Los liberticidas vuelven a la carga contra las personas con discapacidad con el proyecto de ley “Contra el fraude por pensiones por invalidez”

El miércoles 22 de abril el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las personas con discapacidad (PcD), prestadores y colectivos de discapacidad, junto con PcD y familiares, realizaron un cese de actividades y concentración frente al Ministerio de Salud y planifican nuevas acciones.

El día de ayer, miércoles 22, el colectivo de discapacidad se concentró frente a las puertas del Ministerio de Salud de Nación mientras que el conjunto de prestadores del área realizó un cese de actividades en reclamo del cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y en rechazo al pretendido nuevo proyecto de ley "Contra el fraude de pensiones por invalidez", presentado por el gobierno liberticida a comienzos de esta semana. La acción se replicó en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Rosario, La Pampa, Salta, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Provincia de Buenos Aires y diversos puntos del país.

Un nuevo ataque

El proyecto presentado por el empresario de la medicina privada, el actual Ministro de Salud Mario Lugones, es un ataque en regla contra las personas con discapacidad, como contra quienes trabajan en el sector y beneficia a las prepagas y patronales privadas de la salud. A partir de una mirada estigmatizante y fascista, se propone realizar un profundo recorte sin tan siquiera indagar las condiciones que llevan a las PcD a solicitar el acceso al derecho de cobrar un mísero monto económico mínimo para poder subsistir. La acusación de fraude es una burla viniendo de funcionarios plagados de causas de corrupción y no justifica bajo ningún aspecto someter nuevamente a estas a controles y censos realizados mil veces desde épocas del macrismo.

El texto presentado establece la realización de auditorías periódicas con el objeto de “verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el goce de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral”, que se realizarán mediante el cruce de información con bases de datos de diversos organismos nacionales. Sostiene que: “cuando de dichos cruces de información surja el incumplimiento de alguno de los requisitos objetivos vigentes de la prestación, la SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD podrá disponer su suspensión preventiva”. Para levantar dicha suspensión las personas afectadas deberán someterse a nuevas auditorías médicas hasta obtener una respuesta definitiva. También agrega la obligación de realizar el re-empadronamiento de beneficiarios “con el objeto de actualizar la información personal, socioeconómica y médica de cada titular” con un plazo de tiempo que, de incumplirse, implica la suspensión del cobro de la pensión. Por otro lado, el proyecto destruye el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, estableciendo que “El Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores garantizando en todos los casos el cumplimiento de los estándares de calidad prestacional”. En la actualidad, el nomenclador nacional establece las prestaciones y valores de cada una de estas, las que deben ser cubiertas por el sistema de salud, tanto por obras sociales y empresas de medicina privada, siendo el único sector que no adhirió el COSSPRA (Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina). Su desregulación habilitará a que las obras sociales y prepagas decidan o no cubrir los tratamientos indicados, y el valor de los aranceles por modalidad de prestación. El Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, donde se discuten los valores del nomenclador nacional, está integrado por las cámaras empresariales del área, que nuclea los diversos centros categorizados de rehabilitación, diferentes organismos del Estado, el Consejo Federal de Discapacidad, y está ausente la participación de PcD y de profesionales prestadores. Y, si bien este nomenclador nacional tiene un carácter orientativo para el pago de las prestaciones y no resolutivo, funciona como referencia.

Con el “nuevo proyecto” el valor de las mismas quedarían a merced de lo que cada obra social y prepaga decidan pagar, generando una desigualdad en la calidad de atención y acceso, lo cual favorece, a las obras sociales y, sobre todo a prepagas dejando a las claras de qué lado se encuentra el Ministro de Salud Mario Lugones.

El colectivo de discapacidad responde con la lucha

Desde la concentración ubicada en la Avenida 9 de Julio, diversas organizaciones y manifestantes expresaron la grave situación que atraviesa el sector y denunciaron el abandono de las PcD por parte de este gobierno liberticida y sus secuaces. Reclamaron por el retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles, exigieron su actualización inmediata en un 40% y la garantía de un esquema de pago mensual regular. Además, denunciaron graves deficiencias en la entrega de medicamentos y pañales a beneficiarios de Incluir Salud. Desde el sector están evaluando continuar con las medidas con una posible convocatoria al congreso.

Acusar a las PcD de fraude, un gobierno que a poco de iniciar su gestión se ha visto envuelto en casos de corrupción, coimas, prebendas, narcotráfico, muestra su esencia de una lumpen burguesía.

El ataque del gobierno liberticida a las PcD es la clara expresión de los intereses capitalistas que representan. Apoyemos las acciones impulsadas por las personas con discapacidad, familias, prestadores y profesionales que trabajan en el sector

Fuentes:

Proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez