Escribe Carlos Suárez
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La asamblea de la Multisectorial de la semana pasada resolvió convocar a una conferencia de prensa que se realizó el martes 21 en la puerta del INTI. La actividad no solo fue masiva (con alrededor de 400 trabajadores) sino que se transformó en una verdadera demostración de fuerza, organización y conciencia por parte de los trabajadores del organismo, que han comenzado a ponerse de pie frente al intento de desguace.
Esta importante instancia de deliberación y visibilización contrastó fuertemente con la maniobra de la burocracia de la Verde de ATE, que montó una actividad paralela en el mismo lugar y horario, reuniendo apenas a medio centenar de personas.
Mientras la Multisectorial expresaba el camino de la autoconvocatoria y la unidad desde abajo, la Verde apeló a provocaciones y planteos macartistas, que fueron repudiados por la mayoría de los compañeros.
En la conferencia impulsada por la Multisectorial se hicieron presentes delegaciones de distintos organismos del Estado (INTA, SMN, CONICET, Garrahan, Atucha, CNEA) que acercaron su solidaridad, reforzando el carácter estratégico de la defensa del INTI. Pero lo más importante fue la intervención de los propios trabajadores, quienes expusieron con claridad el impacto devastador de los despidos y el vaciamiento del instituto.
El gobierno de Javier Milei, junto al ministro “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado están llevando adelante un plan sistemático para desmantelar el organismo y transferir sus funciones al sector privado. Bajo la excusa de una supuesta “racionalización del Estado”, se ejecuta un negociado que beneficia a empresas amigas como Lenor.
La Resolución 42, que elimina más de 1.000 servicios industriales, constituye un golpe directo al corazón del INTI: pone en riesgo más de 700 puestos de trabajo y desarma áreas clave como metrología, certificación y ensayos. Lejos de tratarse de un “ahorro”, esta medida forma parte de un esquema deliberado para vaciar el organismo y justificar su privatización. El objetivo del gobierno es claro: transferir funciones públicas estratégicas al sector privado. A través de la certificación del OAA, tareas históricas del INTI (como la verificación de surtidores) pasan a manos de la empresa Lenor, propiedad de Julio Medes, un amigo de "Toto" Caputo, habilitando un negocio millonario.
Este proceso tiene consecuencias inmediatas sobre los trabajadores. Áreas enteras quedan sin tareas, preparando el terreno para el pase a disponibilidad y despidos masivos. Se trata de un ataque directo no solo a las condiciones laborales, sino a la propia existencia del organismo.
Frente a la inminencia de 700 despidos, será necesario impulsar un plan de lucha progresivo, la coordinación con todos los organismos en lucha (INTI, CNEA, SMN, CONICET, etc.) y el paro hasta la reincorporación de cada despedido que llegue a producirse.
¡No a la privatización!
La autoconvocatoria ha demostrado que hay fuerza, conciencia y disposición para enfrentar este ataque. Es ese camino (el de la organización independiente de los trabajadores) el que puede derrotar tanto el desguace como el negociado que el gobierno pretende imponer.
¡Ni un despido!
