La crisis entre el gobierno liberticida y el aparato represivo

En la contingencia del armado de un Estado de carácter policial, el gobierno asiste a la demanda de las fuerzas de seguridad federales por las bajas remuneraciones que reciben El próximo 2 de abril, las cinco fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, penitenciarios y PSA, han convocado a una protesta en la sede del Edificio Centinental, ubicada Retiro y sede central de la Gendarmería, que consistirá en principio en un abrazo solidario de dicho edificio.

El gobierno del “protocolo Bullrich” contra las protestas sociales y de “el que las hace, las paga” (eslogan de Bullrich y del ex narcodiputado Espert), se encuentra en un desfasaje entre lo discursivo, que se asienta en “cuidar a quienes nos cuidan”, y las condiciones de precariedad en la que se encuentran las fuerzas de seguridad, empujando a los efectivos a buscar “trabajos alternativos” para llegar a fin de mes. El régimen liberticida que ha envalentonado al brazo armado del Estado, para hacer pasar el plan de guerra contra las masas, experimentan en carne propia “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, según el propio Milei.

En la Expoagro de marzo del 2025, Milei, flanqueado por Espert y Bullrich había dicho, luego de una protesta en el Congreso, que "los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y queman autos y amenazan a la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y tienen que ir presos. Los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República. No vienen contra mí, vienen contra ustedes, yo sólo estoy en el medio”. Estos exabruptos chocan con la situación de precariedad en la que están sumidas las fuerzas de seguridad, un activo político estratégico para el gobierno nacional.

Bullrich, quien mantiene una relación personal con el jefe de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, cuando aún estaba al frente de la cartera de Seguridad, benefició a los jefes de esa fuerza con aumento en sus remuneraciones. La acción de la actual senadora libertaria generó el malestar de los rangos bajos y en las demás fuerzas, y los coletazos deben ser absorbidos por su sucesora Alejandra Monteoliva.

Al igual que los miembros de las Fuerzas Armadas, las cinco fuerzas que se movilizan el jueves, se encuentran con la obra social cortada, por el vaciamiento que llevó adelante el ex ministro de Defensa Luis Petri sobre IOSFA, y se encuentran a la espera de que la nueva obra social creada por el gobierno para las fuerzas federales, OSFFESEG, comience a funcionar.

En la última semana, por un informe televisivo, se conoció que los efectivos de la Policía Federal “estarían cobrando parte de su sueldo en alimentos (...) este mecanismo de ayuda para la fuerza federal se haría a través de una asociación civil que recibe subsidios de Naciones Unidas. Asimismo, también trascendió que los efectivos de Madariaga iban a tener un ‘merendero’ destinado a paliar una de las comidas del día” (Página 12, 27/3).

Desde el gobierno negaron esta situación, pero rápidamente quedaron pedaleando en el aire cuando salió a la luz “el formulario que tienen que firmar los efectivos a la asociación civil Plan Nacional Argentina contra el Hambre, en el que se detalla que por nueve mil pesos de su sueldo recibirán una caja que contiene tres unidades de cada uno de estos alimento: fideos guiseros, arroz, harina, aceite, azúcar, puré de tomates, leche en polvo y avena” (ídem). Diversas fuentes de la Policía Federal confirmaron este dato.

Las remuneraciones de las fuerzas de seguridad federales se han derrumbado durante la gestión liberticida, que ha tomado al salario como principal ancla para mitigar el proceso inflacionario, que al día de hoy no ha podido frenar. De esta forma a marzo de este año un Agente federal percibe $878.108, un Cabo $965.919, un Cabo 1° $1.062.511 y un Sargento $1.168.762, todos por debajo de la línea de pobreza, que se sitúa por encima de los $ 1.397.000.

A toda esta situación se suma el cuestionamiento que recae sobre la ministra Monteoliva, considerada como una “académica” por parte de un sector del gobierno, sin capacidad de mando sobre las fuerzas. Un experto en seguridad le señaló a LPO que: "Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está" (LPO, 28/3). Pero lo que más inquieta a la mesa chica del gobierno son los antecedentes de Monteoliva . En 2013 cuando era ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, tuvo que lidiar con un acuartelamiento policial, que la terminó sacando del cargo.

En el gobierno de la “interna permanente”, no podía faltar una lucha faccional, ya que Monteoliva, cuando asumió el cargo se fue alejando de Bullrich, para acercarse al “karinismo”. La lucha faccional llevó a Bullrich a criticar la represión que se llevó adelante en una marcha contra la Ley de Glaciares, donde terminó herido y detenido un camarógrafo de A24, cuando se aplicaba el “protocolo antipiquetes” que ella puso en pie, con el objetivo de regimentar las movilizaciones.

Al igual que con la asonada policial en Santa Fe en febrero de este año, la pandilla libertaria, teme que, si “cede” ante el personal de las fuerzas de seguridad, las luchas reivindicativas de los trabajadores se multipliquen.

En ésta feroz lucha de clases desencadenada por el capital y su gobierno fascistoide, tenemos la obligación de explotar las quiebras y fracturas de un sistema condenado, para lanzar una lucha de conjunto, que tenga a los trabajadores como dirección.