo Burford el derecho a litigar. La expropiación de YPF fue convalidada por el Congreso argentino y por la Corte Suprema, que validó el carácter secreto de los acuerdos establecidos con Chevron. Un verdadero antecedente del RIGI libertario, que Kicillof y CFK reivindican.
Este salvavidas al gobierno llega cuando se encontraba zozobrando nuevamente. En los ´mercados´ hay serias dudas de la capacidad de pago de Argentina. Este año debe desembolsar entre USD 15.000 y USD 20.000 millones y ha ´acumulado´ reservas por no más de USD 3.500, declaradas contablemente. Los USD 16.100 millones -que se elevan a USD 18.000 millones sumando los intereses- representan el 45 % del presupuesto nacional. De haber sido ratificado, hubiera hundido a la deuda argentina en forma definitiva. Una operación similar propició Donald Trump con Venezuela en su primer mandato, al prohibir que los acreedores de PdVSA “aceleraran” su deuda externa en medio de una serie de impagos por parte de la venezolana. “Acelerar” es pedir el pago total inmediato de la deuda, para obtener el derecho a embargar activos.
Sin crédito en el mercado financiero externo, el gobierno estaba preparando una nueva licitación de títulos bajo legislación local en dólares, a cambio de una tasa de interés que duplica la internacional. El último recurso que quedaba era la reprivatización de la Hidrovía, el Belgrano Cargas y AySA, pero reuniría monedas en comparación con el monto de los vencimientos de deuda. Para ´apuntalar´ el programa económico, Sturzenegger se anotó con un recorte del 10 % del personal del Estado. Todo este sacrificio, que pagarán los trabajadores, no habría servido de todos modos, para modificar un ápice el ´riesgo país´, como tampoco lo logrará, en definitiva, este fallo del tribunal norteamericano. Tampoco salvará a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete convertido en un lastre político desde que comenzó a ventilarse un patrimonio y tren de vida incompatibles con sus ingresos. Estuvo presente en la conferencia de Milei para subirse al carro del triunfo, pero en las mismas horas nuevos testimonios en la causa por su ´escapada´ en jet privado a Punta del Este lo dejaron otra vez en orsai. Su carrera política tiene los días contados. Esto se combina con el desplome del gobierno en las encuestas y con la movilización multitudinaria del 24 de marzo, que sumió a los libertarios en el ostracismo. El gobierno libertario vive aferrado a la tabla de salvación del imperialismo.
Cuando se conoció el fallo, las acciones de Burford -un fondo de inversión inglés- se desplomaron un 45 %, mientras que las de YPF subieron 6 %. Esto no quiere decir que Buford haya sido desplumado: "Burford había desembolsado, según su balance, US$ 20,2 millones en el derecho a litigar de Petersen. Para 2020 ya había vendido 38 % de lo que fuera a obtener por la demanda en US$ 236 millones" (Clarín, 27/3).
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