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Las movilizaciones a las sedes de la ANSES en la provincia de Buenos Aires, organizadas por los gremios bonaerenses, están dirigidas a apoyar el reclamo y las instancias judiciales que forman parte de la agenda electoral del gobernador Kicillof con miras al 2027.
En la actualidad, el Gobierno Nacional de Milei adeuda una transferencia de 2,2 billones de pesos al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja de los estatales de la provincia. La intención declarada de estas movilizaciones es "alertar" a los trabajadores bajo el argumento de que, tras este vaciamiento, vendrán las propuestas de reformas previsionales.
Tan pronto como el Ejecutivo nacional logre sortear la crisis política provocada por las denuncias de enriquecimiento del actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pretenderá avanzar con el histórico programa del FMI. Este organismo, desde el gobierno de Macri, impulsa un plan para desmantelar el sistema previsional, convertirlo en una pensión universal de pobreza y extender la edad jubilatoria hasta los 70 años.
Este plan debe ser denunciado sin miramientos, revelando estrategias que permitan desarrollar una organización sólida de trabajadores activos y pasivos. Sin embargo, las conducciones de ATE, SUTEBA, FEB y la Multicolor, al alinearse con el gobernador, repiten la estrategia de un sector de la CGT: recurrir exclusivamente a la justicia para que obligue al depósito de los fondos.
Lo que omiten decir es que el IPS debe su crisis a múltiples razones. Más allá del mentado aumento en la expectativa de vida, lo fundamental es la caída en la relación de activos por cada pasivo, producto de la precarización laboral entre los estatales. Miles de trabajadores realizan sus tareas en la informalidad bajo contratos de locación de obra, monotributos o becas hospitalarias, aplicando una reforma laboral de hecho.
Asimismo, se oculta una razón histórica fundamental: durante años de gobiernos kirchneristas y peronistas, se utilizaron los fondos del IPS mediante el uso del superávit para financiar gastos corrientes de la provincia y subsidios industriales. Quienes aportamos debemos velar por nuestro dinero, que siempre fue propiedad de los trabajadores. Movilizarnos contra cualquier intento de reforma implica organizarnos de manera independiente de quienes quebraron la caja. Incluso referentes cercanos al espacio provincial, como el ex viceministro Álvarez Agis, militan hoy en los medios la necesidad de una reforma y la extensión de la edad jubilatoria.
Se prepara un golpe mortal al sistema jubilatorio para financiar el pago de la deuda. Estos recursos son parte del plan de ajuste de Nación y las provincias, quienes transfieren los fondos al capital financiero, alineándose con los objetivos del imperialismo por el control de los recursos y el financiamiento de sus conflictos bélicos.
