Ley Bases: inicia el juicio contra 9 de los manifestantes detenidos en 2024

El Tribunal Oral Federal 3 dio comienzo efectivo, este 21 de abril, a la instancia de juicio oral contra 9 de los 33 manifestantes detenidos en ocasión de la movilización contra la Ley Bases, el 12 de junio de 2024. El juicio considera una enorme cantidad de presuntos delitos haciendo caso omiso de las condiciones de detención que soportaron los imputados en la causa. Los casos más destacados, por su inhumanidad y la sistemática violación a sus derechos más elementales, son los de Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), y Roberto María de la Cruz Gómez. Ambos permanecieron encerrados en pabellones de máxima seguridad durante 78 y 84 días, respectivamente, lo que constituye una condena anticipada prácticamente. Junto a ellos serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente.

Todo el proceso judicial se ha visto afectado desde el día mismo de la represión policial. Los detenidos fueron aprehendidos, en su enorme mayoría, cuando la movilización ya había concluido. Las acusaciones contra los manifestantes, ninguno en flagrancia, se aplicaron arbitrariamente una gama muy amplia de tipos de delito. Esto fue convalidado por el fiscal Carlos Stornelli contra los 33 detenidos esa misma jornada, que a los pocos días fueron liberados en su enorme mayoría alegando falta de mérito por la jueza Servini de Cubría, al no recibir por parte de la fiscalía y la policía, ninguna prueba, ni siquiera una descripción consistente de las supuestas conductas delictuales que llevaron a sus detenciones.

La motivación política de toda esta operación tiene su correlato en el hecho que, el mismo día de los hechos, la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargó de hacer circular en todos los medios de comunicación la acusación de “terrorismo” contra los manifestantes, incluso aduciendo un intento de golpe de Estado. Este libreto fue aplicado con anterioridad por Bullrich y otros socios, como en las manifestaciones contra la reforma jubilatoria impulsada y aprobada por el macrismo-pejotismo en diciembre de 2017. En aquella oportunidad, la “republicana” Elisa Carrió impugnó toda manifestación política señalando que “el pueblo no gobierna ni delibera sino mediante sus representantes”, y calificó a 300.000 trabajadores reunidos en la plaza de sediciosos.

Los jueces han borrado toda referencia a la acusación de terrorismo y han dejado planteadas los delitos iniciales aplicados por Stornelli -intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). En el caso particular de Calarco, la imputación se amplía a los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años).

Llamativamente, por el vehículo incendiado, perteneciente a la Cadena 3, no existe referencia alguna en la causa, aunque fue utilizado en todos los medios del país como una demostración de la acción “terrorista” de los manifestantes.

Las denuncias de los detenidos sobre sus condiciones de detención fueron ignoradas por todos los fiscales o jueces. Las mismas incluyeron interrogatorios de manera repetida y sistemática, amenazas a su integridad física y la propia retención en celdas de máxima seguridad.

El juicio no se produce de manera aislada. En marzo, otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. La jueza encargada del juicio, María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó en su sentencia utilizando solamente las presentaciones realizadas por los agentes de Bullrich.

En contraste, la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 -durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso- empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. La misma suerte corre la causa contra el agente que disparó a la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo.

El carácter declarado de estos procesos judiciales es atacar la movilización popular. La criminalización de la protesta, algo que históricamente las clases explotadoras han hecho sobre las explotadas, busca articular el “Estado policial” que impulsa el gobierno de Milei y que se empalma con la tendencia a medidas de excepción, como el desconocimiento de la Ley de Discapacidad o de Financiamiento Universitario.

En un cuadro donde el gobierno apoya su supervivencia en el alineamiento completo con la guerra imperialista y el genocidio contra los pueblos de Medio Oriente que encabezan Trump-Netanyahu, manifiesta sus tendencias más represivas.

Rechazamos las imputaciones contra los 9 compañeros. Reclamamos su inmediata absolución y el juzgamiento de los responsables políticos y materiales de la salvaje represión contra los trabajadores y luchadores.

Por la defensa del derecho incondicional de los explotados a movilizarse, protestar y organizarse. Abajo el Estado policial.