Deuda Externa: Argentina es Vicentin

Escribe Marcelo Ramal

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Al vencimiento de los “acuerdos de confidencialidad” entre el gobierno y los acreedores, se han filtrado las alternativas, de una y otra parte, de la negociación en curso. La nueva oferta argentina eliminaría el escaso descuento o quita sobre el capital de la deuda que Guzmán pretendió conseguir; duplica los intereses ofrecidos inicialmente, y también reduce el plazo de gracia, para reanudar los pagos en 2022 y no en 2024, e incluso adelantaría un pago extraordinario por los intereses que vencen en lo que resta del año. Para redondear la jugosa factura, ofrece un bono que se pagaría de acuerdo a la evolución de las exportaciones agrarias. Con estos procedimientos, en lugar de una reducción de la deuda tendríamos un aumento, porque los intereses que se postergan se capitalizan, o sea que pasan a rendir interés, y porque se suma una deuda nueva, atada al comercio exterior. La novedad de estas horas, sin embargo, es que los bonistas no se declaran conformes con esta contraoferta. Aunque se dan cuenta que Argentina les pasa a deber más que antes y a pagar una masa mayor de intereses, tienen puesta su mirada en el llamado “valor presente”, que se refiere a cuánto va a cotizar la deuda en el mercado al día siguiente del acuerdo. Para subir ese valor, que les permitiría ganar dinero vendiendo los títulos en forma más o menos inmediata, reclaman también el pago de los intereses de todo el año, aun cuando durante las negociaciones se pagaron 4000 millones de dólares que debían haber quedado suspendidos.

Una fracción de los bonistas, además, que tienen vencimientos de deuda más próximos, reclaman una reducción todavía mayor del período de gracia. Algunos periodistas especializados sugieren que al menos dos de los tres comités de bonistas se han coaligado en sus reclamos, lo cual compromete poder alcanzar el número de adhesiones para finalizar el acuerdo. Mientras tanto, el gobierno se apresta a pagar este viernes la friolera de 130 mil millones de pesos del BoPoMo (Bono de Política Monetaria), a la espera del inicio de la renegociación de deuda contratada en el mercado local. El BoMopo tiene como principal acreedor al fondo internacional Pimco.

Atado a las exportaciones

Todo este juego de concesiones diarias a los acreedores ha creado una crisis en el gobierno. La posibilidad, ahora, de un ´bono atado a las exportaciones´ levantó en pie de guerra a las patronales agrarias. Presumen que el pago de este bono se hará con las divisas que generen las retenciones a la exportación, haciendo efectiva la consigna de Verbitsky y de la ‘academia de izquierda’, de que la burguesía local pague la deuda internacional. Es lo que ocurrió bajo el gobierno de NK y CFK, aunque no hubiera un bono/exportación. En verdad, estaríamos ante una transferencia automática de esas retenciones a los bonistas. Es lo que ocurre con la provincia de Chubut, donde el pago del bono externo “atado a las regalías”, tiene lugar en forma automática, a través de una transferencia entre cuentas bancarias. A los trabajadores debería preocuparles todavía más, por la posibilidad de que el capital agro-exportador sea compensado mediante devaluaciones regulares del peso.

La estafa que se apresta a convalidar el dúo Fernández-Guzmán supera las advertencias que hizo el FMI, cuando dijo que la deuda argentina es insustentable. Todo el mundo admite que el nivel de deuda que se está pactando es insostenible, no ya para los trabajadores, sino -de acuerdo a las proyecciones macro-económicas- para Argentina. La cuenta se complica, finalmente, con el mismísimo FMI, del cual el gobierno debería obtener el apoyo financiero para hacer frente a lo que estaría por firmar. Es lo que viene enseguida, cuando comience la negociación por la deuda de 44 mil millones de dólares con el organismo que dejó Macri. La contrapartida será exigir un ajuste aún más brutal que el que está en marcha.

En la fila de los acreedores se ponen ahora el Banco Mundial y otros, cuando haya que arreglar con ellos la deuda que Vicentin le deja al estado nacional, por vía de una expropiación – unos $33 mil millones de pesos, o 470 millones de dólares, más o menos. O el nuevo juicio que enfrenta YPF en los tribunales de Nueva York, por 3 mil millones de dólares, y que puede llegar a 12 mil millones. Decir que para hacer frente a toda esta monumental factura el gobierno tiene cerrados los mercados financieros internacionales, es un eufemismo. En el paquete, es necesario incorporar la deuda externa privada, que sabemos que los capitalistas no pueden o quieren pagar, sino refinanciar, o sea, patearla hacia adelante.

En Argentina el capital enfrenta una bancarrota insuperable, más aguda que la que afecta al conjunto de la economía mundial.

Llamamos a denunciar esta negociación, peor que la que hizo Macri con los fondos buitres en 2016, y a reclamar la ruptura. El ministro Guzmán se tiene que ir. Es necesaria una campaña y una movilización política. La deuda externa es una estafa.

No al pago de la deuda pública financiera, local e internacional.

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